Los datos resultan simplemente devastadores. España cuenta ya con más de 3,3 millones de desempleados oficiales, según la particular metodología de cálculo que aplica la administración pública. En realidad, si suprimimos el maquillaje estadístico, casi 3,7 millones de personas en edad de trabajar buscan colocación. Sin embargo, la tendencia que muestran tales cifras es, si cabe, mucho más preocupante.
El paro crece un 47% interanual, un ritmo desconocido desde la crisis de los 70. Esto se traduce en 1,06 millones de personas que han terminado inscribiéndose en las listas del antiguo Inem en los últimos 12 meses. No obstante, el dato de enero prácticamente triplica el aumento promedio de ese mes a lo largo de la última década (74.000 nuevos parados). Asimismo, la histórica caída de la afiliación a la Seguridad Social (-5% interanual) implica que la crisis ha borrado del mapa 980.000 puestos de trabajo hasta el momento.
Es decir, una destrucción laboral sin precedentes que, lejos de remitir, amenaza con intensificarse a lo largo de 2009. Y es que a este ritmo España contará con una tasa de paro próxima al 20% a finales de año frente al 15% actual, tal como avanzábamos en estas páginas el pasado verano.
Ni siquiera Trabajo se atreve ya a cuestionar la posibilidad de alcanzar la barrera psicológica de los cuatro millones de parados en breve, cuando hace apenas unos días descartaba por completo tal escenario. La crudeza de los datos esconde, sin embargo, el drama humano al que se ven abocados cientos de miles de familias que, día tras día, observan con desesperación la imposibilidad de reincorporarse a un mercado laboral languidecido y estático, mientras sus escasos ahorros se evaporan y el tiempo de subsidio llega a su fin.
La tragedia de este país es que del paro a la pobreza real apenas media un paso. Y ello, debido a la inmensa rigidez administrativa y fiscal que impone el sistema a la hora de poder contratar y despedir libremente mano de obra. De nada servirán los lamentos y la petición desesperada de Zapatero a los empresarios implorando confianza para frenar la debacle si el Gobierno se niega a afrontar este problema. Las reformas estructurales se han excluido de la agenda política y nada hace presagiar un cambio en este sentido.
El Ejecutivo insiste en despilfarrar el dinero de los contribuyentes a través de Planes E, cuyo resultado será un auténtico fiasco, al estilo Roosevelt durante la Gran Depresión. Mientras tanto, el dinero de las prestaciones se acaba, de modo que el Estado tendrá que recurrir nuevamente a la emisión de deuda pública (impuestos futuros) a fin de garantizar el cobro del subsidio de paro. Sin embargo, la receta de emitir bonos del Tesoro a diestro y siniestro también tiene un límite. Habrá que ver si las emisiones que prevé colocar Economía en la segunda mitad de 2009 y principios de 2010 encuentran comprador y, sobre todo, a qué precio.
De seguir por esta senda, Zapatero y su equipo empujan a España hacia el precipicio de la improductividad laboral, la marginalidad social y, desde luego, la pobreza. La incapacidad del Ejecutivo no sólo es manifiesta sino vergonzosa. Mientras España crea más de 2.700 parados nuevos al día, los políticos disfrutan de estabilidad laboral y un elevado salario a cargo de los contribuyentes a cambio de mentir a la ciudadanía sobre la gravedad de la crisis y dificultar hasta el extremo la ansiada recuperación económica.
El despido libre no sólo es necesario sino imprescindible. Con más de cuatro millones de parados el conflicto social estará servido y ahora, más que nunca, cabe recordar que con un crecimiento del PIB inferior al 2,5% anual nuestro actual modelo productivo es incapaz de generar empleo. El problema es que la recesión se prolongará durante 2010.
