Los políticos y los medios de comunicación pasan de puntillas sobre la cuestión.
Entre los manejos de Pedro Sánchez para hacer ver que la derecha le ha echado a los leones (del Congreso) de Podemos más los nacionalistas, y los vetos cruzados de los partidos antes de la constitución de los Ayuntamientos, Cámaras regionales y gobiernos autonómicos, se ha producido una noticia. La Seguridad Social ha llegado a la quiebra.
La noticia dio el salto a las escaletas de los telediarios. Fue comentada con grave preocupación en alguna que otra tertulia. Pero ni mucho menos ha causado el revuelo de la boda entre Pilar Rubio y Sergio Ramos, por poner un ejemplo.
Es interesante el hecho de que la fuente de la noticia haya sido el Tribunal de Cuentas. No ha sido el Gobierno, cuya institución está tan politizada como los propios partidos que lo apoyan, sino un órgano independiente cuya función consiste en “la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable”, y cuya creación está prevista por la Constitución Española. Ha sido el automatismo de una institución lo que ha despertado la liebre.
Cuando lo hace el Tribunal de Cuentas, normalmente lo desvelado queda muy lejos de la actualidad, y la información carece de interés. Pero como lo de la quiebra de la Seguridad Social es un tsunami que avanza a un ritmo cuya unidad de cuenta son las décadas.
¿A qué se refiere el Tribunal de Cuentas con que la Seguridad Social está en quiebra? Lo que dice es que en conjunto tiene “un patrimonio neto negativo”, que es de 13.720,6 millones de euros. La institución ha llegado a esta situación tras haber perdido desde 2010 hasta 2017, año en el que se realiza la última contabilidad, una cantidad cercana a los 100.000 millones de euros: 99.503,2 millones; algo más de siete puntos y medio del PIB. El sistema tenía un “colchón”, el “fondo de reserva de la Seguridad Social”, que la tenaza de los ingresos a la baja y, sobre todo, los gastos al alza han acabado por agotar.
El Tribunal de Cuentas reviste esta grave situación con un desideratum, el anhelo de que entremos desde 2018 en un ciclo patrimonial positivo, como el que tuvo España entre las dos legislaturas de Aznar y la primera de Rodríguez Zapatero. Es cierto que gracias al crecimiento económico y a la reforma laboral de Fátima Bañez (2012), el empleo se está recuperando y el número de cotizantes supera ya los 19,4 millones de cotizantes, y que la cifra seguirá creciendo. Pero el pasivo del sistema crece también, y a un ritmo alarmante. El gasto anual en pensiones apenas superaba los 6.000 millones de euros, en 2017 rozaba los 9.000 y este año quedará por encima de los 9.500.
¿Por qué crece tan rápido el gasto en pensiones, si vemos en los medios de comunicación noticias sobre pensionistas a los que le crece su pensión apenas unos euros? Porque los que entran nuevos en el sistema lo hacen con salarios más altos; han contribuido más al sistema y pueden reclamar mayores pensiones. La última reforma de las pensiones corrige el cálculo, ampliándolo progresivamente hasta los 25 años. Ya se da por descontada la reforma que llevará el cálculo hasta toda la vida laboral.
La ministra en funciones de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho que “La Seguridad (Social) ni está en quiebra ni va a quebrar. No es una empresa privada, es una parte de la administración pública. Y desde luego está garantizado el pago de las pensiones”.
Que una ministra no sepa que las instituciones públicas pueden quebrar da la idea del nivel que tiene la política en España. Pero en lo fundamental, Valerio tiene razón. El activo de la Seguridad Social lo constituye la capacidad del sistema político de apropiarse de una parte de nuestra renta; si aumentan las exigencias del sistema, el expolio será de una parte creciente de nuestra renta.
Y esas exigencias son mucho mayores que las que tiene ya reconocidas el sistema, por lo que el pasivo de la Seguridad Social, teniendo en cuenta las necesidades futuras, son mucho mayores que las actuales. Algo que, eso sí, no ha dicho la ministra Valerio. Teniendo en cuenta esto, creo que el sistema está quebrado. Pero dependerá de la capacidad del sistema político de obligar a la sociedad a aceptar recortes en el sistema, por un lado, y aumentos de los impuestos, por el otro.
Todas las discusiones técnicas del Pacto de Toledo, de los informes de organismos públicos y privados, son una mirada con el microscopio al problema político subyacente: de todas las promesas del sistema, de todas las muestras de generosidad con lo ajeno en que consisten las promesas políticas, el sistema de las pensiones es la mayor de todas. Una promesa que ha ido demasiado lejos, que alcanza un dinero futuro que no existe, que exige crear una riqueza contra la que conspira el propio sistema político. Todo ello es posible porque tenemos una sociedad infantilizada, que llora exigiendo el caramelo prometido por mamá, y no quiere pensar en lo que cueste. Avanzamos sin mirar hacia adelante, porque no queremos asustarnos ni renunciar al caramelo.
Los políticos y los medios de comunicación pasan de puntillas sobre la cuestión. Quizá para no asustarnos. Quizá en la confianza de que la bomba de relojería no nos va a estallar a nosotros. Mañana será otra década, y ya veremos entonces. Mientras, no se preocupen y sigan circulando.
