Muchos, sin duda, se habrán llevado las manos a la cabeza al descubrir que Podemos plantea la posibilidad de prohibir la Semana Santa en Sevilla, y sin embargo dicha propuesta constituye tan sólo una simple muestra de la naturaleza dictatorial que esconde el partido de Pablo Iglesias bajo el falso ropaje democrático que tanto airean.
La aplicación del ideario podemita no sólo se traduciría en una intensa restricción de la libertad económica, sino que, además, implicaría un retroceso brutal en el ejercicio del resto de derechos fundamentales del individuo, más allá del uso y disfrute de la propiedad privada, tales como la libertad religiosa, la libertad de expresión y, en última instancia, también la libertad política. Las ideologías totalitarias conducen a sistemas totalitarios, siempre y en todo lugar, y Podemos no es una excepción.
Basta observar con atención las palabras que han suscitado esta particular polémica para percatarse de la verdadera catadura de dicha formación. En una entrevista publicada por El Mundo, la secretaria de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, afirmaba lo siguiente:
Si gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán (…) En Podemos todo los decidimos los ciudadanos y las ciudadanas. Si se llegara a plantear esa cuestión serían ellos quienes lo decidirían.
Abría, así, la puerta a una votación sobre la prohibición de la Semana Santa.
Sus declaraciones levantaron al instante tal oleada de críticas e indignación, especialmente en Sevilla y el resto de Andalucía, que su autora no tardó mucho en intentar rectificar su colosal metedura de pata a través del siguiente tuit: "La Semana Santa es una tradición arraigada en Sevilla y formará siempre parte de nuestra cultura mientras la ciudadanía así lo quiera."
Y pocas horas después enlazaba unas declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual –costalero, curiosamente–, en las que criticaba la "lectura torticera y demencial" que se había hecho de sus palabras, ya que "los sevillanos nos sentimos orgullosos de nuestra Semana Santa". Pero la clave es que, a continuación, añadía esta reveladora aclaración:
Quizás aún no se ha entendido muy bien que nosotros nos creemos nuestro estatuto y nuestro ideario, y lo que decimos siempre es que las grandes decisiones que vayamos a tomar donde gobernemos las va tomar la gente.
Si se fijan, la pretendida rectificación no existe. Tanto Gutiérrez como su camarada Pascual coinciden en lo esencial. A saber, que la Semana Santa existirá mientras la mayoría de la ciudadanía/gente así lo decida, sin importar un ápice que su prohibición por vías democráticas constituya una violación flagrante de un derecho fundamental, como el relativo a la libertad religiosa y de culto, amparado por el artículo 16 de la Constitución. Dicho de otro modo, si Podemos gobernase en Sevilla y una parte de la población quisiera acabar con la Semana Santa por ser laica o porque, simplemente, no le gusta, Gutiérrez y sus acólitos defienden la opción de decidir su prohibición mediante una votación.
De hecho, llevado al extremo, ni siquiera haría falta celebrar un engorroso e incierto referéndum sobre esta delicada cuestión, bastaría con que Podemos defendiese dicha propuesta. Tras ganar las elecciones, sus dirigentes bien podrían alegar que las urnas ya les han otorgado la legitimidad democrática necesaria para impedir ese tipo de procesiones.
No sería la primera vez que ocurriera. El Gobierno de la II República proscribió las manifestaciones religiosas, expropió las propiedades de la Iglesia y prohibió el ejercicio de la enseñanza católica al amparo de una Constitución en la que el Estado imponía a la sociedad su laicismo. Bastaron unas elecciones generales y el consiguiente cambio de régimen para que unos derechos antes considerados inalienables pasaran a ser pisoteados por ley.
Si la garantía de los derechos y libertades más básicos depende del resultado de una votación, el individuo queda sometido a la voluntad de las mayorías y, por tanto, al Estado, erigido en máximo representante del pueblo, así como al reducido grupo de personas que, en última instancia, controla realmente el poder.
La democracia se convierte, de este modo, en dictadura. No en vano, si una mayoría social o el ayuntamiento de turno se arroga la potestad de prohibir una procesión, ¿qué impide a esa misma mayoría o al Gobierno que lo representa restringir la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad ideológica, la libertad política, la libertad de movimientos, la libertad de reunión, el derecho de asociación, el derecho a la vida…? Nada.
El problema es que ésta y no otra es la concepción de democracia que defiende Podemos. Su "democracia real" consiste en que el Estado decida sobre todo tipo de asuntos, incluyendo el alcance o supresión de derechos y libertades fundamentales, exacerbando con ello la capacidad de intervención, coacción y represión de la clase política sobre el conjunto de la población.
La "democracia real" que blande Podemos no es más que la versión actualizada de la democracia popular que imperó en numerosos países comunistas durante buena parte del siglo XX, una variante del socialismo real, de la manida democracia socialista del siglo XXI que tantos estragos ha producido en Venezuela y sus países satélite. Es decir, control total del Estado.
De lo que no cabe duda es de que son consecuentes con su ideología. Lo trágico es que su implantación se traducirá en menos libertad, tanto económica como política, en España. De hecho, la eliminación o restricción de la primera conlleva siempre la reducción o vulneración de la segunda.
En este sentido, no es casual que las economías menos libres del planeta sufran gobiernos dictatoriales o regímenes híbridos (mínima libertad política): Chad (puesto 165 del índice de democracia en 2012), República Centroafricana (157), República del Congo (155), Eritrea (153), Guinea (160), República Democrática del Congo (159), Venezuela (95), Guinea-Bissau (166), Benín (79), Haití (116), Níger (111), Angola (133), Zimbabwe (148), Yibuti (147), Burundi (125)…; mientras que, por el contrario, las economías más libres son también las más democráticas, salvo contadas excepciones: Singapur (puesto 81 del índice de democracia en 2012), Hong Kong (63), Nueva Zelanda (5), Estados Unidos (21), Dinamarca (4), Noruega (1), Reino Unido (16), Corea del Sur (20), Islandia (3), Irlanda (13), Finlandia (9), Arabia Saudita (163), Canadá (8), Suecia (2), Australia (6)…
Dicho de otro modo, la libertad económica garantiza, con una probabilidad superior al 90%, la existencia de plena libertad política, mientras que el control estatal de la economía que tanto defiende Podemos conduce siempre a la instauración de regímenes dictatoriales o autoritarios.
