Como teatralizando una lucha de clases verbal en este 1 de mayo, el líder de UGT, Cándido Méndez, ha reaccionado a la acusación de que varios cientos de miles de parados españoles ni estudian ni trabajan (ni-ni), tildando a los empresarios españoles de in-in, es decir, de incompetentes e impotentes. Y ciertamente, lo de “impotentes” no lo pongo en duda: los empresarios (y también los trabajadores) son absolutamente impotentes frente al saqueo fiscal y la asfixia regulatoria que les impone el Estado merced al calor populista y liberticida de grupos de presión organizados como el que encabeza Méndez. Lo de “incompetentes”, en cambio, sí me genera mayores recelos.
Es obvio que muchos empresarios son incompetentes; muchos de ellos, de hecho, comienzan siendo tremendamente competentes y con el tiempo se vuelven incompetentes. Por fortuna, los mercados libres cuentan con un mecanismo muy sencillo para discriminar a los empresarios competentes de los incompetentes: la libre competencia. Los mercados no manoseados por el Estado se caracterizan por la libertad de entrada: cualquiera que sepa satisfacer las necesidades de los consumidores de un mejor modo que el resto de empresarios ya asentados, sólo tiene que lanzar su propuesta de valor al mercado… y competir. De este modo, justo, se logrará separar el grano de la paja: a los relativamente más competentes de los relativamente menos competentes.
Así pues, en un mercado libre, la incompetencia ajena se demuestra compitiendo y desplazando a los rivales, ya que, en caso contrario, uno corre el riesgo de que se le vaya toda la bravucona fuerza por la boca. Por supuesto, España dista de ser un mercado verdaderamente libre: en muchísimos casos no nos encontramos con libertad, sino con un sistema regulatoriamente oligopolizado y privilegiado; lo cual, claro, sólo constituye un muy fundado motivo para defender una amplia liberalización de nuestra economía, en contra de lo que, por cierto, vienen reclamando desde hace tiempo las centrales sindicales.
De ahí que si Méndez cree que el empresariado nacional es incompetente, lo tiene bastante sencillo: primero, reclamar una supresión de todas las barreras regulatorias a la competencia y, acto seguido, demostrar la incompetencia del empresariado nacional compitiendo con él. Si es capaz de hacerlo, si es capaz de pasar de gratuitas descalificaciones y de castigar a sus odiados empresarios patrios comiéndoles la tostada en su terreno, los consumidores y los parados se lo agradecerán: estará generando riqueza por mecanismos voluntarios y pacíficos, creando empleo y prosperidad.
Sucede, empero, que hasta la fecha Méndez no acumula demasiados galones como para acreditar una superior competencia empresarial frente a autónomos, pequeños o grandes empresarios de nuestro país. No ya porque su vida la haya pasado abrevando de la política y del sindicato, sino porque incluso la burocrática corporación sindical que lidera ha tenido que recurrir a la fuerza del Estado —en lugar de a la persuasión de los trabajadores— para medrar. Pese a las gigantescas barreras de entrada y de ejercicio que bloquean la libre competencia sindical en España (tan perjudiciales para el crecimiento de otros sindicatos menores como USO), la UGT necesita recurrir a los impuestos de todos los españoles para operar. Es decir, ni siquiera después de que el Estado la haya prebendado con un cortijo oligopolístico, la empresa sindical de Cándido Méndez ha sido capaz de captar suficientes clientes (afiliados) como para prosperar sin el maná presupuestario del Gobierno. ¿Es verosímil que, habiendo fracasado en su sector, pueda dar un salto exitoso a otros y desplazar a los “incompetentes” empresarios allí asentados?
En el fondo, Cándido Méndez no es más que el modelo de empresario-político que no compite en el mercado para generar valor a los consumidores, sino en la arena estatal para arrebatárselo a los consumidores; el modelo de empresario-político blindado de la competencia que, como en otros sectores regulados como el eléctrico o el financiero, construye su negocio sobre la base de los favores estatales y no del bienestar de sus clientes; el modelo de empresario-político que busca proteger su hacienda cortándoles legislativamente las alas a sus más competentes rivales; el modelo de empresario-político al que más le valdría callar en lugar de criticar sin base a los empresarios honestos que bregan diariamente por mantener a flote sus compañías a pesar del muy hostil clima institucional que empresarios-políticos como Méndez promueven desde sus lobbies.
