Lo más peligroso es que el Gobierno juega a la política de hechos consumados.
“You’ll need a busload of faith to get by». Lou Reed.
Mucha gente piensa que con un banco central que aumenta su balance vía recompras de manera constante no se puede dar una crisis de deuda. Es un gran error. Estamos viviendo día a día cómo las primas de riesgo aumentan a pesar de la enorme inyección de liquidez del banco central.
Una crisis de solvencia no se arregla con liquidez, se disfraza durante un tiempo, pero siempre salta. Si el Banco Central Europeo (BCE) monetizase toda la cadena de déficits que se están acumulando en la eurozona, nos llevaría a una crisis igual que la de 2011 y, además, pondría en peligro la continuidad del euro y la unidad de la Unión Europea. ¿Por qué? La demanda global de euros se ha reducido en los últimos años e inyectar liquidez no ayuda a reducir la deuda, incentiva a aumentarla y perpetuarla.
Nos enfrentamos a un rescate casi inevitable y ante esa posibilidad, debemos desmontar el mito de que se podría salir subiendo impuestos de la crisis de solvencia en la que nos están metiendo.
Esta no es una crisis simétrica ni «todos los gobiernos están haciendo lo mismo». España se enfrenta al mayor déficit de la eurozona, con un desequilibrio en gasto público que viene ya de 2019, y con mucho más paro.
Recordemos que la ministra María Jesús Montero respondió a la Unión Europea que el gasto se le desvió 7.000 millones de euros «en todas las rúbricas» en dos meses, y que se ha utilizado el estado de alarma para aumentar altos cargos, y mantener un ritmo de gasto que ya era insostenible cuando la economía crecía al 2%. El gobierno no ha reordenado o priorizado en el presupuesto, y se ha lanzado a anunciar medidas de enorme gasto casi semanalmente sin ninguna memoria económica, espacio presupuestario o credibilidad en su capacidad de financiarlas.
Lo más peligroso es que el Gobierno juega a la política de hechos consumados. No ha hecho cambios en gasto como exigió la Unión Europea por carta el 22 de octubre de 2019 alertando que el aumento de gasto anunciado superaba en casi cuatro veces el máximo permitido y el ajuste del déficit era insuficiente y, como se demostró después, no se redujo, sino que se aumentó el desequilibrio fiscal en bonanza. Y esto nos lleva a un rescate muy doloroso y con enormes consecuencias sociales y económicas de medio plazo.
Ante las nuevas expectativas del gobierno, que ya asumen un récord de deuda y déficit y un paro disparado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vuelve a rebatir esas más que cuestionables estimaciones gubernamentales. El déficit fiscal del 10,9% del PIB que maneja el Gobierno quedaría, en todos los casos, por debajo de las cifras de la AIReF, y su peor escenario supera el 13%, más de 140.000 millones de euros.
El Gobierno ha vuelto a lanzar una estimación de ingresos imposibles e inflados. La AIReF estima que los ingresos se situarán en 2020 entre el 39,5% y el 39,4% del PIB, ambos escenarios por debajo del 41,2% previsto en la actualización del plan de estabilidad, y alerta que las estimaciones son excesivamente optimistas con respecto a las previsiones de la autoridad independiente en «todas las principales figuras impositivas». Un gobierno que estima una caída ridícula de IVA de 5,2% y en el IRPF de 2,4% ante un colapso de la economía superior al 9% está jugando un juego muy peligroso. Ir a hechos consumados y esperar que la Unión Europea acepte cualquier cifra de España, aunque haya incumplido todas las reglas mínimas ya antes de la crisis del Covid-19.
Un déficit excesivo de más de 7.000 millones antes de la crisis y un déficit adicional de más de 120.000 millones de euros no se van a financiar con más impuestos. La recaudación será ínfima, el daño en la capacidad de atraer inversión y empleo serán máximos y la recuperación más difícil y lenta.
El Cuento de la Lechera
Las estimaciones, completamente ficticias, de Unidas Podemos o Más País, sólo llegan a unos 40.000 millones de euros de recaudación máxima por nuevos impuestos.
Con un déficit que se va a 140.000 millones, seguiríamos en un agujero presupuestario superior al de cualquier país de a eurozona mientras hunden la seguridad jurídica, inversora y el potencial de crecimiento. Es todavía peor.
En 2021 el agujero presupuestario no bajaría de los 60.000 millones de euros incluso si nos creyéramos, que no lo hacemos, las expectativas de rebote en V del Gobierno. Es decir, hundir la seguridad jurídica, atracción de inversión y empleo de España con impuestos confiscatorios nos dejaría, si nos creyéramos sus cifras de ingresos, en un agujero presupuestario de 160.000 millones de euros en dos años y un déficit estructural de 40.000 millones de euros. Si hacemos un cálculo más realista, la recaudación adicional con esa batería de hachazos impositivos a todos nos llevaría a un déficit de 200.000 millones de euros en dos años y a un rescate seguro.
La batería de enormes subidas de impuestos propuesta por los redistribuidores de la nada supondría subir el IRPF, IVA y un Impuesto a las Grandes Fortunas armonizado entre las diferentes comunidades autónomas con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios netos superiores a 1 millón de euros y del 2% para patrimonios superiores a 2 millones. Si leen ustedes bien, les acaban de convertir a ustedes en «gran fortuna», ya que calcularán el valor de su «riqueza», según el catastro, no el valor de mercado, y según estimaciones de activos no vendidos.
El impuesto a la «riqueza» es una aberración económica y además profundamente injusto. Primero, ya existen numerosos impuestos al patrimonio, la vivienda, las plusvalías y la riqueza, que a veces parece que haya que recordar que no se puede gravar dos y tres veces lo mismo. Segundo, gravar el resultado de la inversión y el ahorro que se ha realizado tras pagar decenas de impuestos antes es la receta del fracaso.
Ninguna de estas medidas recaudaría siquiera lo suficiente para cubrir el agujero presupuestario creado en 2019, ni mucho menos el destrozo de 2020. Son simplemente medidas intervencionistas.
Estos redistribuidores de la nada ignoran que la inmensa mayoría de la riqueza de los que llaman “los ricos” está en activos cuyo valor se ha desplomado y que no son líquidos. En un país donde se habla de la riqueza del mayor accionista de Inditex como si la tuviera en una caja fuerte como la casa del tío Gilito no es sorpresa que se estimen ingresos imposibles con cálculos torticeros.
Ninguna medida de nuevos impuestos va a compensar el agujero en IRPF, que será superior al 12% en nuestras estimaciones, considerando el desplome de empleo y de remuneraciones estimado, el colapso en ingresos por IVA ante el desplome de las ventas, ni el destrozo en impuesto de sociedades, ya que la inmensa mayoría de empresas de España van a registrar pérdidas muy cuantiosas en 2020 y 2021. Tampoco se va a compensar considerando las enormes pérdidas patrimoniales de empresas y familias.
Todas estas estimaciones, además, no consideran ni un euro de fuga de capitales a lugares más seguros, lo que demuestra el desconocimiento alarmante de la realidad económica por parte de los redistribuidores de la nada.
Lo que nos demuestra esta crisis es la falacia de los «ingresos sobre PIB» como medida de presión impositiva. Llevan años diciendo que recaudamos poco mientras mantienen una fiscalidad normativa que supera a la media de la UE y la OCDE, ignorando que recaudamos ópticamente poco porque tenemos más del doble de paro que nuestros socios europeos, empresas más pequeñas y más economía sumergida.
En un país con una de las eficiencias del gasto público más bajas de la Unión Europea y decenas de miles de millones anuales (más de 30.000) en gastos y subvenciones innecesarias, en un país donde el gobierno ha aumentado ministerios y cargos públicos a nivel récord en coste, decir que sólo se pueden subir impuestos es un insulto a todos los españoles que están hoy creando las bases para salir de una crisis muy superior a la de mayoría de economías del mundo creada por la imprevisión y mala gestión del gobierno.
El Gobierno se ha negado a revisar gasto innecesario, se ha negado a gestionar y priorizar, y por no eliminar impuestos durante la crisis, ya se enfrenta a un agujero a largo plazo de más de 12.000 millones de euros anuales proveniente exclusivamente de las empresas que han cerrado en marzo.
Sin empresas y contribuyentes no hay gasto público ni ayudas sociales. Destruir la base de la economía, la inversión y la creación de empleo no es una política social, es la más antisocial.
La subida de impuestos que proponen no sirve ni de lejos para financiar el aumento de gasto de 2020, sino para poner todavía más escollos al crecimiento y el empleo. Su resultado será una mejora imperceptible en las cuentas públicas y un retraso en la salida de la crisis y en la recuperación del empleo inasumible.
El ministro de finanzas de Francia ya alertó hace una semana que la salida de la crisis no va a poder venir con subidas de impuestos. Tenemos que atraer todo el capital, inversión y empleo que podamos. Si no, el efecto aspirador sobre la inversión y el empleo que van a generar Estados Unidos y China sobre la Unión Europea nos va a llevar a un problema de muchos años.
Es hora de que el Gobierno abandone la obstinación en mantener una fiscalidad onerosa y poco competitiva. España ocupa el puesto 14 en el índice de competitividad fiscal de impuestos directos e indirectos, mientras que en impuestos sobre la propiedad caemos al número 32 del ranking.
Lo realmente triste es que, si hubieran tomado medidas serias para preservar el tejido empresarial y no se hubieran obstinado en mantener gastos innecesarios e impuestos durante el cierre forzoso, hoy no estaríamos hablando de un agujero presupuestario superior al de la crisis de 2008. España debería estar poniendo el cartel de «Invierta en nuestro país», no poniendo escollos a la inversión internacional vía decreto, como ha hecho el gobierno usando los reales decretos del estado de alarma.
Poniendo todavía más impedimentos fiscales al crecimiento y el empleo nos llevan a una crisis de deuda y un rescate que generará recortes brutales. El Gobierno lo sabe. Lo único que quieren es que se preserven sus privilegios, no el bienestar de todos.
