Ante el parón del sector de construcción, considerado "motor" por el arrastre que supone de otros sectores al inducir demanda en ellos, la economía española (¿o tal vez el Gobierno?) necesita otro sector que pueda arrastrar inversiones y genere actividad económica que de alguna forma sustituya a la perdida, como si este fuera todo el problema de la crisis en que estamos metidos. Y el señor Sebastián opina que este nuevo maná podría venir de las telecomunicaciones.
La idea no va desencaminada, puesto que en este sector se asiste a una renovación tecnológica continuada, que exige desembolsos constantes de los agentes para disponer de una red con la tecnología adecuada a las necesidades de los consumidores. Además, en el momento actual, muchos los operadores están planteándose el despliegue de fibra óptica para sustituir al tradicional par de cobre, lo que exigirá considerables inversiones en obra pública, aparte de equipos y nuevos terminales.
Sin embargo, al lado de esta voluntad de los operadores, existe la de infinitos reguladores dispuestos a sacar juguillo a estos activos para fines de todo tipo y calado.
Ahí tenemos a la Comisión Europea en primer lugar, apuntándose la Eurotarifa, consistente en la regulación más antigua del mundo: la fijación de precios máximos de venta. En este caso, de los precios de itinerancia para los operadores móviles: los de voz y, por qué no, también los de SMS y los de datos.
Pero es que además está tratando de rebajar brutalmente los precios de los servicios de terminación, lo que podría llevar a estos operadores a buscar alternativas de ingresos indeseadas para todo el mercado, como el ya suscitado pago por recibir llamadas, si quieren justificar su viabilidad ante sus accionistas.
No descansa aquí la Comisión Europea, que también propone en el nuevo marco regulatorio la separación funcional (esto es, la expropiación políticamente correcta) de la red de acceso de aquellos operadores a los que les vaya bien el despliegue de la misma. O sea, quitar el juguetito a los pretendidos motores de la economía, cuando estos consigan que funcione.
El Ministerio del propio señor Sebastián también pone su granito de arena, con la instauración de esa barra libre para determinados clientes que constituye el servicio universal, y que han de pagar entre todos los operadores del pretendido sector motor, cortesía del Gobierno para con los ciudadanos. Ciudadanos a los que, por cierto, nunca se les pregunta si a lo mejor preferirían el regalo en metálico en vez de en especie.
Y, no por último menos relevante, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que lleva con la yenka de la fibra óptica desde enero. Que si se va a imponer obligación a Telefónica, que sí la pongo, que no… y todos los agentes mirando a ver cómo termina el baile. Como si eso importara: a estas alturas parece difícil que alguien pueda tener un mínimo de certidumbre sobre la posición de la CMT en este aspecto. Además, dentro de unos meses cambiará parte del Consejo del regulador, por lo que podrían empezar de nuevo los pasitos p’alante y p’atrás.
Podríamos concluir que el potencial sector motor tendrá que liberarse de sus cadenas antes de poder arrastrar ninguna economía. Pero eso sería hablar solo de la punta del iceberg de la regulación en el sector, que es la que asoma en estas breves líneas. De hecho, lo de las cadenas es infravalorar la situación de los pretendidos agentes motores, que es más parecida a la de esos magos que están encadenados dentro de un cofre blindado sumergido en el mar.
