Pero la situación no es tan clara. La detención y deportación de Zelaya por el Ejército se produce en un contexto político muy concreto. Zelaya veía próximo el fin de su mandato que coincidía, necesariamente, con el fin de su presidencia, ya que la Constitución impide en ese país, como en otros, la reelección. Zelaya, un satélite de Hugo Chávez en el país, no estaba dispuesto a aceptar su destino, de modo que convocó un referéndum para saltarse ese mandato constitucional y presentarse una segunda vez a las elecciones presidenciales.
Es aquí donde se genera el conflicto, porque su referéndum fue declarado ilegal tanto por el Tribunal Supremo como por el Congreso, pero ello no le paró. Estaba dispuesto a convocarlo, aunque fuera nulo de origen, al no contar con base legal. Si estaba dispuesto a cambiar la Constitución con un referéndum ilegal, y a despreciar a instituciones fundamentales del Estado como el Tribunal Supremo o el Congreso, ¿tendría escrúpulos para falsear el resultado de esa consulta pública? No lo creo.
Es más, la detención de Zelaya por el Ejército no es la típica intromisión del Ejército en los asuntos políticos, sino que fue ordenada por el propio Tribunal Supremo, que comprobaba cómo el presidente estaba dispuesto a saltarse la ley. El Ejército tiene como una misión primordial en una democracia mantener el orden constitucional cuando el Ejecutivo lo ponga en riesgo, y en este caso no ha tenido que ser el propio Ejército quien interprete que ésa es precisamente la situación, sino que la decisión estaba ordenada por el máximo órgano judicial. La democracia no son sólo una sucesión de elecciones y plebiscitos, sino sobre todo, y ante todo, el mantenimiento del orden constitucional. Y aquí quien actuó contra las normas fue Zelaya, y el encargado de defenderlas, el Ejército.
Tiene gracia que el presidente, depuesto por el Congreso, haya hecho un llamamiento a la desobediencia civil, un derecho que nos asiste a los ciudadanos frente a cualquier forma de poder. Zelaya, llegado el caso, sería el primero en aplastar el derecho de los hondureños a ignorar sus medidas políticas, si las considerasen injustas.
