Los políticos españoles, de toda clase y condición, se niegan a explicar la realidad de nuestro sistema de pensiones.
El Pacto de Toledo se ha vuelto a reunir esta semana para diseñar el nuevo hachazo que sufrirán contribuyentes, cotizantes y futuros jubilados españoles por culpa del ruinoso y esclavista sistema público de pensiones. Ruinoso porque este pilar que sustenta el Bienestar del Estado, a diferencia de lo que dicen los políticos, ha quebrado varias veces, si por quiebra se entiende, como debe ser, el incumplimiento de un contrato o promesa. No en vano, en los últimos 30 años se ha pasado de exigir 10 años de cotización para cobrar el 100% de la pensión a exigir 37; de calcular la pensión teniendo en cuenta los dos últimos dos años cotizados a hacerlo considerando los últimos 25 –y subiendo–; de cifrar la edad de jubilación en 65 años a situarla en los 67. Y es esclavista porque, a diferencia de lo que desea casi todo el mundo, que no es otra cosa que retirarse de la vida laboral cuando uno desee, condena a los españoles a trabajar más años y cotizar más para, a cambio, recibir una prestación pública cada vez más baja.
Así pues, la hipocresía de los políticos con el tema de las pensiones es triple. El primer gran engaño consiste en ocultar a la opinión pública el brutal recorte que experimentarán los jubilados a medio y largo plazo. Puesto que la sostenibilidad del modelo de reparto depende, en última instancia, de la ratio entre cotizantes y pensionistas, el grave declive demográfico que registrará el país en las próximas décadas se traducirá, sí o sí, en pensiones cada vez más bajas. En concreto, las reformas aprobadas en 2011 y 2013 supondrán un recorte medio de entre el 30% y el 60%. Los españoles pasarán de cobrar más del 80% de su último sueldo al llegar la edad de retiro a cerca del 50%, o incluso menos. Es decir, su nivel de vida caerá a la mitad con respecto al de su vida laboral.
Los políticos españoles, de toda clase y condición, se niegan a explicar esta realidad. Y la segunda gran hipocresía aquí es que a ellos poco o nada les importa, puesto que no resultarán afectados. Los patrimonios de sus señorías están muy por encima de la media nacional; pero es que, además, la mayoría de los diputados todavía cuentan con ciertas prebendas que les garantizan un retiro dorado. Muchos de estos privilegios fueron anulados en 2011, pero los políticos que estuvieron en activo hasta entonces siguen gozando de pensiones parlamentarias, que les garantiza la prestación máxima tras siete años en el Congreso, así como determinados complementos y elevadas indemnizaciones por cese –de hasta 70.000 euros–. Si a todo ello se suma que entre el 40 y el 75% del sueldo real de diputados, senadores y, en general, cualquier cargo de representación pública goza de exención fiscal, gracias a las abultadas dietas que cobran sus señorías, es evidente que muchos no dependerán exclusivamente de la Seguridad Social para mantener un alto nivel de vida una vez jubilados.
Sin embargo, la tercera y mayor hipocresía de todas ya no es el hecho de que oculten a los españoles las míseras pensiones que garantiza este particular sistema, estando ellos blindados de antemano, sino que ni siquiera admiten que es fundamental ahorrar cuanto antes y en la mayor medida posible de cara a la futura jubilación para poder complementar dichas prestaciones públicas. El gobernador del Banco de España (BdE), Luis Linde, ya advertía en 2015 de que era muy importante «hacer entender a los jóvenes que tienen que ahorrar, porque la pensión media será cada vez menor de forma inevitable, debido al declive demográfico». El actual modelo de reparto conducirá «de modo inexorable» a la reducción de las prestaciones en términos reales (descontando la inflación), insistía.
Lo trágico aquí es que, en lugar de respaldar las sabias recomendaciones de Linde, PP, PSOE y el resto de fuerzas políticas coincidieron en criticar duramente al gobernador. Y eso que ni siquiera se atrevió a proponer la sustitución del modelo de reparto por otro de capitalización, elevando con ello el patrimonio de los españoles y garantizando pensiones medias de entre 3.000 y más de 7.000 euros al mes. Hay que tener muy poca vergüenza y muy pocos escrúpulos para hacer semejante despliegue de desfachatez con el tema de las pensiones y seguir durmiendo a pierna suelta; pero, por desgracia, éste y no otro es el caso de nuestros políticos.
