En primer lugar, el conjunto de las Administraciones Públicas ha incurrido en uno de los mayores y más rápidos descuadres presupuestarios del mundo desarrollado, ya que el saldo de las cuentas públicas se ha desplomado en 13 puntos porcentuales (más de 130.000 millones de euros) en apenas dos años, al pasar de un superávit del 1,9% del PIB en 2007 a un déficit público que, según BBVA, rondará el 11,5% del PIB en 2009.
En segundo lugar, los planes de estímulo discrecionales aplicados hasta el momento y el sustancial aumento de las prestaciones sociales como consecuencia del paro han logrado que el gasto público se eleve hasta el 46,5% de la riqueza nacional. Ante tal situación, la entidad concluye que el Gobierno incumplirá con su objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2013, tal y como ha pactado con Bruselas.
Aunque la economía saliera de la recesión y los ingresos fiscales experimentaran cierta recuperación, la Administración Pública se verá abocada a poner en marcha un duro plan de ajuste centrado en recortar el gasto público hasta un 8,5% del PIB de aquí a 2013 o, lo que es lo mismo, unos 20.000 millones de euros anuales. Para ello, el peso del gasto corriente y de los sueldos de los funcionarios tendría que retroceder, como mínimo, hasta los niveles de hace 10 años, lo cual se traduciría en recorte de plantillas y salarios en el sector público, tanto a nivel estatal como autonómico o local.
De hecho, la entidad recomienda fijar un techo de gasto a las administraciones autonómicas, cuyo dispendio está siendo, en la mayoría de los casos, igual de alarmante que el protagonizado hasta ahora por el Gobierno central. No obstante, la mayoría de las comunidades autónomas registrará un déficit presupuestario en 2010 superior al límite del 2,5% del PIB fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado año, según la agencia de calificación Fitch.
Si todo ello se llevara a cabo, es decir, si el Gobierno efectuara el tijeretazo necesario para regresar al 3% de déficit, la deuda pública ascendería al 73% del PIB en 2012, casi el doble que antes de la crisis. Y, de hecho, aún manteniendo el equilibrio presupuestario a partir de esa fecha, el nivel de deuda pública no regresaría al límite máximo del 60% del PIB que impone Bruselas hasta la siguiente década: 2021 ó 2024, según los analistas de la entidad.
Hasta aquí el panorama previsto siempre y cuando se hiciera lo que tiene que hacer. Sin embargo, mucho me temo que la realidad será muy distinta. ¿Se imaginan a Zapatero pactando con los gobiernos autonómicos un recorte salarial, aunque éste sea mínimo, a los más de 3 millones de funcionarios que trabajan hoy en España? ¿Se imaginan a Salgado presentando para 2011 una reducción presupuestaria equivalente al 2% del PIB, y así hasta 2013? ¿Y a las autonomías aceptando un techo de gasto público? ¿Y a los sindicatos apoyando que el salario de los empleados del sector privado se ligue a la productividad? Sinceramente, hoy por hoy, no me lo imagino. ¿Habrá, pues, tijeretazo? Lo dudo. El Gobierno mantendrá su política económica hasta donde le permitan los inversores o Bruselas. La única cuestión pendiente es, si llegado a ese punto, habrá posibilidad de retorno.
