Es difícil hallar calificativos para el desastre económico que suponen las cifras de desempleo. No ya sólo por el drama vital de (cada vez más) millones de personas en paro, sino por cómo va a terminar hipotecando el futuro de nuestro país en forma de trabajadores escasamente productivos debido a su nula experiencia laboral previa o a su progresiva pérdida de aptitudes por verse incapacitados a desplegarlas en su campo profesional. No es, desde luego, algo novedoso, pues el país lleva desde 2010 con una tasa de paro por encima del 20%, pero sí es una lacra que no ha dejado de empeorar desde entonces y, sobre todo, que se está convirtiendo en una plaga endémica.
Incertidumbre y Estado
Pero las altísimas cifras de paro que estamos padeciendo conllevan un problema añadido que termina por complicar definitivamente la cuestión y por arrastrarnos a un círculo vicioso de difícil salida. El elevado desempleo estructural es una de las fuentes de mayor incertidumbre personal que puede padecer un individuo y la incertidumbre (sobre todo en sociedades hiperestatalizadas como la nuestra, donde los ciudadanos apenas gozan de medianos patrimonios que les permitan resistir tan aciagos momentos) suele ir asociada a intensas peticiones de una mayor intervención estatal dirigida a aplacarla.
En una depresión deflacionaria como la actual, esa intervención tiende a ir dirigida o a impulsar planes expansivos del gasto que permitan colocar a los desempleados “en lo que sea” o a imponer todo tipo de rigidices y restricciones en los mercados para impedir cambios en las condiciones laborales de aquellos “privilegiados” que mantienen su empleo. Y si nada de lo anterior puede incrementarse de manera masiva, la presión social suele ir orientada a, al menos, conservar las intervenciones existentes.
España se encuentra precisamente en este último caso. El país se halla cerca de la bancarrota financiera y social, pero las reformas y los ajustes imprescindibles para salir adelante todavía están pendientes de aprobación: el déficit sigue superando los 70.000 millones de euros, el empleo público aún requiere de un ajuste adicional de unas 400.000 personas, la dualidad del mercado de trabajo permanece casi intacta, no se ha roto ni uno solo de los múltiples oligopolios sectoriales de los que viven muchísimos profesionales, las fraudulentas pensiones públicas que han devenido la única fuente de ingresos en muchas familias son absolutamente insostenibles, etc.
Se mire por donde se mire, el país no es viable en su forma actual, pero el drama del desempleo es de tal magnitud que pocos son los dispuestos a beber el amargo trago de las reformas y de los ajustes necesarios para volver a crear riqueza saneando los destrozos de la triple burbuja que padecimos. Y el primero que no quiere y que lleva resistiéndose a hacerlo desde el primer día es nuestro socialdemócrata Gobierno rajoyesco: las salvajes subidas de impuestos que hemos padecido y que han laminado a millares de empresas fueron una forma de minimizar “el impacto social” de los recortes, redistribuyendo sus costes; y las reformas aprobadas han tenido un carácter meramente cosmético (con la muy parcial, y en sí misma insuficiente, excepción de la reforma laboral), pensadas más para satisfacer a la burocracia bruselense que a las empresas españolas.
Asistencia en lugar de creación de riqueza
Lejos de tratar de alcanzar una economía que genere riqueza de un modo autosuficiente, el Gobierno y una parte muy importante de la sociedad están intentando conservar un insostenible Estado asistencial que reduzca los rigores de la crisis. El objetivo ambicionado, por consiguiente, no es sacar adelante toda una batería de reformas que permitan corregir los desequilibrios que, seis años después de estallar la crisis, todavía seguimos arrastrando, sino contentar a nuestros acreedores dándonos una capa de maquillaje para que así nos sigan prestando fondos y podamos seguir tirando unos cuantos meses más.
Pero, ¿hasta cuándo? Porque eso es justamente lo que no queda muy claro. El Gobierno parece confiar en una recuperación a lo largo de la segunda mitad de legislatura, de modo que no habría motivo para enemistarse más con los ciudadanos promoviendo medidas impopulares. Y muchos de esos ciudadanos sólo se preocupan –como es lógico– de su suerte individual: hay que postergar cualquier reforma y ajuste que pueda afectarles de lleno hasta, como mínimo, que encuentren un trabajo. El problema es que ni unos ni otros parecen darse cuenta de que las reformas y los ajustes en profundidad son precondición para que ambas cosas puedan suceder, lo cual nos lleva a que los razonables miedos y el menos razonable apego al Estado que suscita el desempleo tiende a dificultar las reformas necesarias y, por tanto, a autoperpetuarse.
En cualquier otro ámbito de nuestras vidas somos conscientes de que los giros copernicanos suelen resultar más necesarios y apropiados a la hora de enfrentar situaciones personales o profesionales desesperadas. Y es de sentido común: cuando algo te va muy mal es porque algo estás haciendo muy mal y, por tanto, cuando has de afrontar cambios más radicales. En política, sin embargo, nuestros gobernantes y gobernados toman la crisis no como el síntoma inequívoco de que no podemos perseverar en las equivocaciones que nos han conducido hasta el desastre (sobreendeudamiento, economía anticompetitiva, hipertrofia financiera, Estado niñera…) sino como justificación de que hemos de evitar corregirlos o, incluso, de que conviene catalizarlos para minimizar las dañinas consecuencias de la crisis. Pero, por ese camino, los daños no sólo no se minimizan, sino que se convierten en estructurales hasta que el sistema revienta y, entonces, los cambios se imponen por la fuerza de los hechos.
Por desgracia para España, hace tiempo que renunciamos a volvernos una economía generadora de riqueza y nos obsesionamos con conservar un Estado asistencial que nos permita resistir la crisis sin fracturas sociales. He ahí el resultado de preferir un estancamiento cohesionado a una recuperación dolorosa: al final, nos hemos quedado con un estancamiento doloroso del que cada vez cuesta más salir. Cerramos marzo con 6,2 millones de parados: 6,2 millones de parados que nadie tomará como la mejor razón para liberalizar verdaderamente el país y achicar su infinanciable Estado, sino para todo lo contrario. Esa es nuestra paralizante tragedia.
