España no es una excepción. Tras sufrirla mayor burbuja inmobiliaria del mundo , el ajuste económico está siendo muy intenso y drástico. En sólo un año el número de parados se ha incrementado en 500.000 personas (un 25% más), lo que hace que la sensación de crisis sea aun más acuciante.
Este contexto está siendo el caldo de cultivo ideal para todo tipo de propuestas xenófobas y antiinmigración. Incluso el partido socialista, que ocupa las responsabilidades de Gobierno, no ha vacilado demasiado en unirse a este discurso: dado que el paro está aumentando, sobran inmigrantes en España.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha sintetizado perfectamente estos prejuicios: “No tiene sentido buscar albañiles en Rabat si los de aquí están en el paro” . De hecho, los delirios gubernamentales han llegado al punto de aprobar un plan por el que el inmigrante podrá elegir voluntariamente ser repatriado a cambio de cobrar, en su país, el subsidio de desempleo .
La idea está clara: si en España hay paro es que sobran trabajadores. Sin embargo, los problemas económicos suelen ser más complejos de lo que una primera aproximación simplista parece indicar.
La crisis económica se produce porque se han producido numerosas malas inversiones en determinados sectores económicos al tiempo que se han dejado otros atrofiados. Por este motivo, surgen los famosos “cuellos de botella” que paralizan el funcionamiento económico de industrias enteras: determinados factores productivos son demasiado caros como para utilizarlos de manera rentable.
Durante los últimos ocho años, en España se ha concentrado la mayor parte de la inversión en el sector de la construcción y, en cambio, se han dejado desatendidas otras industrias que ahora estrangulan la economía. En particular, España es incapaz de seguir financiando su abultado déficit exterior (el mayor del mundo) derivado de su dependencia energética con el exterior. Por consiguiente, España necesita reorientar su estructura productiva hacia el sector energético sustitutivo del petróleo o hacia el sector exportador para así obtener las divisas necesarias para sufragar las importaciones.
Pero esta reorientación de la estructura productiva implica invertir en nuevas compañías para lo cual es necesario un enorme volumen de ahorro del que España ahora no dispone.
En este contexto, los inmigrantes bien podrían suponer una bendición para la economía española, ya que sus salarios suelen ser más bajos que los de los españoles nativos y, por tanto, permiten incrementar los márgenes empresariales.
Estos mayores beneficios de las empresas suponen ahorro que o bien puede invertirse en los nuevos sectores productivos que España necesita o bien destinarse a bajar los precios a los consumidores (lo que a su vez aumentaría sus ahorros).
Dicho de otra manera, la inmigración facilita la creación de las empresas que permitirán sacar a España de la crisis y contratar a los españoles ahora desempleados.
El sesgo xenófobo del Gobierno, por consiguiente, carece de justificación y sólo indica una preocupante ignorancia económica. De hecho, pocas medidas pueden ser tan absurdas como repatriar a los inmigrantes y pagarles para que no trabajen en sus países con cargo al ahorro de los españoles.
Como sólo suceder con el intervencionismo estatal, la medida, lejos de lograr el objetivo que persigue, sólo ahondará más la crisis y el desempleo en España.
Este artículo fue publicado originalmente en ElCato.org el 21 de noviembre de 2008
