De todos es sabido que Zapatero tenía debilidad por lucir con la elite política, sindical y empresarial. Ya fuera por su complejo de inferioridad o por su natural inclinación a la teatralidad, lo cierto es que al expresidente del Gobierno le gustaba rodearse de destacadas personalidades –gran contraste con la mediocridad imperante en su gabinete–; trataba así de reforzar con imágenes sus erróneas medidas económicas, al tiempo que vendía a la opinión pública su particular talante dialogante. Memorable fue, por ejemplo, la reunión extraordinaria que organizó a finales de 2010 con los principales empresarios de España para mostrar al mundo entero que el Gobierno socialista español estaba haciendo algo contra la crisis, aunque nadie supiese exactamente qué.
Por desgracia, Rajoy ha heredado algunos de los defectos de su antecesor. Sin ir más lejos, el Ejecutivo popular escenificó el pasado martes un paripé propio del marketing socialista para anunciar a bombo y platillo su última ocurrencia en lo relacionado con la lucha contra el paro. Bajo el original rubro de Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, el plan beneficiará a un millón de jóvenes hasta 2016, según las estimaciones del Gobierno. El programa contempla un total de 100 medidas –un número redondo, no escogido al azar–, entre las que destacan bonificaciones fiscales y rebajas tributarias pensadas para fomentar la contratación y la creación de empresas.
Lo primero que chirría es, precisamente, que este plan no esté formado por 10 o incluso 30 medidas, sino exactamente por 100. Evidentemente, el Gobierno trata de transmitir el mensaje de que el desempleo le preocupa mucho. El problema es que un mínimo análisis del contenido demuestra que es poco más que una mera declaración de buenas intenciones, sin apenas concreción y, aún menos, utilidad práctica. Además, ¿por qué beneficiar a los parados menores de 30 años y no a todos los desempleados?, ¿qué sentido tiene tal discriminación y arbitrariedad?
Por otro lado, no deja de ser contradictorio, por no decir surrealista, que el presidente que ha aprobado la mayor subida fiscal de la historia de España, con la excusa de la reduccción del déficit, sea ahora quien defienda a capa y espada que bajar impuestos es positivo para crear empleo y riqueza. Rajoy debería aclarar sus ideas o, mejor aún, destituir a su ministro de Hacienda, ya que, de ser cierta tal aseveración –que lo es–, estaría reconociendo de forma implícita que su brutal política fiscal aumenta el paro y empobrece a los españoles, aparte de que no logra reducir el déficit.
Por último, aunque reducir impuestos es positivo y, por tanto, parte del plan es digno de aplauso, una de sus claves poco difundidas es que tendrá un coste de 3.500 millones de euros para el contribuyente. Es decir, lo comido por lo servido, pues las bajadas impositivas serán sufragadas con más gasto público. Por otro lado, tenemos nuevos contratos laborales y un aumento del intervencionismo y de la complejidad burocrática para tratar de afrontar un problema cuya solución es mucho más simple; bastaría con introducir una simple cláusula en la engorrosa y prolija legislación laboral para que la tasa de paro empezase a caer con fuerza de inmediato: "Será de aplicación la legislación laboral siempre y cuando no exista pacto en contrario por parte de empresario y trabajador". O dicho, de otro modo, "primará el contrato entre las partes sobre toda regulación laboral". Dos simples frases para crear empleo neto sin necesidad de que Rajoy comparezca junto a patronal y sindicatos para hacerse la foto más cara del mundo… ¡3.500 millones de euros!
