El problema es que, tal y como avanzamos en estas mismas páginas, apenas estamos padeciendo los primeros síntomas de la gran resaca. De hecho, todo apunta a que la economía nacional se enfrenta a un largo período de estancamiento económico, que podría tildarse perfectamente con el calificativo de depresión. Una posibilidad que ya baraja acertadamente el propio Banco de España.
¿Qué cabe esperar, pues, de 2009? Pese a que no soy muy partidario de lanzar previsiones a medio plazo, sí me arriesgo a afirmar que los cálculos de los supuestos expertos se quedarán nuevamente obsoletos ante la cruda realidad que se avecina en materia económica y social. Y ello, por la simple razón de que carecen de la teoría adecuada para analizar la situación (la de la Escuela Austríaca de Economía) y, como consecuencia, fallarán tanto en el diagnóstico como en las posibles soluciones a aplicar.
Puesto que, de momento, no cabe esperar ninguna reforma de calado por parte del Gobierno, España sufrirá durante el próximo año los primeros efectos plausibles y verdaderamente graves de la crisis. Olvídense de 2007 y 2008, puesto que tan sólo han sido un anticipo. Un mero aperitivo en comparación con lo que observaremos a partir de ahora.
La contracción del PIB nacional será mayúscula en 2009 y, de hecho, carecerá de precedentes. La economía registrará un decrecimiento mínimo del 3% interanual. De hecho, se trata de un cálculo muy moderado. En realidad, la falta de liberalización económica y laboral, la ausencia de rebajas impositivas y el crecimiento exponencial del gasto público amenazan con restar a la riqueza del país entre un 5% y un 7% de su producto interior bruto. Y esto, insisto, en los próximos 12 meses.
Para ello, tan sólo hay que observar el intenso deterioro que está registrando la afiliación a la Seguridad Social. En estos momentos, la destrucción de empleo neta avanza a un ritmo superior al 3% interanual, y no tiene visos de mejora. Algunos analistas sitúan dicha destrucción laboral por encima del 4,5% en el primer trimestre del año. Este indicador resulta clave a la hora de pronosticar la reducción del PIB. Además, hay que tener en cuenta que el Gobierno alemán ya reconoce que su economía caerá, como mínimo, un 4% el próximo año, y España está sin duda mucho peor que la primera potencia europea.
Así pues, quédense con este dato. La recesión se llevará por delante entre un 5% y un 7% del PIB nacional en 2009, según un escenario más o menos moderado. Tal contracción se traducirá de una forma dramática en las cifras del paro. La tasa de desempleo podría ascender fácilmente al 20% a finales de año. Es decir, 1,5 millones más de parados o, lo que es lo mismo, 4,5 millones en total. Llegados a este punto, España entrará en 2010 padeciendo ya la peor crisis de su historia reciente, muy superior a la de los años 90 y 80.
Pero avancemos un poco más. La estrategia suicida de gasto público que viene siguiendo el Gobierno, bajo el vergonzoso consentimiento de la oposición (PP), provocará un desequilibrio mayúsculo de las cuentas públicas. El déficit presupuestario superará con creces el 7%, elevando la deuda pública hasta el 60% del PIB. En un escenario de estas características, el mercado de deuda español sufrirá un estrés de consecuencias dramáticas.
El Ejecutivo tendrá muy difícil colocar el volumen de papel que tiene proyectado emitir con el fin de rescatar a la banca y mantener el nivel de gasto público. La máxima calificación de la que hoy goza la deuda española (triple A) corre el riesgo real de ser degradada por las agencias de rating. Una rebaja de este tipo aumentará de forma significativa el coste de la financiación gubernamental y acrecentará las dificultades para colocar entre los inversores la nueva deuda nacional.
Es decir, las cuentas públicas avanzarán hacia el colapso. Así, de seguir por esta senda de irresponsabilidad política y económica, en ningún caso deberíamos descartar la posibilidad de que España se enfrente a una suspensión de pagos en los años venideros (2011 en adelante). Será entonces cuando, en caso de no modificar radicalmente el actual plan anticrisis, el Gobierno se verá obligado a aprobar un sustancial incremento de impuestos para amortizar deuda.
Tal decisión, lejos de ofrecer alguna solución, agravará aún más los problemas de las empresas y ciudadanos españoles. La deslocalización será el pan de cada día, al tiempo que el Ejecutivo ahuyentará con elevados tributos a los escasos inversores dispuestos a emprender alguna actividad en España. De este modo, y siempre y cuando no cambien mucho las cosas, 2009 no será, en ningún caso, el peor año de la crisis. Ni mucho menos. Tan sólo será el primero y, posiblemente, uno de los más suaves, de los ejercicios venideros que traerá consigo la depresión a la japonesa que empieza a experimentar nuestro país.
Es el momento de apostar sin complejos por la liberalización absoluta de la economía nacional; por aplicar sin miedo una reducción de los tributos y del gasto público sin precedentes, al más puro estilo de los paraísos fiscales que tanto se empeñan en atacar últimamente los ideólogos socialistas (tanto del PSOE como del PP) que, por desgracia, ocupan la mayoría parlamentaria; por flexibilizar al máximo el mercado laboral; y por incentivar el ahorro en sustitución del consumo, entre otras medidas. Sólo así España tendrá alguna posibilidad de abordar con éxito la profunda crisis monetaria y financiera internacional que tendrá lugar en los próximos meses.
Si aún piensan que soy demasiado pesimista, sigan agarrándose a los pronósticos del Gobierno y de los organismos internacionales. Depositen su confianza, si así lo desean, en aquellos que, tras el estallido de la crisis subprime en el verano de 2007, aseguraban que la hoy denominada tormenta perfecta terminaría en la primera mitad de 2008. Ninguno de sus cálculos se hará realidad pero, al menos, quizá eviten que se les atragante el polvorón durante estas navidades. Por cierto, ¡feliz 2009!
