El razonamiento, por extendido e intuitivo, no es del todo cierto. El gasto y los déficits públicos no son nefastos por sus consecuencias futuras (que también) sino especialmente por sus efectos sobre el presente.
Todos coincidiremos en que si algo se ha agotado en los últimos meses ha sido el crédito. Las empresas endeudadas buscan un aplazamiento de sus obligaciones, las familias intentan refinanciar sus hipotecas con mejores términos y los emprendedores tratan de lograr un crédito con el que poder montar un nuevo negocio. De hecho, aun en el caso de que no quiera pedir prestado dinero directamente, si pretende por ejemplo vender su casa, desde luego le interesará que el crédito hipotecario vuelva a fluir para que la demanda por su inmueble crezca y pueda obtener un precio más elevado.
El problema es que para que alguien pueda pedir prestado dinero, otro tiene que ahorrar ese dinero y hoy el ahorro, pese a sus recientes repuntes, sigue siendo bastante escaso. Sólo cuando crezca y comience a destinarse a la financiación de proyectos empresariales suficientemente seguros y solventes, la crisis comenzará a remitir.
Familias y empresas lo saben. En tiempos de crisis su tendencia natural es la de ahorrar o "apretarse el cinturón", esto es, recortar gastos superfluos y amortizar tanta deuda como les sea posible. La economía privada se mueve en la buena dirección, aun cuando lo haga a distintos ritmos: en ocasiones de manera acelerada (como en Estados Unidos) y en otras de forma mucho más pausada (como en España).
Pero hete aquí que los políticos occidentales –y con particular intensidad Zapatero y Obama– se han empeñado en volvernos a endeudar con sus programas de gasto público. Todo el ahorro que la economía privada está generando y que podría convertirse en crédito destinado a financiar la recuperación, lo están acaparando con sus emisiones de deuda pública para sufragar programas que no vienen a cuento. Dicho de otra manera, las familias y las empresas están sufriendo una asfixia crediticia en buena medida porque los políticos disfrutan de un océano de crédito barato.
¿Y para qué desean los políticos ese crédito barato? El objetivo último, claro, es el de sufragarse la campaña electoral; el mediato rescatar a las empresas quebradas, construir algún polideportivo, seguir pagando subsidios de desempleo por negarse a aprobar la imprescindible reforma laboral y hacer como que están incentivando el crédito para las empresas que ellos mismos les han arrebatado en primera instancia.
El resultado será un despropósito: una economía hundida en su crisis y en sus nuevas deudas. Al fin y al cabo, que España necesite una reconversión de su estructura productiva para encarar la crisis –que la necesita– no significa que cualquier reconversión sea válida. Es necesario podar lo que sobra y abonar lo que falta: es decir, deben ser los empresarios quienes examinando el mercado finiquiten sus proyectos fallidos (aquello que se produce caro y se vende barato) y descubran las nuevas oportunidades de negocio (aquello que se produce barato y se vende caro).
Los políticos gastan sin orden ni concierto y sin tener en cuenta nada de lo anterior; no realizan el más mínimo análisis de rentabilidad –esencialmente porque no pueden– y como consecuencia dilapidan el escaso ahorro de la economía. Nos ofrecen serruchos cuando en esta operación necesitamos bisturíes.
Por consiguiente, no es indiferente que el crédito lo obtenga el Estado y no las empresas; el primero lo dilapida en proyectos de dudosa necesidad mientras que las segundas habrían efectuado el ajuste preciso que necesitamos.
La deuda pública no sólo hipoteca nuestro futuro, también enturbia nuestro presente. No es pan para hoy y hambre para mañana, sino hambre para hoy y hambruna para mañana.
