Si nuestro país le inspira cada vez menos confianza al inversor foráneo (caemos del puesto 17 del mundo al 35) y la facilidad que ofrece nuestra economía a las empresas a que accedan al capital también se degrada (del 17 al 43), es que algo va mal. España ha mantenido un alto ritmo de inversión, pero ha sido parca a la hora de proveer del ahorro necesario. Esa diferencia nos la proporcionaba el ahorro externo, que ha estado financiando el crecimiento español en los últimos años.
Ahora esa financiación nos va a salir cada vez más cara. Y si los inversores extranjeros no confían en nosotros, o lo hacen cada vez menos, sólo podremos compensarlo pagando una prima sobre lo que tengan que satisfacer, pongamos por caso, Alemania. De hecho ese es el caso, ya que la diferencia entre la rentabilidad de los bonos de nuestro vecino y los españoles se ha estado ampliando en los últimos meses. Sí, hay un riesgo país. Y es obvio que no tiene que ver con el tipo de cambio. Luego la diferencia está en otro lado. Quizás en la seguridad jurídica que ofrece España.
Ya nos avisó The Economist, que incidió en marzo del pasado año en que el brutal intervencionismo del Gobierno en las sucesivas ofertas para adquirir Endesa "no ha hecho ningún bien a la reputación de España entre los inversores internacionales".
El mercado se basa en la confianza, y ésta a su vez en la seguridad jurídica y moral. Un inversor ha de saber que tendrá el respaldo pleno de las instituciones en la protección de su capital. Si las normas son en principio justas y su cumplimento es previsible, todo es favorable. Si su aplicación depende del humor del gobierno de turno, la seguridad se esfuma y el inversor tiembla. Y con él nuestra economía.
