La remuneración no es inferior a la que recibirían en otros trabajos de similares características no gestionados por plataformas digitales.
Acaban de salir las cifras de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Las cifras, al parecer, no son para descorchar botellas. Se confirma lo sabido: se acercan tiempos difíciles, también para el empleo. Aunque las ministras Valerio y Calviño le han quitado hierro al asunto y se han centrado en lo rescatable de los datos, el diagnóstico generalizado es claro: la generación de empleo también se ha ralentizado. Un problema que es doblemente grave por la pauta de comportamiento general del mercado de trabajo español. Los “vicios creados”, como la rigidez, por ejemplo, la dependencia de la actividad turística, etcétera, no ayudan. Y, además, nuestra cifra de desempleo no es baja. Por eso, las palabras de calma de las dos responsables ministeriales, si bien son prudentes, se tornarían sumamente irresponsables si no fueran acompañadas de medidas que contrapesen el panorama inquietante en el que parece que nos vamos a encontrar en el año 2020.
En estas circunstancias, leo con preocupación las conclusiones de la primera reunión plenaria de la Cumbre Europea de Administraciones Tributarias, conocida como grupo Tadeus, que se celebró los días 17 y 18 de septiembre en Helsinki (Finlandia). El foco está encima de las plataformas digitales a través de las cuales los individuos pueden obtener beneficios. El objetivo es “reforzar la cooperación de las administraciones y establecer una coordinación estratégica de acciones en el largo plazo», unificar la legislación, coordinar las acciones estatales. Es decir, pasar la apisonadora legislativa comunitaria con independencia de las necesidades particulares de las economías particulares de cada uno de los 27. A partir de ahí, el igualitarismo europeísta parece dispuesto también a escudriñar en el nuevo modelo laboral que plantea la conocida como “economía de las plataformas”. El problema es que los “usuarios”, por ejemplo, de Uber, se suman a la plataforma, no son contratados.
Dicha plataforma asegura determinadas condiciones para los usuarios del servicio de transporte, en este caso, pero no es patronal. Un modelo novedoso, en línea con el nuevo tipo de mercado de trabajo que ya está aquí y al que hay que amoldarse o morir absorbido por él. Hay que pasar el duelo por ese puesto de trabajo de 30 años en la misma empresa que ya no va a existir más, exactamente de la misma manera que los empresarios que tenían coches tirados de caballos tuvieron que pasar página y renovarse cuando apareció el automóvil. No parece que sea esa la actitud europea, que está más en un “Todos al abismo”.
En Italia, por no ir más lejos, ya han empezado a regular las condiciones laborales de los “riders”, es decir, las plataformas especializadas en la entrega de comida. Precisamente ayer se publicaba el informe, ‘Tanto tuonò che piovve. Perché la regolamentazione dei rider è una bomba d’acqua su innovazione e lavoro’ (en italiano), a cargo de Carlo Stagnaro y Veronica Cancelliere, al amparo del Istituto Bruno Leoni. En él se defiende, precisamente, la importancia que tiene este nuevo modelo de trabajo para el desarrollo económico del futuro más próximo, a la luz de las innovaciones, en su mayoría relacionadas con el universo digital, que no van a llegar, sino que están ya aquí. El decreto italiano pretende eliminar la característica esencial de este nuevo modelo: la flexibilidad. Por un lado, como era de esperar, propone un salario/hora mínimo. Por otro lado, equipara al trabajador independiente al dependiente, pervirtiendo la razón por la que aparecieron este tipo de soluciones logísticas en nuestro mercado. Es decir, si se puede instrumentar un intermediario que ponga en contacto restaurantes, «riders» y consumidores, todos los implicados saldrán ganando. Y así ha sido. ¿Cuál es el problema? El lucro siempre es sospechoso. Y las plataformas que han logrado aterrizar una buenísima idea están obteniendo beneficios. ¡No puede ser! ¡Hay que fiscalizar eso!
De acuerdo con la investigación realizada por Cancelliere y Stagnaro, la remuneración que reciben los trabajadores de estas plataformas no es inferior a la que recibirían en otros trabajos de similares características no gestionados por plataformas digitales, así que la acusación de precarización no cabe. La posibilidad de fraccionar el tiempo de trabajo permite que las tareas sean desempeñadas por estudiantes (que representan casi un 50%) o trabajadores sin cualificar. Normalmente es una solución para tiempos difíciles, mientras se encuentra algo mejor, formando parte de la conocida como ‘gig economy’. A más de uno le habrá salvado de alguna angustia en plena recesión. Especialmente en países como el nuestro donde nuestro talón de Aquiles es el paro, y en el que, además, la restauración es una de las principales actividades generadoras de empleo.
Por supuesto, como se afirma en el informe, la seguridad y las condiciones de los asociados (que no trabajadores) de la plataforma de entrega de comida a domicilio deben ser adecuadas, pero para eso están los contratos. “Cualquier intervención dirigida a mejorar las condiciones y, sobre todo, la seguridad de los ‘riders’ es bienvenida, pero debe respetar la naturaleza del sector y diseñarse de tal manera que los favorezca”, afirman Carlo Stagnaro y Veronica Camelliere, a la vez que señalan los peligros más importantes: “la protección excesiva o mal concebida, la poca comprensión acerca del modelo de negocio de la plataforma y la rigidez excesiva son factores que corren el riesgo de sacrificar una de las respuestas que la innovación digital ha ofrecido a las necesidades de las personas, creando empleos y ofreciendo nuevos mercados a restaurantes y otras empresas públicas”.
Esperemos que nuestro país y el resto de los países europeos imiten el ejemplo de Italia. Bravo por el trabajo de Carlo y Veronica.
