Imagínese por un momento que usted es un arquitecto canario que se ha especializado en planeamiento y gestión urbana y ha creado varias empresas fuera de las Islas que se encargan de realizar planes urbanísticos con éxito, compitiendo en el libre mercado. Esto significa que usted entiende perfectamente que para poder satisfacer a la sociedad a través del mercado tendrá que ser capaz de suministrar un producto de calidad con el mejor precio y realizarlo con el menor coste posible, para así poder sobrevivir a la competencia.
Sin embargo, un día decide abrir una oficina en su tierra natal. Transcurridos unos pocos meses se da cuenta de que tiene que cerrarla y volverse a ir fuera, como han tenido que hacer un gran número de arquitectos canarios. La razón es que existen tres empresas públicas que realizan los mismos servicios que usted sin necesidad de competir en el mercado, porque no tienen que reducir costes para evitar la quiebra, al poder ser financiadas con cargo a los presupuestos autonómicos, que salen del dinero de los contribuyentes.
Estas tres empresas son Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), Gestión Urbanística de Las Palmas (Gestur Las Palmas) y Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife (Gestur Tenerife). En los ejercicios 2010, 2011 y 2012, Gesplan tuvo una cifra de negocio aproximada de 30 millones de euros por año, según los presupuestos del Gobierno de Canarias. Sin embargo, con estos importantes ingresos únicamente fue capaz de obtener unos beneficios de aproximadamente 24.000 euros por año. No obstante, esta mal llamada empresa no tuvo suficiente con ser incapaz de generar beneficios y riqueza acordes a sus ingresos, sino que además aumentó su deuda de dos a 4,2 millones de euros.
Por otro lado, Gestur Las Palmas, que ya está en vías de desaparición, en 2012 tuvo un volumen de negocio de 11,1 millones de euros y acumuló deudas por más de 16 millones. Pero esto no es nada si lo comparamos con Gestur Tenerife, que el Gobierno de Canarias se empeña en mantener junto con otras empresas públicas ineficientes, pues esta desastrosa sociedad anónima tuvo en 2012 unos ingresos de 12,6 millones de euros para generar el ridículo beneficio de 5.400 euros y acumular deudas de más de 23 millones.
Alguien podría pensar que sólo bastaría con volver eficientes a estas sociedades. Sin embargo, esto no es posible, dado que carecen de incentivos económicos y se mueven por decisiones políticas, pues entre otras cosas pertenecen a un sector totalmente intervenido, como es el urbanístico, donde el principal cliente es la Administración. Por todo ello, deberían ser cerradas por el Gobierno de Canarias de forma inmediata por ineficientes, como muestran sus números, ejercer una competencia desleal con los empresarios y profesionales del sector y ser dañinas para el conjunto de la sociedad canaria, pues empresas como estas sólo existen gracias a la permisividad de los políticos y al dinero que estos obtienen del bolsillo del contribuyente.
