El impuesto al diésel, las subidas de impuestos a la renta y los impuestos tecnológico y financiero los vamos a pagar las clases medias.
“How can I run and where to hide? I close my eyes and hope tonight”, Peter Nicholls.
El anuncio del enorme hachazo fiscal que quiere implementar el Gobierno del PSOE sigue causando efectos negativos en la economía.
En la EPA publicada esta semana se reflejaba la preocupante ralentización de la contratación que comentamos en esta columna.
-En términos desestacionalizados, el empleo creció en el tercer trimestre de 2018 casi la mitad que en el segundo.
-España crea 50.000 empleos menos que el año pasado.
-Sube la tasa de temporalidad a máximos de 2008. Si en el tercer trimestre de 2017 el 31,1% del empleo creado fue indefinido, en esta EPA ha sido apenas del 14%.
-La creación de empleo solo muestra datos positivos por el enorme aumento del empleo público. El empleo público en el tercer trimestre ha crecido en 49.700 personas.
Ante unos datos poco esperanzadores, se presenta una batería de impuestos que ralentiza el crecimiento, desplaza la inversión y ataca a los contribuyentes más vapuleados, los autónomos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) explica que, de los 1.500 millones de mayores ingresos de la Seguridad Social, se espera que el régimen general aporte unos 500 millones y los autónomos otros 1.000 millones.
El Gobierno ha ofrecido a los autónomos tres opciones: hundirles a impuestos, hundirles más o asfixiarles. Subir la cuota mínima 468 euros/año. Subir la cuota mínima 432 euros/año o subir la cuota mínima 564 euros/año… A cambio de “mayor protección”, es decir, de nada, porque el autónomo ya es el agente económico contribuyente más desprotegido.
Las ministras dijeron que iban a recaudar 339 millones subiendo el Impuesto de Patrimonio a los “más ricos” y la AIReF calcula que la realidad es entre cero y ocho millones. En cambio, no ven error en la subida del diésel a todos nosotros, 670 millones. El BBVA estima que los ingresos estimados están inflados en unos 3.000 millones de euros, una cifra que se une a la que mostrábamos en esta columna, donde alertábamos que las expectativas de 5.800 millones de euros de ingresos adicionales no llegarían a los 1.800 millones.
Es decir, que en estimaciones realistas -usando las del BBVA-, el hachazo fiscal de los Presupuestos del paro será soportado en casi un 35% solamente por los sufridos autónomos.
No solo eso, si acudimos al anteproyecto de impuesto sobre servicios digitales (DST en inglés), el gobierno reconoce que no es óptimo tomar una medida que no se ha aplicado a nivel OCDE o Unión Europea, pero lo hace de todas maneras, e introduce un impuesto que grava al consumidor desde la decisión aleatoria y unilateral de decidir en qué servicios y actividades la aportación del consumidor es esencial para el valor añadido. ¿Quién lo decide? El Gobierno, por supuesto. ¿Cómo se instrumentaliza? Subiendo los precios al consumidor, que pagará íntegramente esta tasa.
Es mucho peor, porque a las empresas tecnológicas que están empezando a despuntar y que están abriéndose camino en nuestro país les supone una fuente de destrucción de competitividad y además un gravamen injusto, discriminatorio y que no pueden trasladar a sus clientes porque no tienen capacidad real. Es decir, los grandes desfavorecidos por esta tasa son las empresas y start-ups que están empezando a despuntar en nuestro país, y que desafortunadamente, terminarán cerrando o yéndose.
Mientras Pedro Sánchez copiaba el término “start up nation” de Israel para su reunión con Tim Cook, de Apple, le pone escollos y gravámenes adicionales a los sectores de alta productividad, los que pueden hacer que cambie nuestro patrón de crecimiento, y todo para recaudar una cantidad irrisoria (recordemos que en los Presupuestos pretenden recaudar más del triple que Reino Unido). Se pasan todo el día hablando del modelo nórdico, precisamente países que han rechazado esa tasa digital y que en los índices de este año de libertad económica y facilidad para hacer negocios están muy por encima de España.
El impuesto a las transacciones financieras, como se ha presentado como en anteproyecto, incide de nuevo en lo que ya sabíamos: es un impuesto que van a pagar los ahorradores e inversores minoritarios. La idea de que el sujeto pasivo es el intermediario o ejecutor es simplemente una broma. Las comisiones subirán. Como ha ocurrido en todos los países que han implementado esta desafortunada medida, ni se recauda lo esperado, ni de lejos, ni lo pagan los grandes intermediarios o fondos. Yo he trabajado en algunos de los fondos más importantes del mundo y nunca se pagan esos impuestos. Los intermediarios se van a otras opciones y solo sufre el operador nacional (en este caso Bolsas y Mercados de España), la liquidez y las transacciones en el mercado.
De nuevo para unas estimaciones de recaudación (850 millones de euros) que son completamente ficticias. Recordemos que en Suecia recaudaron diez veces menos de lo que pretendían ingresar y tuvieron que eliminar el impuesto.
Tras la propaganda, la realidad. El impuesto al diésel, las subidas de impuestos a la renta y los impuestos tecnológico y financiero los vamos a pagar las clases medias y los autónomos, los grandes desfavorecidos por este hachazo.
Pero es peor. Son todos impuestos que nos ponen en desventaja con respecto a otros países para atraer empresas, inversión y empleo de calidad. En otros países de la OCDE deben estar muriéndose de risa viendo que seremos los que implementemos los escollos a la tecnología mientras ellos debaten y ponen facilidades para esa inversión. En vez de ponernos como ejemplo de lo que hay que hacer a Holanda o Irlanda, España ha decidido seguir el ejemplo de los países que llevan dos décadas en estancamiento.
Ninguna de estas figuras impositivas va a solucionar el agujero de la Seguridad Social, porque ni en las ridículas estimaciones del Gobierno lo hace, pero es mucho más grave. Todas esas medidas ponen a nuestro país a la cola en atracción de inversión, aumento de productividad y generación de empleo en sectores de alta productividad, que son los que pagan mejores salarios.
No solo son propuestas dañinas para el presente. Son propuestas devastadoras para el futuro. Un futuro que podíamos liderar con una fiscalidad atractiva, y que rechazamos para mantener los privilegios del gasto clientelar, que no se toca, de los sectores rentistas y subvencionar la baja productividad.
No solo es anti-social hoy, es un insulto a nuestros hijos y nietos. Sánchez, en su reunión con Tim Cook, en vez de decir naderías sobre cosas que rechaza apoyar, podría haber escuchado sobre el éxito del modelo norteamericano. Cuando pretendemos tener el paro de Estados Unidos con la fiscalidad de Grecia, lo que conseguimos es exactamente lo de siempre. Paro y atraso.
