El ejecutivo de ZP ha manifestado que revisará la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) para "potenciar la competitividad". Para la LDC: “la defensa de la competencia […] y en su caso, de la planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos…”. Parece extraído de un discurso económico de Hitler o Lenin.
Pocas absurdidades hay como “potenciar la competencia” mediante una restrictiva y partidista ley. La mejor garantía para “la competencia”, es que el estado desaparezca del mundo de la producción. La LDC no vela por el bienestar de la competencia, productor ni consumidor; sino por el control del estado sobre el grupo. El mercado y el político siempre toman acciones para su propio bienestar, pero mientras que el primero nos enriquece a todos, el segundo sólo beneficia al burócrata a costa de nuestro dinero.
El libre comercio nace de las necesidades y acciones voluntarias de la comunidad. El consumidor siempre tiene unas preferencias en relación a su utilidad y recursos. Y el empresario es quien descubre qué le falta a la comunidad para ofrecérselo y ganar un beneficio. Empresario y consumidor se complementan mutuamente de forma natural y libre sin leyes ni imposiciones.
Así, el empresario continuamente ha de estar mejorando para no ser desbancado, sino, otros tomarán su relevo adaptándose a la diversidad de la comunidad. El CD de música no sustituyó al disco de vinilo por ley; las compras por Internet no nos ofrecen productos más baratos por ley, sino gracias a la libre iniciativa privada. ¡Lo que no se ha legislado es lo que más ha avanzado y donde mejor se ha beneficiado al consumidor! Imagínese hasta que punto podría llegar a desarrollarse el mercado sin la interferencia ni extorsión estatal.
Si nos despojamos del estado y grupos de presión (que crean leyes como la LDC) ya no tendremos que temer a los monopolios. El libre mercado no crea los monopolios, sino el estado. El economista, y Premio Nóbel Milton Friedman lo expresó así:
“[De joven] como creyente en la competencia apoyaba las leyes antimonopolio pues pensaba que eran una de las pocas intervenciones deseables […] Pero a medida que vi lo que ocurrió, observé que estas leyes tendían a hacer exactamente lo opuesto. […] Con el tiempo he llegado a la conclusión que las leyes antimonopolio hacen mucho más mal que bien, y estaríamos mejor sin ellas”.
Las leyes a la competencia confiscan dinero y productividad a consumidores y oferentes creando: costes de transacción, tribunales inquisidores, inútiles requisitos legales, más burócratas, insalvables barreras al comercio, impuestos, endeudamiento nacional, corrupción política… En reacción al déficit del consumidor, se crea menos riqueza, aumenta la economía sumergida, desempleo, delincuencia, dependencia hacia el estado… En este entorno, el estado, se ha proclamado el caudillo indiscutible de qué y cómo se produce. Sus falsos lemas y nomenclaturas nos han vuelto a engañar.
Si el gobierno de ZP realmente quiere impulsar la competencia, la solución es más fácil que mil falsas reformas. Que elimine los trámites gubernamentales, licencias, aprobaciones y registros legales para que aflore la competencia de verdad; que elimine los impuestos a las empresas, sólo encarecen los productos y ponen en peligro la supervivencia de las pequeñas empresas; que elimine los impuestos a los particulares y así podrán acumular mayor riqueza; que elimine las leyes que castigan al comercio por "razones morales" (tabaco, alcohol, medicamentos, sexo…), que no sólo perjudican a ese tipo de productos y al consumidor, sino también a las industrias que se alimentan de éstas (agricultores, publicidad, intermediarios…). ¡Qué no cree más leyes, y elimine las actuales!
Las leyes, como la LDC, sólo favorecen al burócrata y grupos de presión. Si legislamos la competencia, aun diciendo que es para impulsarla, sólo una cosa es segura: la competencia será sustituida por la dictadura del planificador estatal.
