Bajo distintas siglas, los gobiernos socialistas, tanto central como autonómicos, tratan de resucitar el denominado PER, sólo que ahora se extenderá a actividades tales como la construcción, la limpieza de montes y obras sociales de diversa índole. El nuevo plan de Zapatero para estimular la economía inyectará cerca de 8.000 millones de euros en los ayuntamientos para ejecutar nuevos proyectos de obra pública.
Unos fondos muy similares al PER, tal y como reconoció sin ruborizarse lo más mínimo la consejera de Gobernación de Andalucía, Clara Aguilera. No obstante, la Junta que preside Manuel Chaves percibirá 1.400 millones de euros adicionales por este concepto.
Los subsidios agrícolas vigentes en el campo andaluz y extremeño nacieron con el pretexto de fomentar el empleo agrícola, generar puestos de trabajo y, en definitiva, crear riqueza para evitar el exilio de miles de trabajadores. ¿Resultado? Casi 25 años después, Andalucía y Extremadura siguen ostentando el vergonzoso honor de liderar las regiones más pobres de España y las tasas más elevadas de desempleo.
El PER tan sólo ha servido para comprar el voto socialista con el que se enriquecen cientos de cargos políticos de ambas regiones. De hecho, el citado plan se convirtió desde su nacimiento en un caldo de cultivo idóneo para fomentar la corrupción y mantener en la inactividad y en el mercado negro a miles de jornaleros que, gustosamente, se alimentan de la sopa boba que propicia el Estado.
Sin embargo, lejos de expiar sus culpas y reconocer sus errores, el Plan de Expolio Redistributivo –cuyos fondos proceden de los contribuyentes que trabajan en las regiones más prósperas– extiende sus redes. La Xunta de Galicia acaba de aprobar una medida muy similar. El Ejecutivo socialista de Emilio Pérez Touriño destinará 19 millones de euros a la contratación de 2.000 parados para el desempeño de tareas tan productivas como la limpieza y conservación de ríos, montes y carreteras.
Galicia, otro gran ejemplo de región próspera y desarrollada. Una comunidad que, año tras año, observa impávida cómo miles de jóvenes y brillantes universitarios emigran a otras regiones en búsqueda de un futuro más ambicioso y prometedor que el de limpiar las cunetas de zarzas y mierda de vaca. De ahí a emplearse en la vigilancia de los parques públicos para que nadie pise la hierba, tal y como sucede en la Cuba de los Castro, tan sólo hay un paso.
Aunque tampoco es de extrañar si se tiene en cuenta que la Administración autonómica es la mayor generadora de empleo de Galicia, ya que tiene a su cargo casi 88.000 trabajadores. Las trabas burocráticas para crear empresas y nuevas industrias restringen, en gran medida, el futuro laboral de los gallegos. Y es que, muchos de ellos tan sólo ven una salida: la preparación de oposiciones y, en última instancia, la emigración intrapeninsular.
Ahora el Gobierno central amenaza con ampliar este tipo de medidas, generadoras de pobreza y dependencia estatal a los ayuntamientos de toda España. De este modo, la Administración local podrá, al fin, saborear con mayor intensidad el poder que otorga el reparto artificial y arbitrario de empleo público entre sus ciudadanos.
España avanza hacia un PER nacional. El resultado será un fiasco y un ingente despilfarro de recursos, cuya factura será cobrada puntualmente a los contribuyentes. Si el expolio fiscal y la manutención gubernamental se instauran finalmente como medidas estrella para intentar frenar el paro, vayan preparando sus maletas. En pocos años veremos emigrar nuevamente a miles de trabajadores españoles. Sólo que esta vez los condenados al exilio se verán obligados a cruzar la frontera para encontrar un futuro mejor.
