En buena medida, los socialistas no han dudado en arrogarse la representación de determinados colectivos que dicen haber sido perseguidos y maltratados por la moral conservadora; minorías que, en este sentido, merecerían toda la protección necesaria que pueda ofrecer el Estado "social" de Derecho y que se suele plasmar en las llamadas "normas de discriminación positiva".
Uno sigue sin ver por qué tales individuos necesitan una protección específica distinta de la que merece toda persona. Es más, uno sigue sin entender los supuestos beneficios derivados de una discriminación positiva que petrifica un status diferenciado para esas personas y las separa, aún más, del pretendido objetivo de la integración.
¿Es que acaso, por referirnos a los homosexuales, mantener una relación con una persona del mismo sexo es un detalle tan sumamente relevante que requiere de unas normas diferentes y particulares? (por no hablar de las imprescindibles subvenciones destinadas a los que se proclaman portavoces legítimos del colectivo). ¿Es que hay que proteger a la mujer en tanto que supuesto eslabón secularmente débil de la sociedad occidental, y no en tanto que persona?
Ahora bien, cuando la legislación objetiviza la pertenencia de las personas a determinados grupos atendiendo a lo que considera características "relevantes" está condenándolas a que la gente siga centrando su atención en esa característica especial o extraña. Más que colaborar en que determinadas conductas sean socialmente aceptadas, la discriminación positiva sanciona normativamente la diferencia.
Entonces se produce una curiosa simbiosis entre los individuos afectados y los políticos. Si, al menos en teoría, el objetivo primigenio de la coacción política consistía en integrar "por la fuerza" a algunos individuos, en el momento en que se concede privilegios a determinados grupos sociales (por ejemplo, asegurando un 50% de las plazas de la Administración o pudiendo alegar un despido discriminatorio por razón de sexo o de orientación sexual), los mencionados beneficios, otorgados por los políticos, exceden, en mucho, el coste de la "falta de integración social".
Si la llave para continuar recibiendo ayudas y regulaciones favorables se encuentra en seguir siendo "diferentes", algunos de esos individuos (ni mucho menos todos) se encuentran abiertamente dispuestos a perpetuar el "hecho diferencial" para así asegurarse los beneficios de la "discriminación positiva".
De la misma manera, el gobernante de izquierdas –cuyo máximo objetivo es retener y ampliar su poder político– sabe que, en tanto se produzca una "efectiva" integración, la razón originaria de la discriminación positiva (y, por tanto, su capacidad para crear lazos clientelares y para hacer y deshacer las vidas ajenas) desaparecerá.
Ni unos ni otros están particularmente interesados en terminar con la discriminación. Como de costumbre, los objetivos de la intervención estatal (al transgredir las leyes económicas y los principios generales del derecho) no sólo no se cumplen, sino que agravan la situación de partida.
El PSOE y la izquierda en general han sido los abanderados de esa "discriminación positiva" durante mucho tiempo. Su propósito –al menos el declarado– era remoralizar a la sociedad rompiendo los prejuicios sociales de cientos de años. Como hemos visto, si en alguna medida estos "prejuicios" han ido cediendo en nada se ha debido a la acción política, que sólo acrecienta la animadversión hacia los "niños mimados" del Estado.
Ahora bien, tras su experiencia con la "discriminación positiva", con la moralización social a golpe de BOE, la izquierda ha adquirido una práctica sumamente nociva para la libertad: el Estado puede ser usado para que los valores morales de la sociedad, sus pautas de conducta, sus ilusiones y sus finalidades, sean moldeados a gusto del político.
Y esto, en ocasiones, supone no sólo una concesión de prebendas a ciertas personas (por supuesto, la contrapartida de todo privilegio es que otras personas salen perjudicadas; la política siempre beneficia a unos a costa de los demás), sino la persecución de otros individuos que no se ajusten al ideal moral del sabio gobernante.
El político se siente legitimado para utilizar la represión con la finalidad de adaptar las pasiones del ser humano a sus moldes de rectitud moral. Los díscolos podrán ser reprendidos, estigmatizados y perjudicados en todas aquellas actividades que, aunque legítimas, no satisfagan al burócrata de turno.
No obstante, en la era democrática los políticos quedan subordinados al llamado "interés general". Su actuación, su entera existencia, depende de la consecución de ese fin. Es necesario, pues, conciliar la moralización social con el interés general, asentar la represión en el bienestar colectivo. Y precisamente esta fusión entre moralización política e interés general da lugar a un perverso juego. El anarquista decimonónico Lysander Spooner, al comparar el Gobierno con el salteador de caminos encontró una diferencia, favorable a este último:
"Lo único que pretende es ser ladrón. No acumula desvergüenza suficiente para proclamar que es vuestro ‘protector’, y que se apodera del dinero de los ciudadanos contra su voluntad sólo para ‘proteger’ a estos fatuos viajeros (…) No insiste en seguiros por la carretera y en contra de vuestros deseos (…) No persiste en protegeros a basa de ordenaros que os inclinéis ante él y le sirváis; a base de ordenaros hacer esto y prohibiros hacer aquello (…) En una palabra: se contenta con robaros, no intenta convertiros en su bufón o su esclavo".
Siglo y medio antes de que las políticas de discriminación positiva tomaran cuerpo, Spooner ya había anticipado sus peores rasgos. El Gobierno no se limita a coaccionarnos, quiere que le reconozcamos su esfuerzo y dedicación; que disfrutemos mientras nos reprime y entendamos las causas de semejante coacción. Quiere, en pocas palabras, que amemos al Gran Hermano.
Esta peligrosa tentación que tan bien entrevió Spooner fue posteriormente desarrollada por Isaiah Berlin en su famoso ensayo Dos conceptos de libertad. Al criticar el concepto de libertad positiva, efectuó estas observaciones:
"Se han señalado en muchas ocasiones los peligros que entraña el usar metáforas orgánicas para justificar la coacción de algunos hombres sobre otros con el fin de elevarlos a un nivel ‘superior’ de libertad. Pero lo que hace que este tipo de lenguaje resulte convincente es que reconocemos que es posible, y a veces justificable, coaccionar a determinados hombres en nombre de algún fin (digamos, por ejemplo, la salud pública o la justicia), fin que ellos mismos buscarían si fueran más cultos, pero que no lo hacen por ceguera, ignorancia o corrupción".
Este modo de pensar, tan característico del intervencionismo y la planificación socialistas, da lugar a una suerte de paradoja de la represión:
"Esto facilita que me pueda concebir coaccionando a los demás por su bien, en su propio interés, no en el mío. Estaría entonces afirmando que conozco mejor que ellos cuáles son sus verdaderas necesidades. En último término, eso implica que no se resistirían a obedecerme si fueran tan racionales y sabios como yo y si comprendieran sus propios intereses como yo lo hago".
El perverso juego del que hablaba antes es esta especie de mesianismo dirigista que impregna a la izquierda. Cuando el malvado hace daño, es posible que se detenga en el linde insuperable de su moralidad; cuando el tonto hace daño y cree estar haciendo el bien, su amenaza no conoce límites.
La izquierda, que en su momento se consideró protectora de ciertos individuos (y cuyo corolario fue desprotegerlos todavía más frente a la sociedad), se está convirtiendo, en estos momentos, en un azote de "herejes", en una especie de neoinquisidor que persigue a todos aquellos individuos que se salgan del redil.
Día a día observamos cómo la persecución contra los conductores, los fumadores, los bebedores de alcohol, o los periodistas, se acrecienta. La regulación estatalista restringe cada vez más su ámbito de actuación. Hay que evitar que se fume, pues provoca cáncer; hay que evitar que la gente se emborrache, porque resulta degradante; hay que evitar que se hable por el móvil mientras se conduce, porque incrementa la posibilidad de accidente.
En cierto modo, se planifica la vida de las personas, impidiéndoles que asuman riesgos para alcanzar fines que valoran más. La cruzada contra todos aquellos que se salgan del molde socialista es ya una realidad.
Es cierto que el conservadurismo no es ajeno a esta batalla, y que comparte, en buena medida, sus objetivos. Sin embargo, una parte significativa de los conservadores siempre ha sido consciente de las limitaciones del intervencionismo estatal. Saben que la coacción estatal es del todo inútil, incluso nociva para sus intereses.
De ahí que los procesos inquisidores se desarrollen, especialmente, bajo gobiernos de la izquierda. Su mesianismo y su fe en el Estado son la combinación más peligrosa que quepa imaginar. No sólo creen que deben reprimir al ser humano, sino que pueden hacerlo. Estas medidas inquisitoriales son lo que podríamos llamar el inicio de la "discriminación negativa". El nuevo juguete coercitivo de la izquierda.
