El mayor problema de la economía española no es el desempleo, ni la precariedad laboral, ni las bajas ayudas en I+D ni la mayoría de argumentos que suelen dar los "expertos" del Gobierno. El principal problema es uno que jamás nombran: el propio Gobierno y su exceso de regulaciones, una medalla que no corresponde sólo al actual Gobierno del PSOE, sino también a los que tuvimos con Aznar. Los políticos han de cambiar de mentalidad de forma urgente para que el crecimiento económico que tenemos no sea más que una ilusión de bonanza que luego explote como una burbuja.
Si miramos la ficha económica de España que elabora anualmente el Banco Mundial en su informe Doing Business, podremos ver que nuestro Gobierno es de los primeros clasificados en poner trabas a la iniciativa privada. Se tarda una media de 277 días para la obtención de licencias, la rigidez en el empleo dobla a la media de los países de la OCDE, los impuestos a las empresas están entre los más altos, el coste inicial para la creación de una empresa triplica la media de la OCDE y tenemos el dudoso honor de ser el país donde más ha aumentado la presión fiscal en los últimos 30 años. Y la lista completa es mucho más larga; lo milagroso es que aún se creen empresas. Pero esta situación poco importa al Gobierno, que prefiere matar a la gallina de los huevos de oro con tal de lucrarse y, encima, carga contra los empresarios y las empresas por no querer modernizarse o les llama insolidarios por intentar esquivar el estado de sitio al que la administración les tiene sometidos.
Se está hablando mucho de un nuevo tipo de economía para España ante la evidencia de las deslocalizaciones y la globalización. Los políticos, como siempre, abogan por mayores impuestos y mayor control estatal para repartir el dinero arbitrariamente entre sus amigos (subvenciones) planificando la economía como si se tratase un juego de estrategia. Un poco de sentido económico, señores políticos, que nos lo están diciendo todos los informes extranjeros: el problema de la economía española es la regulación y burocracia excesiva. Si el gobierno dejara de ahogar sistemáticamente la iniciativa privada con impuestos y trámites la modernización se produciría de forma natural e inmediata.
Una economía regulada y burocratizada significa que las empresas trabajan para el gobierno y no para la gente, lo que es un lastre para nuestro bienestar.
