Acaba de prometer José Antonio Monago que les rebajará el IRPF al 90% de los extremeños debido al avanzado estado del saneamiento financiero de la región. Albricias. Al parecer, y atendiendo a la mayoría de los titulares de la prensa española, el Motín del Té patrio acaba de estallar en Mérida: la rebelión contra los sablazos fiscales de Montoro ya ha pasado de las palabras ‘aznarianas’ a los hechos ‘monaguescos’ y amenaza con extenderse a otras regiones españolas como Cantabria. Por fin, cabría exclamar. Pero no: sucede que la cruda realidad tiene bastante poco que ver con esta estupefaciente ficción.
Dos consideraciones previas
Primero, no deberíamos olvidar que España sigue al borde de la suspensión de pagos y que la consolidación presupuestaria debería seguir constituyendo la prioridad de ‘todas’ nuestras administraciones públicas. Dicho de otro modo: tal como ya hemos manifestado en otras ocasiones, toda reducción de ingresos debería ir precedida por un mucho más intenso recorte de los desembolsos dirigido a terminar de equilibrar nuestras cuentas. La Junta de Extremadura no sólo no ha aprobado disminuciones adicionales del gasto que le permitan sufragar la rebaja de 10 millones de euros en el IRPF autonómico, sino que ha incrementado otros que la duplican en importe: hace unas semanas, la Junta instauró la llamada “renta de inserción extremeña” dotada con un presupuesto (ampliable) de 13,2 millones de euros, y este mismo martes, al tiempo que prometía moderar el IRPF, Monago también anunció la creación de un “bono cultural” con un coste estimado de 8,4 millones de euros. En suma: lejos de financiar el menor IRPF recortando el gasto en 10 millones de euros, el PP extremeño lo ‘aumenta’ en 21,6 millones sólo con estas dos ocurrencias netamente socialistas.
Segundo, nunca deberíamos olvidar que Extremadura es la segunda comunidad autónoma (después de Canarias) que más se beneficia del disparatadamente redistributivo sistema de financiación autonómico que padecemos los españoles. Por ejemplo, en 2013 la capacidad tributaria de la región (la recaudación que teóricamente habría obtenido en función de los tributos que tiene cedidos) ascendía a 1.423 millones de euros, mientras que los recursos que finalmente le transfirió el sistema fueron 2.565 millones; por el contrario, Madrid podría haber recaudado 14.157 millones de euros sólo con los tributos cedidos pero finalmente sólo consiguió merced a la redistribución autonómica 11.145 millones. No deja de resultar paradójico que el gobierno extremeño pueda permitirse el lujo de bajar impuestos y de aumentar el gasto a costa de externalizar el coste de esas medidas a los ciudadanos de otras autonomías –como los de Madrid o Cataluña– que no pueden disfrutar de esa misma laxitud tributaria.
No, no es la austeridad de Monago lo que le permite reducir el IRPF, sino la austeridad que padecen parte de los ciudadanos españoles para sostener el infladísimo presupuesto extremeño. Infladísimo presupuesto que, para más inri, pervierte por completo los incentivos del Ejecutivo regional: lejos de mejorar la fiscalidad de los trabajadores más altamente cualificados con el propósito de atraerlos a una relativamente pauperizada región de España, se contenta con mantener una tributación salvaje para esos empleados a cambio de aliviársela de manera nimia a los no cualificados.
Una absoluta nimiedad
Y es que el coste estimado de la medida es de 10 millones de euros, cuando los ingresos del tramo autonómico del IRPF extremeño ascienden a 503 millones de euros: es decir, ni siquiera supone una devolución del 2% de lo recaudado. Todavía peor: si en lugar de relacionarlo con el tramo autonómico del IRPF lo hacemos con los ingresos no financieros totales de la Junta para 2013 (4.384 millones de euros), las cifras todavía son más burlescas: la revolución fiscal de Monago apenas representa el 0,22% del total.
Pero dejémonos de macrocifras agregadas y miremos la rebaja fiscal desde la perspectiva del extremeño de a pie. Según Monago, 430.000 extremeños (el 90% de los contribuyentes, quienes ingresan menos de 24.000 euros) se beneficiarán de pagar 10 millones menos en IRPF: es decir, cada contribuyente extremeño pagará una media de –¡atención!– 23 euros menos al año, esto es, 2 euros menos al mes. Dado que en 2010 (últimos datos disponibles), los contribuyentes con ingresos inferiores a 24.000 euros anuales abonaban una media de 1.200 euros por IRPF, de nuevo nos encontramos con que la rebaja de 23 euros representa menos del 2% de su tributación sobre la renta. Buen momento para repetir la justificación que ofreció Monago para rebajar el IRPF: se trata de una reducción “para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer con su dinero”. Bueno, más preciso sería haber dicho que se trataba de una reducción “para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer ‘con 23 euros de su dinero”.
Hacia el populismo tributario
Entiéndanme: por supuesto que uno prefiere que los impuestos bajen o, al menos, que no suban todavía más. Pero vender a bombo y platillo esta ridiculez es no sólo un insulto a los extremeños, sino a todos los otros españoles que contribuyen a costearla. Peor: es una manera de tratar de aplacar el creciente descontento social hacia una política fiscal liberticida vendiéndoles a los contribuyentes que ya se está produciendo un cambio de rumbo dentro del PP. No: ahorrarles el pago de 2 euros mensuales a algunos extremeños no es bajar impuestos, sino una grotesca maniobra de populismo tributario.
La misma grotesca maniobra, por cierto, que parece estar barajando utilizar el PP nacional para perpetrar el incumplimiento de su reciente compromiso de revertir sus brutales rejonazos fiscales. Presto ha salido Montoro a prometer que la corrección impositiva se centrará en “reducir la fiscalidad a los que menos renta tienen”. ‘Equilicuá’: dado que el 70% de los españoles gana menos de 24.000 euros y apenas aportan un 22% de la recaudación total del IRPF, Montoro lo tiene bien fácil para repetir la farsa de Monago. Renunciando a apenas 300 millones de euros, podría salir a la palestra al grito de: “¡Misión cumplida! ¡Hemos bajado los impuestos a la mayoría de españoles!”.
No, ése no es el camino. España necesita de una auténtica revolución tributaria que sólo puede darse con un adelgazamiento enérgico del gasto público y de las funciones del Estado. No sólo hemos de erradicar nuestro gigantesco déficit público por el lado del gasto, sino que hemos de recortar lo suficiente como para posibilitar una sustancial rebaja de impuestos. Ni PP ni PSOE están dispuestos a limitar el tamaño y las competencias del Estado en tal grado: su objetivo no es maximizar la libertad y la prosperidad de los españoles, sino el control político que ejercen sobre ellos. Por eso, en lugar de afrontar con urgencia la reforma del sector público, en el PP se limitan a tapar su expolio fiscal con el populismo tributario. Que no nos compren con apenas una cucharada de lentejas.
