Lo que no es de recibo es que el ministro se envuelva en la bandera del mercado y se presente como defensor del ciudadano.
El ministro de energía, Álvaro Nadal, ha sido noticia por su duro discurso contra las eléctricas en el VI Simposium Empresarial Internacional Funseam, en Barcelona. Sus palabras, que acusaban a los empresarios de las eléctricas de ir a rascar hasta el último euro y generar inseguridad jurídica, fueron pronunciadas delante de ellos. Eso sí, no hubo réplica, ni conversaciones privadas, ni diálogo. Solamente un monólogo en el que Nadal parecía situarse al lado del sufrido consumidor y frente al malvado empresario monopolista.
Muy enternecedor si no fuera por los “antecedentes” del ministro. Para empezar, es el mismo Álvaro Nadal que el pasado diciembre, y tras casi un año de tira y afloja, fue responsable de que la Comisión Europea abriera un expediente a España por haber “hurtado competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia de fijación de tarifa”. Resulta paradójico que la misma persona que señala que los monopolistas no deben fijar ellos solos el precio de la luz, se empeñe en pasar por encima de un órgano supuestamente independiente, encargado de vigilar la competencia en los mercados, y mucho más cuando se trata de un mercado tan importante como el de la energía eléctrica. Pero aún más sorprendente es que la solución para vadear ese pequeño problema fuera la propuesta de una reforma de dicha institución, mediante una disposición adicional en la que se afirma que “la CNMC deberá tener en cuenta las orientaciones generales de política energética y del resto de ámbitos de actuación exclusivos del gobierno”.
La propia Comisión Europea expresaba sus dudas respecto a qué se refería el ministerio exactamente con orientaciones generales. El deterioro institucional comienza por la injerencia y la presión del gobierno para evitar que los organismos nacidos con vocación de ser independientes, realmente lo sean. Como es este caso. Que Nadal quiera hacer un guiño a los 28.000 millones de usuarios no implica que su intento sea creíble o que tenga sustento real. El objetivo del regulador obsesivo es el control y el poder, los consumidores somos la excusa. La obstinación del ministro está más clara si consideramos todos los encontronazos habidos en el último año entre el ministro y la CNMC, que ha dado la razón a las empresas eléctricas en varias de las disputas con el ministerio.
Uno de los temas más recientes se refiere al intento por el ministerio de impedir que Iberdrola y Endesa cierren sus centrales de carbón, arguyendo razones económicas. Sin apoyos, el decretazo que Nadal había preparado a tal efecto se chocó, el pasado enero, contra el muro del informe de la CNMC, que se oponía a la intromisión ministerial, afirmando que «crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico» De acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico vigente desde 2013,el cierre de centrales está regulado para evitar que el suministro eléctrico sea insuficiente, pero el ministro quería añadir nuevas razones para la regulación. Es cuanto menos curioso que ahora sea él el que acuse a las eléctricas de crear inseguridad jurídica por ejercer su derecho a recurrir sus normas.
Los motivos del speech del pasado lunes se centran en la necesidad de abaratar el precio de la energía eléctrica a los ciudadanos. ¿Quién puede negarse a esa reclamación? Ahora bien, estar de acuerdo en que la electricidad es muy cara y en que sería conveniente permitir que su precio bajara no implica firmar las palabras de Álvaro Nadal.
Es sabido el galimatías que supone la factura de la luz y lo fácil que resulta escudarse detrás de una de las partidas para no verse obligado a rebajar las demás. El peaje por transporte y distribución representa un gran porcentaje del precio, pero no es el total de la parte del precio regulado. El precio de la generación de electricidad representa un 35% aproximadamente de la factura y está determinado por la oferta y la demanda. El resto del precio está regulado: el transporte y la distribución suponen un 15%, y el otro 50% restante del precio se reparte entre impuestos (un 20%) y subvenciones, especialmente a las renovables que se llevan un 18% de la factura. ¿Puede rebajarse el precio que pagan los contribuyentes sin tocar el peaje de transporte y distribución? Sí, claro. Pero para ello habría que eliminar o las subvenciones o los impuestos. También podría plantearse por qué algunas centrales españolas son tan caras, o si la situación presente es fruto, al menos en parte, de que se trata de un servicio monopolizado por el Estado durante la dictadura, y que su llamada privatización no ha sido exactamente ejemplar. No hay que olvidar los cargos por manipulación de precios, las opas hostiles vetadas por la Comisión Nacional de la Energía, y otras muestras de las ganas de competir de este oligopolio de tres.
Por otro lado, ¿es lógico que las empresas eléctricas se resistan a Nadal y que no quieran perder ingresos? Pues sí. Y, desde luego, al ser un mercado con tan pocos oferentes, el poder de la oferta para fijar el precio es mayor que si habláramos de productores de caramelos.
Lo que no es de recibo es que el ministro se envuelva en la bandera del mercado y se presente como defensor del ciudadano cuando lo que reclama desde hace un año es el control absoluto. Incluso si eso implica plantear una lucha de poder con el organismo independiente que supuestamente vela por la competencia y el mercado. Da la impresión de que sería feliz nacionalizando la provisión de energía. Nadie como él para asegurar la felicidad de los españoles. Y mientras tanto, seguimos pagando uno de los precios de la electricidad más caros, con las consecuencias económicas de ello. En bucle.
