Excluyendo a los interesados, todos disfrutamos de esta sensación cuando una pequeña tienda de informática barcelonesa venció en los tribunales a la todopoderosa SGAE al declararse ilegal en la Unión Europea la imposición indiscriminada del canon digital.
Ana María Méndez, la propietaria de Traxtore, se dejó la piel y algo más en la batalla. Perdió una de sus dos tiendas y despidió a sus ocho empleados, convirtiendo su negocio en una empresa familiar en el más puro significado de la palabra: ya sólo ella y sus familiares trabajan en ella. Pero la sentencia es clara: el canon es legal –injusto o no es otra cuestión–, pero no puede justificarse que se cobre indiscriminadamente a todos, incluyendo organismos públicos y empresas. Al fin y al cabo, este mecanismo se justifica bajo la presunción de culpabilidad, asumiendo muy probable que vayamos a usar un disco duro o un CD para guardar pelis, y no puede aplicarse allí donde presuponer tal cosa resulta más bien ridículo.
Al comienzo de su calvario, Ana María Méndez fundó Apemit, una asociación que representa a las pequeñas empresas de informática como la suya. Ahora el Gobierno, forzado por su santa cabezonería, se ve forzado a rehacer la legislación que regula el canon. Se empiezan a acumular las denuncias de ayuntamientos y otros organismos exigiendo que se les devuelva el dinero ilegalmente recaudado, y no es cuestión de dejar pudrirse demasiado el tema, no sea que le hagamos un roto a las SGAE. Pero claro, a la hora de tomar una decisión, prefiere no hacerlo solo y ha decidido negociar con los implicados. Ana María, que es la única razón por la que se ven obligados a reunirse, no estará entre ellos.
Veamos, el canon lo pagamos usted y yo. Quienes más han sentido sus efectos han sido quienes venden productos gravados con él. Por lo tanto, ni los consumidores ni la tiendas serán consultados por el Gobierno.
¿Por qué habría de ser distinto el canon de la jubilación o la legislación laboral? Usted, que seguramente no esté representado por UGT ni CCOO, irá a buscar trabajo en empresas que seguramente no estén representadas por la CEOE. Sin embargo, ahí están, negociando en su nombre. Despotismo ilustrado, que se le llama.
Entiéndase. Estamos en una democracia, más o menos. Por lo tanto, quien debe tomar las decisiones es el Gobierno o el parlamento, dependiendo de qué estemos hablando. Si a los sindicatos, la patronal, las empresas tecnológicas o las SGAE no les gustan sus decisiones, que con su ajo se lo coman. ¿Qué se quiere consultar a los interesados a ver qué opinan? Se puede entender. Pero en tal caso lo lógico sería preguntar a los interesados de verdad, los ciudadanos que pagamos las consecuencias. Y parece claro que en este caso los más representativos son Apemit, la Asociación de Internautas o incluso la OCU si nos ponemos.
Aunque quizá sea mejor así. Al fin y al cabo, González-Sinde ya hizo en su día el paripé de reunirse con unos y otros para acabar pariendo su ley de cierre administrativo de sitios web, recientemente rechazada por el Congreso. Casi mejor que no disimule.
