De poco servirá la colosal inyección pública de recursos para frenar el creciente desempleo que vive el país, y menos aún para iniciar la tan ansiada senda de la recuperación económica. Con este tipo de medidas, el Gobierno tan sólo extenderá la agonía y convertirá la actual crisis en una Segunda Gran Depresión.
El nuevo presidente de Estados Unidos ya tiene a sus disposición 838.000 millones de dólares con el ilusorio objetivo de reactivar el consumo y la inversión. Sin embargo, lo único que conseguirá será incrementar la abultada deuda pública del país hasta límites insospechados, con los consiguientes efectos perniciosos sobre la estabilidad de su moneda. Base sobre la cual se sustenta todo el edificio monetario internacional.
Obama ignora o, lo que sería aún peor, oculta las valiosas lecciones del New Deal ideado por Roosevelt en los años 30 para combatir el crack del 29. Al igual que entonces, el Gobierno promete a la ciudadanía crear millones de puestos de trabajo mediante ambiciosos proyectos de inversión pública, cuyo gasto asciende casi al 6% del PIB nacional. Curiosamente, Roosevelt comprometió un porcentaje muy similar para su programa de infraestructuras, con el que aspiraba a crear un millón de empleos a corto plazo. Sin embargo, pese al enorme sacrificio presupuestario, materializados en déficits públicos insostenibles, la tasa de desempleo se mantuvo por encima del 15% hasta la II Guerra Mundial. Es decir, muy alejada de las tasas pre-depresión de los años 20, inferiores al 5% de paro.
Además, el promedio de horas trabajadas en el sector privado cayó casi un 27% entre 1933 y 1939 con respecto a los niveles alcanzados en 1929. El sector público prácticamente expulsó a la iniciativa privada en el ámbito de la inversión empresarial, hasta el punto de que la bolsa no recuperó el volumen de los años 20 hasta 1954. Es decir, el rescate estatal impidió la necesaria purga que precisaba la economía estadounidense, convirtiendo la recesión en depresión. Por todo ello, el Plan Obama se trata, en realidad, de un nuevo derroche de recursos que, en ningún caso, logrará reactivar la economía.
Por otra parte, el Tesoro de Estados Unidos prevé inyectar cerca de 2 billones de dólares adicionales al sistema financiero para intentar impulsar el crédito y salvar de la quiebra a cientos de entidades. Muy lejos queda ya el polémico Plan Paulson que, dotado con 700.000 millones de dólares, pretendía adquirir los activos tóxicos que acumulan los bancos. Apenas cuatro meses después de su aprobación, el tiempo se ha encargado de demostrar que la inyección de liquidez y la compra de basura a la banca por parte del Estado no lograrían solventar los profundos problemas de solvencia que padece el sistema financiero norteamericano.
Los 700.000 millones de Paulson se han quedado muy cortos, como era de esperar. Además, la aplicación de la primera fase del plan ha supuesto hasta el momento una factura próxima de 80.000 millones de dólares a los contribuyentes. El Gobierno y la mayoría de economistas insisten en ignorar las serias advertencias lanzadas por analistas de prestigio, con una sólida base teórica, acerca de los serios peligros que entraña apostar por el gasto público y la expansión del crédito para solventar la actual crisis. Es el caso de Jim Rogers, Peter Schiff o el profesor Antal E. Fekete.
Todos ellos coinciden en el diagnóstico: el rescate público de la economía y de la banca empujan a Estados Unidos hacia el "colapso del dólar", la "hiperinflación" y, finalmente, la "quiebra". Por ello, de seguir así, la sombra del Supercrash sigue vigente y avanza con fuerza. A veces, Dios otorga ojos a quien no quiere ver y oídos a quien se niega a escuchar.
