El Estado es, por naturaleza, muy desconfiado de los ciudadanos. En cualquier momento les puede dar por darse cuenta de cuáles son sus derechos, o lo que es peor, reclamarlos. Quizás sea esa la razón por la que muchas veces desde el Estado se fomenta una actitud reivindicativa, pero siempre de derechos supuestos y no reales que, llevados a la práctica, acaban curiosamente en un mayor poder del gobierno. Mientras tanto, el gobierno nos separa de derechos fundamentales con la esperanza, en ocasiones acertada, de que el desuso de su ejercicio acabe en olvido y dejadez, en abandono de los mismos.
¿Por qué digo esto? Porque los ejemplos son numerosos. Antiguamente la sociedad era más desconfiada del Estado. Cuando se quiso implantar por primera vez un catastro en Inglaterra, muchos ciudadanos de ese país pensaron que sería la antesala de una dictadura militar. Hoy llevan a cabo políticas más invasivas de nuestra intimidad y la sociedad apenas reacciona. Es más, es el Estado el que desconfía de los ciudadanos, como he dicho.
Un caso que me llama la atención es el que comentó en este mismo lugar Gabriel Calzada. Resulta que una directiva europea prohíbe a las empresas farmacéuticas dar información directa sobre sus productos a los consumidores. No es el único caso. Tampoco permite la publicidad del tabaco, que recientemente ha sido de nuevo restringida. En España no puede anunciarse un bufete de abogados. ¿Porqué ese ataque a la libertad de expresión? ¿Porqué impedir a los consumidores que recaben información directa de las empresas para que ellos, responsablemente, tomen las decisiones que consideren mejores?
A lo mejor la UE recela de que los ciudadanos tomen decisiones informadas y responsables. Precisamente eso es lo que nos sirve a nosotros, como consumidores, para salir adelante. Si se nos niega la información que puedan darnos otros, se nos está quitando injustamente medios para que podamos recurrir, en este caso, a los fármacos más eficaces. Nuestra salud, cuando está comprometida, puede verse privada por nuestra forzada ignorancia de los medicamentos más nuevos y eficaces. Y todo porque los burócratas de la UE prefieren que las empresas no den a los consumidores información sobre sus propios productos.
Y este sinsentido, ¿Porqué? ¿Cuál podría ser el objetivo de nuestros amantísimos funcionarios en Bruselas? Resulta que si los consumidores pudieran seguir el ritmo de innovación y mejora de la industria, si libre y responsablemente optaran por nuevos medicamentos más eficaces, el coste farmacéutico del sistema de la Seguridad Social se dispararía aún más. Y en lugar de reconocer ante los ciudadanos que la Seguridad Social es un timo perpetrado con el dinero de todos, en lugar de acabar con él y devolver a la sociedad la capacidad de libre iniciativa que tan bien funciona cuando se permite, prefiere crear un agujero negro en la información. Que los consumidores no sepan que tienen mejores soluciones que las existentes gracias a la innovación tecnológica, porque el coste podría ser tan alto que nuestro timo podría estallar por los aires.
La prueba de que esto es así es el pasaje de la directiva en cuestión, que reza: “Los Estados miembros podrán prohibir en su territorio la publicidad al público general sobre productos médicos, cuyo coste pueda ser reembolsado”, es decir, cuyo coste recaiga en última instancia en el Estado. Por si queda alguna duda del objetivo de esta cláusula, resulta que su nombre es La cláusula presupuestaria. ¿Dónde está aquí la libertad de expresión? ¿Dónde está la salud de los europeos, objetivo que la UE cita tanto y tan falsamente? Vergonzosamente ocultos. Lo que importa es que el tinglado no salte por los aires.
Creo que es hora de que hagamos nuestra la desconfianza y comencemos a reclamar nuestros derechos, como el de ser libremente informados y poder tomar decisiones responsables.
