Si usted gana lo que el promedio de los españoles, es decir, entre 18.000 y 25.000 euros anuales debería saber ya que la mitad –euro arriba euro abajo– se lo queda el Gobierno. Trabaja medio año para mantener las siempre crecientes necesidades financieras del Estado. Todo corre a su cargo, desde los más de 30.000 coches oficiales que pululan por las calles y carreteras españolas, hasta el último programa de ayuda al desarrollo que se aprueba en la consejería del ramo de la más remota comunidad autónoma.
Así es el sistema. Los españoles nos hemos convertido en lo más parecido a esclavos del Estado. Pagamos impuestos por todo lo imaginable y, a veces, por lo inimaginable. Lo hacemos por duplicado, por triplicado y hasta por cuadruplicado. Sobre un mismo bien podemos llegar a pagar IVA, patrimonio, donaciones y sucesiones. Todo con tal de alimentar al insaciable Gargantúa en que se ha convertido el antaño apañado y austero Estado español.
La pregunta que algunos –no muchos, la verdad– nos hacemos es: ¿por qué pagamos tantos impuestos si lo esencial del Estado ya funcionaba hace treinta años con muchos menos? La razón en sencilla. En las últimas tres décadas el aparato estatal ha multiplicado por cuatro su tamaño. A este atraco organizado lo han bautizado como “estado del bienestar” y todos los políticos sin importar el partido al que pertenezcan, celebran su existencia y su expansión sin límites.
El “estado del bienestar” es, en realidad, un estado clientelar en toda regla que ha obrado el milagro de poner a vivir a la mitad de los españoles a costa de la otra mitad. Mientras unos llenan, con toneladas de trabajo, talento y creatividad los haberes de los presupuestos, otros se concentran y hasta se profesionalizan en enchufarse a los debes.
Mientras la economía crecía al 5% y las recaudaciones fiscales marcaban máximos históricos (tan históricos que, en Hacienda, no terminaban de explicarse por qué), el modelo más o menos funcionaba. Recibíamos unos servicios, generalmente de una calidad tan mala que, en cuanto podíamos permitírnoslo, pasábamos a su versión privada, a cambio de una carga fiscal desproporcionada que, por aquel entonces, aun no nos lo parecía.
Hoy el modelo no sólo está agotado, sino que ha demostrado ser, además de profundamente injusto, insostenible en el tiempo. Antes de distribuirla, la riqueza hay que crearla y España crea cada vez menos. Esto se ha traducido en una sobrecarga impositiva que ya es insoportable. Los políticos, gestores de ese aparato elefantiásico que entró en metástasis durante la Transición, no quieren sacrificar ni un centímetro del terreno que han ganado a los contribuyentes, paganinis, en última instancia, de todo el conglomerado estatal.
La crisis, de este modo, nos está mostrando el armazón de un sistema que, simplemente, no podemos costear, no producimos lo suficiente para mantenerlo con vida. Llegados a este punto al Gobierno sólo le quedan dos opciones. La primera es la que escogió Zapatero y que Rajoy ha continuado al pie de la letra. Consiste en mantener la estructura como sea y cueste lo que cueste. Dicho sea esto con toda literalidad. A pesar de que le entregamos la mitad de nuestra renta, el Gobierno no tiene suficiente y se ve obligado todos los meses a pedir dinero prestado en el extranjero. Luego se quejan de la prima de riesgo y lo desalmado que es el mercado, pero si no gastasen lo que no tienen no tendrían que recurrir a él.
La segunda es cortar por lo sano y acometer reformas que reduzcan sensiblemente el tamaño del Estado. Esto supone sacrificios, especialmente al principio, para una sociedad como la nuestra que es adicta a la subvención y el trinque. Luego, cuando todo se haya reajustado, lo que obtendremos es un país más próspero, más libre y, sobre todo, más justo. No es que merezca la pena el esfuerzo, que lo merece, es que, o lo hacemos o terminaremos siendo como Argentina pero sin materias primas, es decir, peor que Argentina. Nosotros elegimos.
