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La insostenibilidad fiscal de nuestra democracia

Publicado en El Español

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Uno de los problemas no resueltos de la historia de la economía desde hace, al menos, dos siglos, es la conciliación de la extensión del sufragio universal y la sostenibilidad fiscal de las economías en países democráticos.

Uno de los autores que expuso esta cuestión con más claridad fue Alexis de Tocqueville en su Democracia en América (1838, 1840)[*]. Para el autor francés, la extensión del voto, generalmente hacia las clases menos privilegiadas, podría tener como consecuencia el voto desinformado, que podría dañar gravemente la esencia de las democracias. Así que él veía esencial la prosperidad económica como seguro de vida de los regímenes democráticos.

Una prosperidad que venía inexorablemente de la mano de la extensión de la propiedad privada, la emancipación económica. «¿No es obvio que junto con la propiedad adquirirán esperanza en el futuro?».

Esta frase tan sencilla encierra el secreto de la economía: el juego de incentivos y expectativas. De esta manera, para Tocqueville, los votantes más pobres, que ahora son propietarios y tienen posibilidad de progreso, se darán cuenta de que hay que exigir a los gobernantes el empleo responsable de los recursos, y votarán sensatamente.

No se concebía el endeudamiento público como herramienta política, como reclamo electoral. Pero una visión pesimista de las ideas de Tocqueville, desarrollada por la Escuela de la Elección Pública, asume que la extensión del voto elevará la tasa de impuestos como proporción del producto interior bruto.

Como señala el profesor Pedro Fraile en un documento de trabajo en el que estudia estas cuestiones, los votantes pueden descubrir la «magia» de trasladar el peso de los impuestos a las futuras generaciones, se pueden formar grupos de presión que lleven a los gobernantes a gastar más, etc.

El segundo volumen de Democracia en América, publicado en 1840, está dirigido al análisis de las costumbres, moeurs, entendidas como «hábitos del corazón, opiniones e ideas que definen hábitos mentales», y cómo el desarrollo de unas u otras afecta a la salud institucional de las democracias.

Y es aquí donde creo que reside, al menos en parte, nuestro problema. Nuestro modelo mental se basa en la creencia de que puedo exigir determinados derechos y prestaciones a costa de lo que sea y a costa de quien sea. La «magia» de descargar los costes de hoy en las futuras generaciones es la norma.

La delegación de responsabilidades en un ente externo (público), presuntamente omnisciente, cuya gestión es moral, frente a las siempre cuestionables intenciones del individuo privado, es el pan nuestro de cada día. El progreso económico individual no ha traído un electorado consciente de la necesidad de exigir prudencia fiscal a nuestros gobernantes. Ni siquiera reclamamos que se gaste eficientemente nuestro dinero.

Por ejemplo, quienes defienden que el sistema de pensiones en España no está quebrado, porque con el fondo destinado a las pensiones se financian otras partidas, como las no contributivas, viudedad, el régimen agrario, van por el buen camino al pedir que las fuentes de financiación se apliquen a lo que se debe.

Pero, detrás de esa iniciativa está la justificación del aumento de los impuestos. No se investiga el impacto del gasto para reducir o eliminar el gasto estatal superfluo. Se mantiene el volumen de gasto y se descarga en los ciudadanos todo el peso. Eso o se incurre en déficit y se recurre a la deuda pública.

Y ese es otro punto de nuestro perverso modelo mental económico. La deuda es buena y hay que retribuirla porque permite aumentar el gasto. No hay que favorecer el ahorro que desemboca en inversión, es decir, en gasto en actividades sostenibles y generadoras de riqueza. La inversión es cosa de ricos y, por tanto, mala. Excepto si el inversor es el sector público, porque, como todo el mundo sabe, su moralidad, comparada con el sector privado, es infinitamente superior. Un despropósito.

El modelo mental (les moeurs de Tocqueville) de nuestra democracia está tan distorsionado que, cuando se produce una emergencia global como está siendo esta pandemia -no un shock a corto plazo, sino una situación que puede lastrar la economía durante décadas- y recibimos ayuda de la Unión Europea, la mayor preocupación de los analistas socialdemócratas más sensatos, como Luis Garicano, es si sabremos gastar «bien» las ayudas europeas.

Estamos tan acostumbrados a malgastar, que no está claro si sabremos aplicar esos fondos para solventar los problemas estructurales que se están agudizando, y que, previsiblemente, van a retenernos en el furgón de cola europeo durante mucho tiempo. Porque una de las consecuencias de nuestras creencias dogmáticas es que el corto plazo es la única realidad.

Flaco favor nos hizo John Maynard Keynes con su famosa frase según la cual, como a largo plazo todos estaremos muertos, no importa otra cosa que el aquí y el ahora. Contrasta con la imagen que sugiere Tocqueville del ciudadano desposeído en quien la propiedad privada y la mejora económica siembran esperanza en el futuro.

El tema no es secundario. Estamos hablando de la sostenibilidad fiscal de nuestro sistema democrático, es decir, de la autonomía financiera de la democracia. Pensar en la alternativa a la emancipación económica es plantearnos el sometimiento financiero a quien pueda comprar nuestras deudas, sea la Unión Europea, sea China.

En ningún caso es mi opción favorita. Yo soy partidaria de practicar la frugalidad con tal de ser independientes. Y eso no implica dejar de lado a nadie, sino desproveer a los nuevos privilegiados, a las clases extractivas, los rent seekers, de sus privilegios, sus chiringuitos, sus puertas giratorias y su poder. Restructurar el gasto, medir su impacto, ser serios con el dinero de los ciudadanos. Permitir el progreso real que, como creía Tocqueville, consolidará la democracia.

[*] La edición de Eduardo Nolla para el Liberty Fund es una joya.

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