El titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha decidido paralizar el proceso de externalización de seis hospitales madrileños, por supuesto en aras del interés general. En el auto expedido el pasado martes, el juez manifiesta una duda razonable acerca de si el cambio de modelo, dando entrada a la iniciativa privada en la gestión de ciertos servicios hospitalarios, va a mejorar el sistema actual exclusivamente público con empleados convertidos en funcionarios.
Hombre, si le preguntara a sus colegas del juzgado qué opinan de la gestión privada de la sanidad, podría tener una primera pista. Eso si él mismo no hace uso de la asistencia sanitaria gestionada por empresas privadas, que es precisamente el modelo preferente utilizado por el Ministerio de Justicia para garantizar la asistencia sanitaria a todos sus empleados.
La Mutualidad General Judicial, de afiliación obligatoria según establece su propia normativa, contrata con empresas privadas del sector sanitario –las más acreditadas– los servicios de salud de sus funcionarios, y sólo en el caso de que lo solicite expresamente el interesado puede optar por la Seguridad Social, a cuyo fin deberá ser él mismo quien se encargue de pedir la tarjeta sanitaria individual en su centro de salud. No hay datos referidos al porcentaje de funcionarios judiciales que eligen uno u otro modelo, pero a tenor de lo que ocurre con la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface), lo más probable es que la mayoría esté usando los servicios privados de salud. Que no es que estén externalizados bajo supervisión pública, como pretende hacer la Comunidad de Madrid con seis hospitales, sino que están exclusivamente bajo la responsabilidad de la iniciativa empresarial.
El interés general es un concepto tan ambiguo que a menudo se confunde con el interés político, no necesariamente coincidente con el de los ciudadanos. Los usuarios de los hospitales que ya operan con el modelo mixto diseñado por la comunidad madrileña no parecen nada descontentos con el sistema sino todo lo contrario. Si el juez envía a un perito a hacer un sondeo popular a la puerta de cualquiera de ellos, seguramente sus dudas acerca del interés general quedarían resueltas en el acto. Es cuestión de proponérselo.
