Sin embargo, convendría que no nos fijáramos tanto en las promesas explícitas que realizaba el Gobierno y sí más en los efectos inevitables, aunque menos visibles, de esas mismas promesas. Tanto The Economist como, por supuesto, los socialistas parecen asumir que el gasto público tiene efectos positivos sobre la economía: si los agentes privados no gastan, el empleo cae, por tanto, debe ser el Estado quien ocupe su lugar y despilfarre por ellos. De esta manera se pretende evitar la destrucción de muchos puestos de trabajo, que la economía se mantenga a flote y que las familias y las empresas recuperen la confianza.
Lo que ninguno de los dos parece plantearse –o, si se lo plantean, lo disimulan muy bien– es que el gasto público puede destruir más empleos de los que crea. Recientemente, hemos tenido noticia de dos claros ejemplos que ilustran este efecto expulsión de la riqueza privada por los dispendios públicos.
El primero fue el estudio que varios profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, entre los que me incluyo, realizaron sobre los efectos de las energías renovables en España. En concreto, al haber orientado el sector eléctrico español hacia las energías verdes mediante la subvención pública, la economía española ha sufrido unas pérdidas que equivalen a una destrucción neta de 2,2 empleos por cada uno de los que se pretendía crear. Más gasto en energías renovables no nos proporcionó un mayor bienestar o una mayor riqueza: más bien al contrario, desvió los escasos recursos económicos desde allí donde eran más urgentemente demandados hacia donde no lo eran. Ni España ni ningún otro país pueden prosperar invirtiendo en energías caras: ¿acaso se sentiría más rico si, tal y como propone la Comisión Nacional de la Energía, la luz aumentara un 31% para sufragar el coste de las renovables?
El segundo ejemplo ha sido la restricción del crédito privado que han aplicado en general los bancos y cajas españoles para financiar las emisiones de deuda pública del Gobierno. De este modo, los agentes privados de nuestra economía, muy dependientes del crédito para mantenerse en funcionamiento, se han visto desposeídos del mismo porque Zapatero les ha regalado una lluvia de millones a los ayuntamientos para que gasten sin mesura. En otras palabras, el Plan E puede haber creado directamente 280.000 empleos, ¿pero cuántos ha destruido en otros sectores de la economía? Es más, ¿cuántos destruirá cuando deban subirse los impuestos para comenzar a amortizar las emisiones actuales de deuda?
No, el problema de la economía española no es que el Plan E haya sido demasiado pequeño, sino más bien que ha sido. Nos habría ido infinitamente mejor sin semejante agujero negro, aun cuando no hubiésemos reducido los impuestos con lo que nos habríamos ahorrado. La intervención pública en la economía –especialmente cuando va destinada a rescatar a los sectores en crisis que deberían reconvertirse– no le confiere un impulso, sino que le asesta una puñalada por la espalda.
En realidad, la solución es muy otra y también la apunta en parte The Economist: liberalización del mercado de trabajo y reducción del gasto público y de los impuestos. Pero ah, esto tendría poco que ver con la socialdemocracia y ya sabemos que nuestro presidente del Gobierno ha realizado una decidida apuesta personal (¿especulación política?) por la misma: si la socialdemocracia no nos proporciona remedio alguno, bien merece la economía colapsar. Y ya lo está haciendo.
