PSOE y Podemos quieren meter mano a los beneficios fiscales que abundan dentro de nuestro sistema impositivo.
La deuda pública española cerró el mes de marzo en el 99% del PIB y previsiblemente concluirá el ejercicio por encima del 120%. El Banco de España acaba de instar a las autoridades españolas a que, cuando haya terminado la emergencia sanitaria, prioricen por fin la consolidación presupuestaria y la reducción del endeudamiento público: primero, eliminando el gasto superfluo o innecesario y, segundo, incrementando los impuestos. De acuerdo con la AIReF, en 2021, incluso una vez superada la crisis sanitaria actual y ya en pleno proceso de recuperación desde el pozo presente, el déficit público todavía superará los 100.000 millones de euros, de manera que, como también ha querido resaltar recientemente Hernández de Cos, el ajuste no se dará “con cambios mínimos o con figuras impositivas nuevas” al estilo del impuesto a las grandes fortunas de Podemos (cuya infladísima recaudación estimada por la propia formación morada es de 11.000 millones de euros) o del aumento ya pactado por PSOE y Podemos de los tipos marginales máximos del IRPF (con unos ingresos estimados de 328 millones de euros). Será necesario tocar, pues, “las figuras que tienen capacidad recaudatoria”, a saber, el IRPF y el IVA.
A este respecto, las cifras no dejan espacio a la duda: en el año 2018, el conjunto de impuestos existentes en España (dejo de lado las cotizaciones sociales) arrojó una recaudación de 276.424 millones de euros: y, de ellos, 170.289 millones de euros, el 62% del total, procedieron del IRPF (92.728 millones de euros) y del IVA (77.561 millones de euros). Si no se acomete el ajuste solo por el lado de los gastos (algo que, incluso habiendo voluntad, ya resultaría muy complicado: y, no habiéndola, ya se antoja del todo impensable), tocará subirles los impuestos al conjunto de la ciudadanía a través de modificaciones del IRPF y del IVA (sí, se les subirán los impuestos a los ricos pero no solo ni principalmente a los ricos).
¿Cuáles serán esas modificaciones? Evidentemente el futuro nos lo dirá, pero podemos acudir al último punto del acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos para acaso hacernos una idea:
10.8.- Estableceremos mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados y mejoraremos la eficiencia del gasto público, a través del Plan de Acción de la AIReF para la revisión del gasto (‘spending reviews’, beneficios fiscales, gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, infraestructuras de transporte e incentivos a la contratación). [Énfasis añadido en negrita]
Concretamente, PSOE y Podemos quieren meter mano a los beneficios fiscales que abundan dentro de nuestro sistema impositivo y cuyos efectos económicos están siendo analizados ahora mismo por la AIReF (se trata del primer informe de la Fase II de sus ‘spending reviews’, el cual será publicado antes del verano). Ese conjunto de beneficios fiscales suponen, de acuerdo con la propia institución, una merma recaudatoria para el conjunto de las Administraciones Públicas de más de 41.000 millones de euros anuales: si bien la entidad ha concentrado su análisis en 13 de ellos (los cuales ascienden a 23.500 millones de euros). ¿Cuáles son esos beneficios fiscales susceptibles de ser eliminados, o rediseñados muy profundamente, en medio de la “nueva normalidad” económica? Los siguientes:
- Incentivos a la I+D+i (Impuesto sobre Sociedades): 224 millones de euros
- Tipos reducidos de las cooperativas o de las Socimis (Impuesto sobre Sociedades): 618 millones de euros.
- Deducibilidad parcial de las donaciones de empresas (Impuesto sobre Sociedades): 115 millones de euros.
- Reducción por rendimientos del trabajo (IRPF): 731 millones de euros.
- Reducción por arrendamientos de viviendas (propietario) junto con la deducción por alquiler (inquilino) (IRPF): 405 millones de euros.
- Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (IRPF): 770 millones de euros.
- Tributación conjunta (IRPF): 1.117 millones de euros.
- Deducibilidad parcial de las donaciones de particulares (IRPF): 231 millones de euros.
- Deducciones de carácter social (maternidad, familia numerosa, discapacidad) (IRPF): 1.884 millones de euros.
- Tipo reducido del 10% (IVA): 8.668 millones de euros.
- Exención de tributación de ciertos gastos sanitarios y educativos (4.574 millones de euros).
- Exención de tributación de los servicios financieros (IVA): 3.946 millones de euros.
- Tipos reducidos en el Impuesto sobre Hidrocarburos (Impuestos Especiales): 390 millones de euros.
No es demasiado complicado observar que la mayor parte de esos beneficios fiscales, que PSOE y Podemos ya convinieron revisar dentro de su acuerdo de gobierno, no solo reducen la carga fiscal de las rentas altas sino también de las rentas medias y las rentas bajas. Eliminarlos, por consiguiente, supondría un considerable incremento de los impuestos que pagan también los ciudadanos más humildes. Y ni siquiera con ello lograríamos cerrar a medio plazo el agujero presupuestario actual: lo único que podemos esperar del Estado durante los próximos años es pagar más para recibir menos. Tengámoslo presente.
