Mohamed Atta, el jefe de los terroristas, fue multado en dos ocasiones en sólo un par de semanas en agosto de 2001, en dos lugares situados a una veintena de kilómetros el uno del otro. La primera de las infracciones la cometió en el condado de Broward y se le dio una citación que le obligaba a presentarse en el juzgado, cosa que, oh sorpresa inesperada, no hizo. De modo que se emitió una orden de arresto en su contra.
Poco después, en el condado vecino de Palm Beach, Atta cometía otra infracción de tráfico, pero no era detenido. Broward no había puesto su orden de arresto en ninguna base de datos que pudiera ser consultada por nadie más que por su propia policía local. De modo que el policía de Palm Beach le extendió otra citación y dejó que se marchara. Si la orden de arresto hubiera quedado automáticamente archivada en una base de datos accesible para todos los policías, aunque sólo hubiera sido a los de Florida, que es el estado donde dicha orden tenía validez, Atta hubiera estado entre rejas el 11 de septiembre.
Es algo similar a lo que en España sucede en la Justicia y que permitió al asesino de Mari Luz seguir libre para matar cuando debía haber estado entre rejas. La información salva vidas. Por tanto, si el Ministerio no se esfuerza por informatizar nuestra Justicia o jueces, funcionarios y fiscales oponen resistencia por temor a tener que reciclarse, o simplemente porque no les da la gana, están poniendo nuestras vidas en peligro, las de quienes les pagamos el sueldo, las de quienes justificamos que existan.
Pero aún hay otro paso que puede darse. Existe una disciplina informática llamada data mining, o minería de datos, que permite por medio de análisis de todo tipo encontrar patrones y tendencias interesantes en los datos en bruto. Las empresas lo usan continuamente, por ejemplo para evaluar qué personas tienen mayores probabilidades de responder a una oferta y por qué canal, en lugar de ponerse a llamar por teléfono casi al azar. Existen muchas aplicaciones para cualquier Gobierno como, por ejemplo, averiguar las declaraciones de la renta que tienen toda la pinta de ser fraudulentas para que sean éstas las que investiguen los inspectores.
Por supuesto, también se puede emplear para detectar no sólo terroristas sino todo tipo de criminales. Esto no significa que debamos entrar en una pesadilla orwelliana en la que una persona encontrada sospechosa por un proceso de estas características deba ser inmediatamente detenida e interrogada. No; simplemente se convierte en un candidato digno de ser vigilado con mayor atención. Parece una alternativa mucho menos dañina para nuestras libertades que poner cámaras por las calles y espiar el contenido de nuestras comunicaciones electrónicas.
