Las previsiones de recaudación de Montoro chocan con lo que el sindicato de Técnicos de Hacienda prevé.
Pues claro!”. Con esa expresión tan asertiva cerrabaSantiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, la pregunta acerca de la capacidad de la AEAT de recaudar los mil millones de euros que, según los cálculos del gobierno, se van a obtener de la aplicación de la llamada “tasa digital”. No hace mucho los inspectores de Hacienda se quejaban públicamente de los pocos recursos de que disponen. De hecho, señalaban que la enorme disminución en el número de delitos fiscales en los últimos años se debe, precisamente, a este problema. De manera que las cifras triunfales de Menéndez, que afirmaba en la misma rueda de prensa que en el año 2017, el 75% de sentencias por delito fiscal fueron a su favor, mientras que en 2012 el porcentaje fue del 57,55%, se desbarata. Por lógica, sufriendo una flagrante escasez de medios, los inspectores solamente denuncian los casos más claros y, obviamente, los ganan.
La tasa digital, también bautizada como ‘tasa Google’ pretende gravar la facturación, que no los beneficios, generados en cualquier país comunitario por las grandes empresas tecnológicas. Y el argumento del ministro Escolano hace unos días era, simplemente, una cortina de humo: no es justo que las empresas tradicionales tributen y las digitales no. Como si no tributaran, como si el entorno en el que compiten las digitales fuera igual, como si el futuro de muchas empresas, de la provisión de muchos servicios no dependiera del desarrollo de estas empresas. Portavoces del sector digital explican que muchas de ellas, a pesar de facturar mucho, tienen muy poco margen porque es una actividad que necesita una actualización permanente, es muy competitiva, depende del desarrollo tecnológico, etc., y abogan por aplicar una tasa sobre los beneficios, de manera que no haya incentivos a irse del país.
También afirman que es discriminatoria, y es cierto. Pero, ante esa clara asimetría, los prebostes del Partido Popular presentan a nuestros mayores, los pensionistas, que llevan meses saliendo a las calles de diferentes ciudades, ocupando portadas en los diarios, minutos en los informativos televisados, pidiendo un aumento de las pensiones. ¿Y quién puede decir que no al impuesto cuando ellos son la excusa? Las pensiones son un problema que arrastramos desde hace décadas y que los diferentes gobiernos han solucionado poniendo parches. Unas soluciones-tirita que dependían de las necesidades políticas, de la proximidad de elecciones, etc. Y ahora tampoco es diferente, por desgracia.
Es decir, el gobierno no sube las pensiones porque son bajas, sino por la imagen tan terrible que estaba dando semana tras semana. Si los abuelos españoles no hubieran mostrado tanta determinación, se quedarían con la pensión que tenían. Así que, para calmar los ánimos, Escolano da a entender que estas grandes empresas digitales que aparentemente no pagan a Hacienda van a soportar la subida de las pensiones. ¡Bravo! ¡Ya sabemos de dónde vamos a sacar el dinero! Y, además, se presenta como una tasa que se está debatiendo en la Unión Europea, que no se han sacado de la manga. Porque en este país, en determinados ámbitos, el adjetivo “europeo” significa, necesariamente, inevitable y, a veces, es sinónimo de bueno.
Hay varias cuestiones que dibujan nubarrones en el horizonte. En primer lugar, hay diez países que, en el último debate europeo, rechazaron dicha tasa; la mismísima Alemania no se decantó, por el lastre que implica para el futuro de la economía. Y es cierto. Una vez que el impuesto de sociedades se aplica a todas por igual, poner un peso extra en los hombros de las grandes empresas digitales puede tener consecuencias negativas a medio y largo plazo para la economía. De hecho, una de las críticas de las empresas digitales es que esta medida va en contra del mercado único digital y que es un error que España se desmarque de la decisión conjunta de la UE. La digitalización se aleja y el modelo productivo español se estanca. No es un riesgo menor. La capacidad de crecimiento de España a medio plazo tiene que ser suficiente para pagar la deuda que asumimos durante la crisis. La modernización de nuestro modelo de producción es vital para acomodar nuestro mercado de trabajo a los cambios que ya están sucediendo en otros países y que pasa por permitir que se generen nuevos puestos de trabajo, por dar salida a los jóvenes que ya están estudiando para acceder a empleos en el sector digital, que es transversal a la estructura económica tradicional (agricultura, industria y servicios). De no ser así, acentuaremos la mala asignación de los recursos y seremos menos productivos.
En segundo lugar, las previsiones de recaudación de Montoro chocan con lo que el sindicato de Técnicos de Hacienda prevé. Según sus cálculos con dificultad se llegaría a quinientos millones de euros este año. Hacienda, por su parte, defiende unas previsiones de 600 millones este año y, junto con otras tasas, 1.500 millones el próximo ejercicio. Esos son los números que mandaron a la Unión Europea en su Programa de Estabilidad. Los números no cuadran.
Lo más terrible es que el propio Menéndez afirmaba, en la misma comparecencia, que esto se está convirtiendo ya en el Gran Hermano y que la tasa Google es una oportunidad. Y lo es, pero para el gobierno. Lo que no me queda tan claro es que sea una oportunidad para los españoles, cada vez más sometidos a un régimen en el que se penaliza el futuro, se manipula a los ancianos y se centra el foco en las próximas elecciones. Y todo, bajo la ineludible mirada del Gran Hermano.
