Sepa el lector interesado que hará tres años, la Comisión Europea empezó a revisar la legislación vigente para ver si tenía algún problemilla y se podía mejorar. Tras la revisión, formuló su propuesta de nuevas leyes (directivas, en el argot comunitario), y desde entonces las instituciones comunitarias, digo, el Europarlamento y el Consejo, han estado entretenidas quitando y poniendo cosas a las propuestas de los funcionarios.
Y por fin acaban de llegar los tres a un acuerdo.
El punto de discusión final era especialmente relevante, pues se trataba de ver si Europa iba a aceptar que una autoridad administrativa cualquiera pudiera ordenar el corte de nuestras conexiones a internet, o sólo lo podría hacer un juez. En aras del consenso, por supuesto, se ha acordado permitir lo primero. Lo divertido es que el pasado mayo, unos días antes de las elecciones para el Europarlamento, esta cámara escenificó sin complejos su defensa del ciudadano. Una vez pasadas las elecciones, ya no hay tanto problema. Así que se sacrifican un poco las libertades de los ciudadanos y todos tan contentos. Por cierto, como se observa, un punto especialmente adecuado para su aprobación en la normativa de telecomunicaciones.
¿Y qué ha surgido del parto de los montes, de los tres años de trabajo de las instituciones comunitarias, con 600 europarlamentarios y 27 Estados miembros trabajando a todo motor para dotar a la ciudadanía de un necesitadísimo marco nuevo?
Pues la constatación de todas las miserias que tienen los procesos legislativos de estas democracias en que nos ha tocado vivir. Modificaciones de última hora; negociaciones sobre aspectos de interés particular (frente a la generalidad de la ley que propugna Hayek); cada grupo de interés, incluidos los gobiernos de los Estados miembros, tirando para su lado sin ningún pudor, y como resultado unos textos contrahechos que tratan de dar cabida a todas las posibilidades que nuestros políticos quieren mantener abiertas. Otra vez lo contrario al rule of law de Hayek.
Eso sí, en lo que no hubo discusiones, en lo que estaban todos de acuerdo (con alguna honrosa excepción, como nuestro Ministerio de Industria), es en que se tiene que poder expropiar la red de acceso a los operadores de telecomunicaciones. Porque esa es la realidad bajo el eufemismo utilizado de separación funcional. Ya sabemos lo fácil que es acordar entre dos cómo repartir lo que pertenece a un tercero. Y esta es otra prueba.
Junto a la separación funcional, el otro fruto del costoso parto es el regulador europeo. Aquí sí que se han esmerado de verdad nuestros representantes. Ahí es nada: lo que empezó siendo EECMA, pasó luego a BERT; de aquí se transformó en GERT; y ha terminado en un contundente BEREC. Estupendo trabajo, sí señor. Todo para crear un nuevo nido de burócratas con la consabida finalidad de perpetuarse en sus funciones y acaparar competencias. Y digo yo que qué más daba el nombre.
