Los políticos solo aspiran a perpetuarse en el poder a costa de todos los ciudadanos.
El Gobierno prestará 10.192 millones de euros a la Seguridad Social para afrontar el abono de las pagas extraordinarias a los pensionistas durante el presente ejercicio. ¿Por qué la Seguridad Social necesita de un crédito del Tesoro para afrontar los desembolsos de las pensiones? Pues porque gasta 20.000 millones de euros más de lo que ingresa.
¿Y por qué no se cubre ese déficit de 20.000 millones de euros echando mano del celebérrimo Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, según se nos prometió, era la garantía imperecedera de la sostenibilidad de nuestro sistema público? Pues por dos razones: la primera, que el Fondo está tiritandoy solo le quedan recursos por valor de 11.602 millones de euros; la segunda, que el Gobierno se resiste a levantar el acta de defunción del Fondo para no afrontar el coste político que supondrá haberlo liquidado.
Y es que, en efecto, quien ha liquidado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido el Partido Popular: no porque, según han difundido tramposamente algunos políticos opositores, se lo haya fundido en corruptelas o rescates bancarios varios. No, el Partido Popular ha liquidado el Fondo de Reserva porque se ha negado sistemáticamente a atajar el enorme déficit de la Seguridad Social: le ha sido mucho más cómodo y facilón echar mano, año tras año, de los recursos acumulados en el Fondo que adoptar medidas para extinguir la brecha entre ingresos y gastos.
Así las cosas, entre 2012 y 2016, el Gobierno del PP extrajo 67.337 millones de euros del Fondo (una media de casi 13.500 millones anuales). Teniendo en cuenta que el gasto total en pensiones contributivas acumulado durante esos cinco ejercicios ascendió a 557.000 millones de euros (una media de 111.500 millones de euros anuales), el PP debería haber recortado las pensiones contributivas una media del 12% para evitar extraer recursos del Fondo de Reserva. O dicho de otra forma: el PP se ha ahorrado el coste político de rebajar las pensiones (o de subir exageradamente las cotizaciones sociales) merced a la rapiña del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De este modo, los de Rajoy han esquivado que los pensionistas españoles —el principal granero de sufragios del PP— les retiraran su apoyo en las elecciones de 2015 y de 2016: estamos ante un caso flagrante de ahorro forzoso del conjunto de los trabajadores españoles administrado en el beneficio electoral del partido gobernante.
Por supuesto, los habrá que blinden al PP de cualquier responsabilidad aseverando que la finalidad del Fondo era justamente esa: cubrir los déficits de la Seguridad Social tan pronto como aparezcan. Pero una cosa es emplearlo en cubrir los déficits transitorios del sistema —evitar fluctuaciones en las pensiones y en las cotizaciones sociales por desequilibrios temporales que tienden a revertirse— y otra, muy distinta, destinarlo a esconder los déficits estructurales. Los agujeros que no se corrigen por sí solos —sino que requieren de una reforma de las bases del sistema, ya sea para menguar los pagos o para incrementar los cobros— no deberían esconderse a costa de dilapidar el capital acumulado para hacer frente a desajustes transitorios: los agujeros persistentes deben enmendarse con reformas persistentes en el sistema.
Ciertamente, no es que el PP no haya promovido absolutamente ninguna reforma persistente en el sistema, sobre todo con efectos en el muy largo plazo. Sin la reforma de Zapatero de 2011 (que alargaba la edad de jubilación y aumentaba el número de años necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora) y sin la reforma de Rajoy de 2013 (que desindexaba las pensiones e introducía el Factor de Sostenibilidad a partir de 2019), se estima que el gasto en pensiones en 2050 sería nueve puntos del PIB superior al que finalmente será merced a esas reformas. Sin embargo, fijémonos en que las diferencias de gasto en 2017 derivadas de la reforma de Rajoy apenas suponen unas décimas del PIB en forma de ahorro: esto es, los ‘recortes’ se han concentrado en el muy largo plazo —momento en el que Rajoy ya no gobernará— confiando en que el Fondo de Reserva le permita superar sin altibajos financieros sus años de gobierno.
Es decir, Rajoy no ha hecho nada lejanamente suficiente para evitar el agotamiento del Fondo de Reserva de las pensiones: al contrario, lo ha aprovechado para maximizar sus probabilidades de reelección evitando trasladar a los pensionistas actuales parte del ajuste estructural que necesita la Seguridad Social. Ahora, finiquitado el Fondo ya cuasi por completo, se resiste a cerrarlo formalmente y, para ello, echa mano del endeudamiento público en las muy beneficiosas condiciones que permite la política monetaria expansiva del BCE: es decir, una vez ha vaciado el Fondo, traslada el agujero de las pensiones a los hombros del conjunto de los contribuyentes.
Todo antes que asumir sus responsabilidades: gobernar, esto es, tomar las medidas necesarias —por impopulares que sean— para que el sistema se vuelva sostenible. Demasiado para quienes solo aspiran a perpetuarse en el poder a costa de todos los ciudadanos.
