Esta decisión, adoptada por diversos organismos públicos en todo el mundo, ha hecho que muchos se planteen preguntas que hasta entonces no habían pasado por su cabeza: ¿es racional depender de la voluntad de una empresa para asegurarse el acceso a los propios datos? ¿Es legítimo que lo haga un Gobierno?
Un formato es la estructura en la que un conjunto de datos se guarda en un fichero. Por ejemplo, cuando editamos un documento en un procesador de textos, al guardarlo en un fichero éste contendrá no sólo las palabras que hemos escrito, sino también el tipo de letra empleado, los márgenes de la página, la disposición de los párrafos, etcétera. Para que una aplicación pueda luego recuperar toda esta información sin pérdida alguna, estos datos deben almacenarse de una manera preestablecida. A esa forma única de guardar la información se la denomina formato.
Cualquier persona que utilice un ordenador está abocada a lidiar con múltiples formatos de infinidad de tipos distintos de información. Puede escuchar música en formato MP3, observar imágenes en formato JPG, escribir sus documentos en formato DOC, leer páginas web en formato HTML, contemplar animaciones en formato SWF o ver vídeos en formato AVI, entre infinidad de otras opciones.
Todo formato mínimamente importante está perfectamente documentado para que la aplicación que debe abrir ficheros que tengan esa estructura concreta pueda hacerlo correctamente. La diferencia entre un formato abierto y otro cerrado es que en este último caso esa documentación solo está disponible dentro de la organización, generalmente una empresa, que ha creado la aplicación que trabaja con ella, mientras que los formatos abiertos son aquellos sobre los que existe una información completamente disponible a todo el mundo. Se podría considerar como un caso intermedio aquellos formatos a cuya documentación se puede acceder previo pago de una licencia, pero a casi todos los efectos –excepto, quizá, a los que se refieren a la legislación de protección de la competencia– resulta un caso equivalente al de los formatos cerrados.
Las ventajas de los formatos abiertos
Un anuncio televisivo ha hecho popular la llamada pirámide de Maslow. Según escribió el psicólogo en su Teoría de la motivación humana, de 1945, los seres humanos tenemos una escala de necesidades que vamos cubriendo en orden. Así, mientras no tuviéramos las necesidades fisiológicas cubiertas (alimento, abrigo, salud, cobijo) no pasaríamos a preocuparnos por el siguiente nivel de la pirámide, la seguridad de tenerlas en todo momento, a salvo de contratiempos. Después de esto vendría la búsqueda de la aceptación social, el amor familiar y romántico; la búsqueda de la estima, propia y ajena, el éxito, etcétera; y, finalmente, la autorrealización.
Puede establecerse cierto paralelismo con el impulso que estos últimos años han tenido los formatos abiertos, especialmente en lo que se refiere a la ofimática. La primera necesidad de usuarios, empresas y administraciones públicas es disponer de procesadores de texto, hojas de cálculo y software de presentaciones que funcionen correctamente y sean cómodos y razonablemente sencillos de utilizar. Pero una vez que existen varias soluciones que garantizan esto, nacen nuevas necesidades. La principal es la seguridad. Actualmente, la mayor parte de nosotros emplea Office; es un estándar de facto. Sin embargo, al emplear esta suite sus propios formatos cerrados, nos ata a Microsoft de por vida. Otras suites ofimáticas han logrado trabajar de forma más o menos aceptable con los ficheros DOC, PPT y XLS, pero no han conseguido una compatibilidad completa. Si queremos seguir empleando nuestros datos, necesitamos recurrir a una empresa específica, por los siglos de los siglos.
En las administraciones públicas, a esto se une la imposición a los ciudadanos que quieran interactuar por vía electrónica con ellas de unas aplicaciones que cuestan su dinero y que sólo oferta una empresa. Es cierto que buena parte de los ciudadanos disponen ilegalmente de esa suite ofimática, pero no parece de recibo que el Estado obligue a sus administrados a cometer una infracción o pagar un impuesto a una empresa para poder cumplir con sus obligaciones. Esa es la razón por la que el Gobierno del estado de Massachussets decidió apostar por los formatos abiertos y obligar a todas sus agencias y empleados a emplear software que los soporte.
En realidad, emplear formatos abiertos es para el Estado algo más importante que emplear software libre. Durante varios años he defendido la conveniencia de que las administraciones públicas tengan en cuenta la licencia de las aplicaciones a la hora de optar por ellas y promuevan el uso del software libre, pero especialmente que el software creado dentro del Estado sea puesto a disposición de quienes lo han pagado por medio de licencias de código abierto. Pero es la adopción de formatos libres la que garantiza a sucesivas administraciones la posibilidad de cambiar de proveedor manteniendo accesible toda la información almacenada hasta ese momento, y emplear esa posibilidad como forma de presión frente a quien fabrique el software que utiliza actualmente.
Por supuesto, a las empresas y organizaciones (pues podemos estar hablando de software libre) que compiten en un mercado específico, los formatos abiertos les resultan de gran ayuda, pues eliminan una importante barrera de entrada, provocada por el efecto red: si la mayoría usa un software específico con un formato cerrado, los demás tienen un incentivo enorme para emplearlo también y así poder enviar y recibir información en el mismo formato que los demás.
Por supuesto, las ventajas de los formatos abiertos han sido conocidas desde hace mucho tiempo por todo tipo de organizaciones y empresas. Así, es natural que cuando Tim Berners-Lee pensara en un servicio de Internet basado en el hipertexto (páginas texto con referencias a otras páginas) al que acabaríamos conociendo como World Wide Web, propusiera un lenguaje sencillo y abierto llamado HTML para implementarlas. Cuando Adobe pergeñó su sistema de creación y lectura de ficheros para imprimir que pudieran transmitirse por vía electrónica, hacerlo abierto –aun cuando no fuera un estándar– permitió que PDF se convirtiera en el formato más empleado dentro y fuera de la red. Lo que ha llegado la hora de plantearse es si las administraciones públicas ya han pasado del primer nivel dentro de esa pirámide de Maslow, y deben establecer legalmente la obligación de usar formatos abiertos. Parece que donde quiera que hay varias opciones alternativas de calidad suficiente, la respuesta en un sí rotundo.
La reacción de Microsoft
La decisión del Gobierno del estado de Massachussets y, sobre todo, los movimientos de la Unión Europea encaminados en la misma dirección llevaron a Microsoft a crear un nuevo formato basado en XML llamado Open Office XML, que es el empleado por las versiones 2007 para PC y 2008 para Mac, de próxima aparición, de Microsoft Office. Presenta unas características similares al estándar ISO 26300 Open Document, que emplean no sólo las suites ofimáticas libres OpenOffice y KOffice sino que es soportada por un gran número de aplicaciones, incluyendo las alojadas en Internet como Google Docs y Zoho Writer.
Tras la aprobación como estándar del organismo europeo ECMA, Microsoft intentó hacerlo aprobar por ISO, mucho más estricto, fracasando en el intento de hacerlo aprobar por la vía rápida. Pero al fin y al cabo, lo esencial de un formato no es si ha sido aprobado por un organismo de estandarización. Muchos de ellos no lo han sido porque éste es un proceso caro que no suele merecer la pena. Todos estos procesos de aprobación o rechazo no deben desviar la atención de la pregunta que debe hacerse al respecto: ¿es un formato abierto sí o no? La respuesta a esa cuestión clave es, me temo, ambigua. Quizá la respuesta más cercana a la realidad es que es un formato abierto tan chapucero que puede considerarse, en la práctica, como uno cerrado.
Hay que recordar lo que decíamos al principio. Un formato es abierto si la documentación está disponible a todos. Microsoft ha cumplido esa parte, pero no completamente. El estándar ECMA está plagado de referencias a formatos propietarios de Microsoft y a aplicaciones de la compañía (el documento indica que varios elementos debe representarse como en Word 95, Word 6 y hasta WordPerfect 5.1, una aplicación con más de 16 años de antigüedad), lo que lo hace imposible de implementar por terceros, por lo que en la práctica puede considerarse como un formato cerrado, aunque menos que los anteriores de la empresa.
Dado que muchos tienen a Microsoft como el temible monstruo empresarial dispuesto a comerse el mundo, asumirán que esos errores son debidos a que sigue deseando tener a sus clientes cautivos de sus productos. En cambio, tiendo a pensar que es más debido a las prisas de sacar un nuevo formato que les permitiera seguir vendiendo a sus clientes gubernamentales y un nueva versión de su suite ofimática que les permitiera que uno de sus dos productos estrella siguiera rindiéndoles beneficios. En cualquier caso, mientras no solucione esos problemas, las administraciones públicas deberían seguir considerándolo como cerrado, pues las razones que existen para no adoptar ese tipo de formatos siguen siendo válidas en lo que se refiere a Open Office XML. No obstante, podría suceder que Microsoft finalmente solucionara los problemas de su especificación, de modo que tampoco hay que cerrar completamente la puerta a futuras versiones.
Conclusiones
Los formatos abiertos favorecen la expansión de información y la competencia. La industria ha sido consciente de ello durante mucho tiempo y por eso existen formatos abiertos para casi todo tipo de ficheros. Sólo en algunos casos concretos, de formatos que han logrado hacerse estándares de facto porque no había aplicaciones equivalentes de similar calidad, los formatos cerrados han triunfados.
No obstante, abrir un formato es un proceso costoso, que en muchos casos no merece la pena abordar, y que en otros puede resultar contraproducente, como es el caso de mercados y empresas muy pequeñas que necesitan mantener cierto control sobre ellos para sobrevivir. Así, no tendría sentido obligar a adoptarlos por ley. Pero sí que las administraciones públicas adoptaran una política de optar por formatos abiertos siempre que exista la opción. La información que todos pagamos por producir debería poder ser accesible siempre, sin depender de la voluntad de terceros.
