En Economía se suele hablar de “velo monetario” para referirse al enmascaramiento de las transacciones reales que favorece el uso del dinero: en el fondo, como ya supo ver Say, todo intercambio se realiza entre mercancías, siendo el dinero sólo uno de los instrumentos que facilita y acelera esas transacciones reales. El velo monetario ha sido, en ocasiones, usado perversamente para encubrir redistribuciones arbitrarias de la producción aduciendo que sólo afectaban al valor de la moneda (por ejemplo, cuando se recurre a la inflación para reducir los salarios reales o para minorar el ahorro de los ciudadanos).
Jubileo
A día de hoy, sin embargo, existe otro que se está empleando con mucha más demagogia por parte de las distintas corrientes populistas: el velo bancario. Dado que padecemos una crisis provocada por el torrente de endeudamiento barato alentado por el ‘hiperprivilegiado’ sistema bancario, es lógico que buena parte de las soluciones con mayor arraigo ciudadano sea la de no pagar las deudas. Pocas cosas se antojan más sencillas que un jubileo de la deuda. Sólo hay un inconveniente: toda deuda tiene dos partes, la del deudor y ‘la del acreedor’. Las deudas (o los créditos) son la manifestación de intercambios incompletos: una parte le ha entregado bienes a la otra (acreedor), pero esa otra todavía no ha cumplido con su parte del intercambio (deudor). Un ‘simpa’ de deudas implica que el acreedor se quedará sin la contraprestación que le prometió el deudor: él habrá entregado sus bienes, pero no habrá recibido los comprometidos a cambio. Sería algo así como ir a comprar al supermercado sin pagar.
Dado que nuestra sociedad aún no ha llegado a un punto de involución social de no retorno, esto es, dado que el ciudadano medio sigue entendiendo la necesidad de que los contratos voluntariamente suscritos se cumplan, todavía existe una razonable y generalizada oposición a que las deudas dejen de pagarse sin más; sobre todo cuando deudor y acreedor no sólo están claramente identificados, sino que, en distintos momentos de nuestra vida, cualquiera de nosotros podría ser ese deudor o ese acreedor ideales. Así, por ejemplo, los españoles siguen entendiendo la necesidad de que, en una compraventa, el comprador pague el precio y el vendedor entregue el bien; de que, en un contrato de arrendamiento, el arrendatario pague la renta mensual y el arrendador no le perturbe en su uso y disfrute del inmueble; de que, en un contrato de aseguramiento, el asegurado abone con puntualidad sus primas y el asegurador se haga cargo de la indemnización cuando acaezca el siniestro; de que, en un contrato laboral, el empleado acuda a su puesto de trabajo y el empleador le remunere con el salario, etc. No caben demasiadas dudas de que la población española no apoyaría un default generalizado en ninguna de estas deudas por parte de ninguno de los agentes.
Sin embargo, sí parece que está ganando crecientes apoyos la idea de que los ciudadanos deberían dejar de pagar sus deudas con los bancos. Al cabo, las entidades crediticias son las ‘culpables’ de la crisis y, por tanto, son ellas las que deben cargar con los costes que de ella se deriven. La propuesta no parece tener más damnificados que los propios bancos y, por tanto, resulta del todo punto incomprensible que los políticos españoles se nieguen a aprobarla, salvo por el hecho de que se hallen vendidos a los intereses oligárquicos de esas entidades financieras.
El velo bancario
Sin descartar esta última hipótesis, déjenme proceder a levantar el ya mencionado velo bancario: los bancos no son más que unas carcasas casi vacías que actúan como intermediarios financieros entre sus deudores (hipotecados, empresas que recibieron créditos del banco, consumidores que recurren a comprar con tarjeta, etc.) y sus acreedores (bonistas subordinados, bonistas senior y depositantes). Es verdad que, además, hay que incluir a los propietarios del banco (a los accionistas) en la ecuación, pero justamente en nuestras ‘súper apalancadas’ entidades financieras, la porción del banco representada por sus dueños es minúscula.
Sé que cuesta bastante de digerir, especialmente viendo el muy acaudalado nivel de vida que exhiben ciertos banqueros patrios, que los dueños de las entidades poseen una participación minúscula en el conjunto de su capital. Pero no habría que dejarse llevar por impresiones visuales a la hora de ponderar la naturaleza financiera de los bancos. Por ejemplo, vayámonos al Banco Santander: a finales de 2012, esta entidad tenía un activo (básicamente, unos créditos concedidos) de 1,27 billones de euros; ese activo sólo había sido financiado en 0,084 billones (84.000 millones de euros, equivalente al 6,7% de su activo) por sus accionistas, mientras que el resto (1,18 billones) procedía de los acreedores del banco (depósitos, préstamos de otros bancos y bonos). En otras palabras, si el Santander experimentara impagos y pérdidas superiores al 6,7% de su activo, serían los acreedores quienes comenzarían a pagar el pato (en realidad, con bastante menos, pues un banco no puede operar sin fondos propios). Como ven, pocos jubileos se pueden permitir.
Por supuesto, uno puede pensar que los depositantes serían los últimos en perder (y es cierto), pero no olvidemos que los bonistas tampoco representan necesariamente a esa vaporosa oligarquía milmillonaria que ha causado la crisis. En España, los primeros bonistas que han asumido las pérdidas de las cajas (derivadas de los impagos de sus créditos) han sido los tenedores de participaciones preferentes: en su mayoría, personas de clase media que han perdido los ahorros de toda una vida. Además, muchos ciudadanos nacionales y extranjeros tienen su patrimonio en fondos de pensiones o de inversión, que pueden estar a su vez invertidos en bonos de la banca. Por no hablar de que practicar quitas a los préstamos del interbancario, sólo traslada el agujero a los acreedores de otras entidades nacionales y extranjeras.
Con Chipre, de hecho, hemos descubierto que cuando los deudores de los bancos dejan de pagar (en este caso, el manirroto e ‘hiperendeudado’ gobierno griego) las pérdidas terminan trasladándose eventualmente a los acreedores de los bancos, incluyendo los depositantes. Es en este sentido en el que hemos de plantear el debate: los jubileos masivos de los deudores los soportarán los acreedores, y esos acreedores no son ricos multimillonarios malosos (que bien cortos de miras serían si tuvieran el grueso de su patrimonio en los bancos) sino ciudadanos de a pie que sí están invertidos en bancos. Los impagos de ayer son la ruina de los pequeños accionistas o preferentistas de hoy, y los impagos de hoy serían las quitas de los depositantes de mañana. La única alternativa a que los acreedores de los bancos sufran las pérdidas derivadas de los impagos de sus créditos sería que el contribuyente corriera con la factura del agujero, a saber, la muy vilipendiada (con razón) socialización de pérdidas.
Personalmente, he defendido sin ambages el bail-in, es decir, que las pérdidas de los bancos las asuman íntegramente sus acreedores. No soy en absoluto contrario a que éstos, incluyendo en última instancia los depositantes, asuman pérdidas una vez los accionistas lo hayan perdido todo. Tampoco veo absurdo que se estandarice un procedimiento concursal para familias insolventes. Lo único que digo es que no se puede estar en misa y repicando: uno no puede estar a favor de los impagos (“no debemos, no pagamos”) y, simultáneamente, en contra de las quitas (“las preferentes y lo de Chipre son un robo”) y de la socialización de pérdidas (“el contribuyente no tiene que soportar las pérdidas de los bancos”). Si los deudores dejan de pagar, alguien tendrá que sufrir las pérdidas y terminarán siendo los depositantes. Basta con levantar el velo bancario para descubrirlo.
