Por desgracia, la conflictividad laboral será la norma y no la excepción. La caída de las ventas y la restricción del crédito se está materializando ya en la aprobación de un creciente número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por parte de las empresas con el fin de recortar gastos y evitar así o, al menos posponer en la medida de lo posible, la avalancha de quiebras que se cierne sobre el tejido productivo español.
Los despidos masivos nunca son del agrado de nadie. Los trabajadores pierden un puesto de trabajo que, en muchas ocasiones, venían ocupando desde hacía años, mientras que los empresarios se ven obligados a reducir la producción, lo cual evidencia un recorte en los beneficios de la compañía o, lo que aún es peor, la entrada en pérdidas.
Por el momento, la construcción y la industria del automóvil han sido los sectores más afectados por la crisis económica que vive España. Precisamente, las actividades que más crecieron durante el auge crediticio de la última década. Sin embargo, el desplome de ventas que están sufriendo ambos mercados está batiendo récords a nivel nacional.
Así, las matriculaciones de vehículos comerciales se han desplomado un 52,1% en octubre respecto al mismo mes de 2007, mientras que la compraventa de viviendas libres descendieron, un 37,2% interanual, el pasado mes de agosto. De hecho, hoy se venden casi la mitad de los pisos de segunda mano (usados) que hace doce meses.
Como consecuencia, es lógico que los ERE hayan afectado, sobre todo, a las grandes compañías ubicadas en ambos sectores. Las fábricas de automóviles paran máquinas y paralizan los pedidos a sus proveedores. Asimismo, un total de 167 empresas del sector de la construcción se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) durante el tercer trimestre del año, lo que supone multiplicar por más de cinco el número de afectados por este tipo de procesos respecto al mismo periodo de 2007, según los datos de la firma de información financiera y comercial Asesor.
Ante tales ajustes, los sindicatos se han puesto en pie de guerra, sobre todo, en el ámbito de la automoción, y ni cortos ni perezosos cargan ahora contra los directivos de las multinacionales afectadas por la dura contracción económica, como es el caso de Nissan en Cataluña.
Los líderes sindicales han atacado las sedes comerciales que, curiosamente, hasta ahora daban de comer a los trabajadores cuyos intereses teóricamente representan. Además, reivindican, cómo no, la intervención de los poderes públicos para paralizar los expedientes de despido, al tiempo que solicitan la concesión de ayudas públicas al sector.
Tal actitud no sólo es contraproducente sino que carece de toda moralidad. Los sindicatos abogan por castigar administrativamente a las empresas en dificultades económicas, cuando éstas son los únicos y auténticos agentes generadores de empleo en una economía de mercado. Sería una muy mala imagen la que ofrecería España al resto de compañías interesadas en establecerse en este país si ante la llegada de una crisis se defiende la imposición de trabas en lugar de facilitar en la medida de lo posible el desarrollo libre de la actividad empresarial. Desde luego, se lo pensarán dos veces antes de volver a poner un pie aquí.
La concesión de subvenciones públicas es igualmente condenable, puesto que los contribuyentes no tienen por qué pagar de su bolsillo los problemas por los que atraviesan sectores que, de una u otra forma, tendrán que ajustarse a la nueva coyuntura. Bastante tienen los ciudadanos con mantenerse a flote ante la marea para tener que sufragar a mayores los platos rotos de actividades infladas al calor de la burbuja crediticia, como es el caso del ladrillo o la automoción.
Además, estos trabajadores sectoriales no son los únicos. El pasado octubre, un total de 192.658 personas se fueron al paro (7,3% más respecto a septiembre), mientras que 2008 acabará con cerca de un millón más de trabajadores en las listas del desempleo, muchos de ellos pertenecientes al sector servicios. Por ello, se precisa justo lo contrario. Desarrollar políticas que atraigan la inversión y la ubicación de nuevas empresas a nuestro país, en lugar de cargar con furia contra las escasas multinacionales que operan en España.
¿Acaso observan ustedes protestas de este calibre en Luxemburgo o Suiza, en donde se ubican algunas de las mayores compañías del mundo? La clave no está en el despido en sí, sino en desarrollar políticas que permitan la reubicación de los trabajadores en paro en el menor tiempo posible. Mientras esto no se aplique, los sindicatos, que por cierto sostenemos con nuestros impuestos, ERE que ERE, seguirán apostando por la peor política social: ahuyentar y cargar contra los empresarios, al tiempo que con la otra mano ruegan por el rescate del Estado (esto es, de los contribuyentes).
