Pero todavía no tenemos constancia de ninguna dimisión, ninguna reprimenda, ni siquiera una disculpa. Sinde ha anunciado… que seguirá con sus planes inalterados. Ni que fuera la sentencia del antenicidio.
La política es el reino de la irresponsabilidad. Nadie paga por nada. Incluso normas como la Ley de Protección de Datos tienen excepciones para las administraciones públicas. Ni el Estado ni quienes forman parte de él, sea como funcionarios o políticos, padecen en sus carnes las consecuencias de sus malas acciones. No hay más que ver el Faisán.
El canon digital ha sido protestado con una rara unanimidad por opinadores profesionales y ciudadanos anónimos de todo el espectro político; aunque seguramente a mucha izquierda le haya molestado más que lo recaude una organización privada que el canon en sí. Los votantes de los partidos que han votado a favor lo aborrecen. Incluso ha surgido una iniciativa llamada #nolesvotes que pide que no se apoye en las urnas a PP, PSOE y CiU, responsables de la aprobación de la Ley Sinde. Pero no servirá de nada. Aunque les voten menos, ganará el PP, o el PSOE. No existe alternativa real en un sistema político organizado de tal modo que hay garantía de que no exista competencia a los partidos ya asentados. Rajoy y Zapatero podrán ser despreciados a modo, pero ningún tercer candidato puede aspirar a gobernar, a no ser que antes se convierta en califa del partido en lugar del califa actual.
No existe puesto más seguro que el de político o funcionario. Tienes que ser un delincuente para perderlo, y a veces ni eso. Evidentemente, un asuntillo de poca monta como que la Audiencia Nacional declare ilegal la regulación del canon es lo de menos. Hacemos otra norma, y punto. Y los súbditos afectados, que se aguanten y, a poder ser, no hagan mucho ruido.
