Lo que está haciendo el Gobierno es cambiar las leyes para anular política e institucionalmente a un órgano controlado por la oposición.
El Gobierno ha aprobado el decreto ley que le habilitará para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco. Es el mayor de los fuegos artificiales con los que Pedro Sánchez está celebrando su llegada al poder. Es una decisión de carácter simbólico, se dice. Hay un terreno intermedio entre el cómputo de parados de Mariano Rajoy y la simbología necrófila de Pedro Sánchez que se llama política. Al primero no le interesó nunca. Y el segundo también parece sentirse cómodo con el consejo de Franco de no meterse en política.
Quizá sean las limitaciones que le impone al presidente el cómputo, éste estrictamente político, de sus apoyos parlamentarios. La política, en una democracia embridada por el Estado de derecho, tiene sus procedimientos. Éstos limitan la bestia del poder, y le otorgan un carácter predecible y estable. Y hacen más difícil que las decisiones sean impopulares. Y así es como tiene que gobernar Sánchez la nave socialista: por un cauce constreñido por las instituciones, y con un poder sobre el timón, el que le dan sus 84 diputados, muy limitado.
Ante esta situación, Sánchez ha optado por recurrir al atajo de los decretos ley. Es un recurso legal propio de cualquier gobierno, y el de Sánchez se ha apresurado a decir que todos antes que él han recurrido a ellos, y Rajoy más que nadie. Bien está que el gabinete socialista reconozca en su antecesor un ejemplo a seguir. Pero la cuestión aquí no es si el Ejecutivo puede redactar decretos ley, y en qué número, sino si lo hace ajustándose a derecho o no.
Siete decretos ha aprobado el Gobierno, y merece la pena recordarlos para entender qué está haciendo, y por qué.
El primero fue el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente. Y, verdaderamente, ¿qué urgencia puede ser mayor que la de que el nuevo gobierno controle la información en la radio y la televisión públicos?
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. El Ejecutivo ha marcado un nuevo rumbo en la política migratoria, con el objetivo no declarado de que se multiplique la llegada de inmigrantes, crear nuevos conflictos y esperar a que el PP haga un movimiento para descalificarlo como extrema derecha. El movimiento era tan urgente que ya lo ha hecho.
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos: transposición de una norma europea. Materia típica de un decreto ley.
Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género: “aplicar las medidas del Pacto contra la violencia de género”. Con esta medida, permite recibir ayudas sin denuncia previa en comisaría o en el juzgado, sino que basta una decisión administrativa con informes médicos o sociales.
Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo: atender a desempleados de larga duración, y permitir que sigan cobrando un subsidio. De nuevo, una materia típica de un decreto ley.
Real Decreto-ley para la exhumación de los restos de Francisco Franco. De modo que el gobierno socialista cumple la última voluntad de Franco, que no era la de ser enterrado allí, sino en el panteón familiar. Una decisión infinitamente justa, pues ante cualquier otra consideración debe primar la voluntad del finado. Una pena que no acompañe ese acierto con un intento de llegar a un consenso, y profundizar por esa vía en la reconciliación nacional.
De modo que, con dos excepciones, Sánchez ha recurrido al expediente del Decreto Ley para afilar su política, de carácter polémico y frentista. Y lo ha hecho saltándose las normas de nuestro ordenamiento jurídico, pues estas medidas sólo se pueden justificar si hay una urgencia en su entrada en vigor. El destino de los huesos del dictador ¿es una urgencia? ¿Lo es robarle al ámbito judicial una materia tan sensible como la familiar? El cambio en su política migratoria, legítimo, ¿merecía saltarse el trámite parlamentario? No hay una “extraordinaria y urgente necesidad” que justifique el recurso a esta vía legislativa.
En al menos dos casos, el del anterior jefe del Estado y el que permite a la Administración decidir, por su cuenta y sin concurso del sistema judicial, quién ha sido una víctima de maltrato, no hay ni asomo de intento en el Gobierno para que el uso de los decretos ley sean legales.
Todos esos decretos son provisionales: han de ser convalidados por el Parlamento. Sólo necesita una mayoría simple, y con Podemos, el PNV y los secesionistas catalanes suma incluso mayoría absoluta. Por otro lado, gobernar por DL y acudir al parlamento con los hechos consumados obligaría a los grupos que le prestan este trémulo apoyo a desmarcarse de la decisión ya tomada. Y a la vista de la fragilidad de esta coalición, podría convertirse en un estilo de gobierno.
Todo ello es grave. Pero lo es más aún el intento de anular al Senado. Sánchez ha visto la potencia inmediata de este instrumento, y pensaba aplicarlo para saltarse la capacidad de veto que tiene el Senado sobre el techo de gasto, que PSOE y Podemos quieren disparar para 2019. Pero la maniobra es tan burda desde el punto de vista jurídico, que incluso ellos se han visto obligados a rectificar.
Lo que han iniciado es un cambio en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que elimine la facultad del Senado de imponer ese veto. Cambiar una Ley Orgánica no es fácil, y más con el control que tiene el Partido Popular de la mesa del Congreso. Pero por lo menos no es una vía abiertamente ilegal.
Ilegal no es, pero el Gobierno inicia aquí un camino muy peligroso. Lo que está haciendo es cambiar las leyes para anular política e institucionalmente a un órgano controlado por la oposición. Pablo Echenique, de Podemos, ha llegado a decir que la mayoría popular en el Senado es espuria. Si no hubiéramos visto a los maestros de Podemos hacerlo en Venezuela, quizás cualquier suspicacia parecería exagerada. Pero no lo es.
Lo peor de este juego con las instituciones es que apunta a la concentración del poder en el gobierno. Se atisba una nueva teoría del poder, que es la de Podemos, según la cual ellos son los depositarios únicos de la voluntad del pueblo, y el gobierno en sus manos única fuente de poder. Ya advirtió Anthony de Jasay que la división de poderes es el santo grial de la teoría política. Depende en realidad de que la sostenga la cultura política de la sociedad. Y no está claro que la cultura democrática española sea tan fuerte.
