Resulta políticamente incorrecto posicionarse contra las subvenciones y ayudas a quienes acaban de perder sus posesiones más preciadas. Los políticos lo saben y por eso Zapatero anunció todo tipo de regalos financieros a los damnificados mientras el fuego todavía avanzaba. Sin embargo, por muy popular que sean las ayudas económicas a los afectados, a largo plazo es una de las peores soluciones posibles. Las verdaderas soluciones consisten más bien en remover las trabas al cuidado del campo, permitir la colaboración de los lugareños en las labores de extinción e introducir competencia en la gestión de los parques naturales y los sistemas de protección de los mismos.
Las ayudas, en realidad, hacen que los seguros contra el fuego se vean debilitados pues "para qué gastar cada mes un dinero en un seguro contra incendios si, cuando tenga lugar, el vecino que no ha ahorrado para este fin también recibirá dinero de las administraciones públicas". Ocurre aquí lo que pasaría con los seguros de coche si no fuesen obligatorios y el estado decidiera pagar los daños después de cada accidente. No pagaría el seguro ni el más despistado y las compañías de seguro no habrían inducido –como han hecho– al establecimiento generalizados de técnicas, instrumentos y actitudes preventivas. Con la lluvia de ayudas en el monte quemado la relación entre las aseguradoras y los sistemas contraincendio conocidos y por descubrir se pierden irremisiblemente. El incentivo a mantener un buen sistema de protección contra el fuego desde la esfera privada se diluye con las lluvias de ayudas gubernamentales. Claro que todo esto le suena a chino a los políticos y a quienes como ellos no ven más allá de los periodos de 4 años que conforman las legislaturas al uso.
¿Agencia Nacional para gestión de crisis?
Mariano Rajoy ha aprovechado el dantesco incendio para proponer la creación de una agencia nacional para gestión de crisis. Para quienes creían que la solución de los problemas mundanos a través de deificadas agencias estatales era una nota característica y exclusiva de ZP, aquí tienen una prueba con la que desengañarse. La creación de una agencia estatal sólo servirá para añadir más burocracia a los problemas de los que se supone que tiene que ocuparse la nueva organización. El conocimiento necesario para mitigar los efectos sobre el ser humano y su propiedad de las grandes catástrofes como inundaciones, incendios o terremotos suele ser de carácter subjetivo y estar disperso. De hecho, quienes lo detentan son frecuentemente los propios damnificados y las personas de su entorno. De ahí que el lema de una de la manifestación de protesta contra la dirección del dispositivo de extinción de incendios fuera "¿Quién tomó la decisión de no contar con nosotros?" Y no les falta razón. Lo ideal es que las soluciones tiendan a ser todo lo privadas y contractuales que sea posible, de modo que la valiosa información que poseen quienes se ven afectados por estos desastres se refleje vía precios y cláusulas y generen así la mayor coordinación posible en el intento de evitar o paliar los daños. Las soluciones que van en la dirección opuesta, como esta de Rajoy, son muy vistosas de cara a los telediarios pero a menudo los grupos especiales que salvan al gatito o al niño asustado en medio del desastre suelen esconder un caos de proporciones descomunales.
Todos tenemos aún en la retina las imágenes del cataclismo de la ciudad de Nueva Orleáns tras el paso del huracán Katrina. EEUU contaba con la Agencia Nacional que pide Rajoy y con asombrosos niveles de financiación estatal. Eso no impidió que el ministro Alonso declarara en aquellos momentos dramáticos que aquello no podría pasar en España por la importancia que aquí tiene el Estado en este tipo de situaciones. Menuda tontería. El gasto público de la agencia estadounidense era aquel año unas 38 veces más por habitante que las partidas presupuestarias que se destinan en nuestro país a estas crisis. Ni el descomunal gasto público ni la centralización de la gestión de este tipo de riesgos evitó uno de los mayores despropósitos acometidos en una situación de emergencia extrema. Más bien, contribuyó decisivamente a agravar el caos y el padecimiento de los ciudadanos del Golfo de México.
Si el Estado se dedica a impedir las soluciones más descentralizadas y ligadas a las propiedades y las vidas en riesgo potencial, entonces al menos debería evitar la multiplicación de organismos y la lejanía del ente respecto de las personas y bienes que se quieren proteger. Por eso la propuesta del jefe de la oposición puede tener sentido en el marco del oportunismo político pero pierde fuerza fuera de ese ámbito.
En el trasfondo de estas dos propuestas subyace un grave problema: los políticos carecen de un incentivo real para evitar situaciones como las vividas en Canarias estos días. La falta de un vínculo directo entre su acción y la de sus subordinados con la propiedad privada sujeta al peligro de quema hace que los políticos asignen los recursos de forma deficiente, primero escatimando medios y luego exagerando el gasto en recursos añadiendo burocracia. Para colmo, no quieren ni oír hablar de las soluciones más sencillas y efectivas que reclaman los propios afectados porque les impediría aprovechar el fuego para presentarse ante el electorado como los redentores sociales que les gusta creerse.
