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Esperanza

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Todo un conjunto de medidas cuya factura será sufragada, íntegramente, por el bolsillo de los contribuyentes.

Sorprende ver cómo una privilegiada casta social se vanagloria de salvar la economía cuando, en realidad, ha sido la intervención financiera y monetaria del Estado la principal responsable de la actual situación. Pero no todos los políticos son iguales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha convertido en el único referente ideológico digno de mención en España. Sobre todo, en materia económica.

Sus iniciativas han logrado algo inédito… ¡que los socialistas se vean obligados a bajar impuestos! Gracias a ella, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones han sido prácticamente derogados en este país. La presidenta madrileña abrió la veda de la competencia fiscal entre regiones. Las comunidades del PSOE tuvieron que imitar las medidas aprobadas en Madrid para tratar de frenar la fuga de capitales, empresas y rentas que sufrían sus respectivas haciendas autonómicas.

El pasado año anunció una medida "pionera" que consistía en ofrecer la "normativa más favorable" de España para las empresas e inversores que operen en la región. Además, apostó por la liberalización comercial y la participación del capital privado en la provisión de todo tipo servicios públicos. Una política valiente y sin complejos que ha convertido a Madrid en la región más próspera y competitiva de España, junto con los territorios forales.

No hay ninguna receta mágica. Su éxito radica en eliminar trabas a la iniciativa privada y estimular la competencia. De hecho, Aguirre no titubea en tiempos de crisis, un campo que parece abonado para la intervención política, y lejos de dar marcha atrás avanza firme por la senda de la liberalización económica. La Asamblea de Madrid otorgó la pasada semana luz verde a todo un paquete de rebajas fiscales en vivienda, matriculación de vehículos y actividades económicas. La austeridad en el gasto público constituye también una de las claves del talante aguirrista.

Visto lo visto, es una pena que no disponga de la capacidad necesaria para contrarrestar la nefasta política económica del Gobierno central. Estoy convencido de que Aguirre apostaría por limitar hasta el extremo la losa retrógrada y totalitaria de los sindicatos, así como por reformar en profundidad el mercado laboral para facilitar la recolocación de los trabajadores en paro.

¿Problemas de liquidez? ¿No llega a fin de mes? Aguirre lo tiene claro: "muchos ciudadanos no son conscientes" de la cantidad de impuestos que pagan. Y es que, un trabajador que cobra 1.100 euros netos mensuales gana, en realidad, 1.870 euros. El problema es que la Seguridad Social se come 600 euros todos los meses, mientras que el IRPF retiene 170. No obstante, el contribuyente medio trabaja 129 días al año, que se dice pronto, en exclusiva y a jornada completa para Hacienda. "El Estado, por una u otra vía, se queda con el 40% del sueldo de un trabajador medio".

Algunos dirán que ese dinero sirve para sufragar las prestaciones sociales. ¿En serio? En realidad, usted está pagando un servicio público de escasa calidad –atención sanitaria y educativa– a un precio de oro. La sanidad y la educación no son gratuitas, salen de su bolsillo, al igual que el subsidio del paro, los rescates bancarios, las ayudas a la compra de coches, las subvenciones agrícolas, el PER, las primas a las renovables o los préstamos blandos a empresarios amigos y promotores en quiebra. El Estado tan sólo redistribuye de forma arbitraria la riqueza que crean empresarios y trabajadores.

Sin embargo, más allá de las rebajas fiscales, animaría a la presidenta Aguirre a ir un poco más allá y, de una vez por todas, implantara en la Comunidad el silencio administrativo que tanto ansían los empresarios a la hora de iniciar una actividad. Ahora, más que nunca, es el momento de apostar firmemente por incentivar a los emprendedores. Es decir, la libre empresa frente al cambio de modelo productivo que pretende implantar por ley Zapatero. Tan sólo el ahorro y la iniciativa privada salvarán a España del desastre. Por suerte, aún queda Esperanza.

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