A esta combinación de mentiras se suma la cobardía de no decir con claridad qué es lo que proponen.
El sistema constitucional español muestra signos de agotamiento y de renovación. El agotamiento viene de que la crisis lo ha dejado sus vergüenzas al desnudo; su autoridad se ha desplomado y con ella la intención de voto de los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y PSOE. Lo cual lleva a su renovación por la emergencia de otros dos partidos que amenazan con ocupar su lugar, Ciudadanos y Podemos. Me pregunto si tendrá algún significado el hecho de que los dos nuevos estén a la izquierda de sus rivales, o es sólo que hay un corrimiento a la izquierda de las generaciones más jóvenes.
El caso es que el sistema está en entredicho; muchas son las muestras de la combinación entre hastío y desconfianza que genera nuestra Constitución, que el 26 de diciembre cumplirá sólo 40 años. Entre ellas está el hecho de que Podemos, cuya vocación es volcar el sistema y erigir otro muy distinto sobre sus cascotes, tenga más de diez mil votos. O que, como un rumor, haya varias pequeñas iniciativas que llaman a la reforma desde hace años.
Acaba de producirse una nueva iniciativa, especialmente pequeña, pero no sin importancia. Varias decenas de profesores, muchos de ciencia política, alguno de historia, filosofía, derecho constitucional o ética, han parido un texto lamentable. Ilustra esa tendencia según la cual cuanto mayor es el número de firmantes, menor es la inteligencia del mensaje. Valgan como ejemplo aquéllas manifestaciones con carteles de “la mili no mola”. O las que se producían en el convulso verano de hace 101 años en San Petersburgo con el lema “Gobierno provisional para siempre”.
No es una ley inexorable, pero que en este caso parece atenazar a Fernando Vallespín, José Luis Villacañas, Victoria Camps, Julián Casanova, Ignacio Sánchez Cuenca y demás firmantes. O quizá tengamos que reconocer que no son víctimas de la segunda ley de la termodinámica aplicada a la inteligencia, sino que los autores han dado lo mejor de sí.
El manifiesto de los persas, como debemos referirnos al texto en cuestión, llama a “Renovar el pacto constitucional”. Asume las mentiras más logradas de los secesionismos en España (el catalán, el vasco y demás). Por ejemplo, que Cataluña, País Vasco y demás son verdaderas naciones. Que España es, en realidad, lo que reste de esas naciones; es un concepto negativo, vacío en el fondo, y que sólo se sostiene sobre un “Estado”, una institución que igual que se ha creado, se puede destruir. Que todas las reivindicaciones de los nacionalistas, y sólo ellas, son legítimas. Cualquier oposición a las mismas es unilateral.
También asume que la ley no puede ser oposición a un acuerdo político, lo cual lleva a plantearse qué tipo de Constitución proponen, si creen que el acuerdo de un parlamento regional ha de ser eficaz incluso a las provisiones de la ley fundamental. Los persas, de hecho, afirman que la crisis actual proviene de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fuera del orden jurídico algunas disposiciones del Estatuto de Autonomía aprobado en el Parlamento de Cataluña. Asimismo dicen que el actual sistema político no respeta la diversidad cultural ni la libertad de los ciudadanos. Lo que tenemos no es una democracia, sino una “democracia española”, es decir, incivilizada, intolerante, y transida por todos los males que la leyenda negra achaca al país.
A esta combinación de mentiras se suma la cobardía de no decir con claridad qué es lo que proponen. Pero sus ideas son claras. La libertad de la que hablan no es personal, sino la capacidad de los pueblos de cambiar las instituciones. Por eso la identifican con la diversidad, porque la libertad que reconocen es la de cada una de esas regiones de imponer sobre el resto los cambios que quieran. Lo que defienden es, al final, el reparto del poder entre unas élites extractivas regionales, con una región, la de Madrid, cuya función es pagar y callar… y liderar los restos de la extinta España, convertida ahora en un régimen medieval con conexión a internet.
Siento haber traído al lector a esta ciénaga, pero tiene su importancia. Porque su función era la de servir de punto de partida para hacer una voladura controlada del sistema constitucional español. La oportunidad es única: Pedro Sánchez al frente de un gobierno que tiene el apoyo de 85 diputados, y cuya continuidad depende del apoyo de Podemos, PNV, ERC y PDeCat. Las televisiones pondrían las cámaras para captar el espectáculo de la gran deflagración, y contarían con el apoyo del diario El País, que acaba de alinearse con la nueva situación, y que saludaba muy ufano la publicación del tal manifiesto.
Todavía puede ocurrir, pero por lo menos se ha visto respondido por una réplica cuya suavidad en las formas multiplica la contundencia en los argumentos. Los titulares de los derechos no son los territorios, sino los ciudadanos. Los persas identifican a las élites de cada región con los actores políticos, y por eso no consideran los derechos de aquéllos ciudadanos que no se suman al proyecto excluyente de los nacionalistas. Una exclusión que los persas asumen con desahogo, ya que no tienen en ninguna consideración la libertad de los no nacionalistas.
Este es otro intento por cambiar el sistema político español sin contar con quienes deben ser los únicos protagonistas: los ciudadanos españoles.
