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Libertad económica vs. corrupción en Canarias

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Canarias, al igual que todo el territorio nacional, es un lugar con innumerables casos de corrupción. Faycán, Las Teresitas, Unión, Eólico, Brisam, Góndola o Arona, entro otros, son los nombres con los que son conocidos los procedimientos judiciales abiertos en las islas, y todos ellos se han producido por el mismo denominador común: la ausencia de libertad económica y el exceso de poder político.

La corrupción es un claro indicador de ausencia de libertad, profusión de leyes inútiles que impiden el desarrollo económico o existencia de importantes cantidades de dinero público cuyo pago ha sido abusivamente exigido a los ciudadanos.

Por ello, si observamos los casos de corrupción de Canarias, veremos que no se han dado en mercados poco regulados, como el de los juguetes o el textil, sino en los más intervenidos, como podrían ser el de urbanismo o el energético.

El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como explicó Lord Acton. Por esta razón, esta práctica consistente en la utilización de las funciones y medios públicos en provecho económico de sus gestores no se arregla con más leyes o regulaciones, pues eso la estimula, sino con más libertad y, por lo tanto, con menos poder político.

Pero esto es algo que los gobernantes canarios lamentablemente ni se plantean, si no lean la última entrada del ocurrente blog de Paulino Rivero, donde nos dice que necesitamos una «reforma constitucional que implique una profundización del autogobierno de las comunidades autónomas», es decir, que lo que necesitamos es más poder para él y su tropa y no más libertad o autogobierno de los canarios.

Los límites de los que ansían gobernarnos son cruciales, no sólo para la libertad de sus súbditos, sino también para extremar su honradez, como siempre dice mi amigo y maestro Carlos Rodríguez Braun. Pero esto es algo que no parecen entender el presidente del Gobierno de Canarias ni la gran mayoría de los políticos.

Si los trámites para la concesión de una licencia para abrir un local al público, empezar una reforma en nuestra casa o empezar cualquier otro negocio fuesen sencillos y breves, ningún político o burócrata podría pedir a los ciudadanos dinero para agilizar o conceder dicha licencia. De igual forma, se reducirían los escandalosos casos de apropiación o de reparto entre amigos de caudales públicos si estos fueran más reducidos.

Si realmente queremos acabar con la corrupción de nuestra sociedad se deben eliminar las innecesarias y excesivas regulaciones que los políticos han creado para controlarlo todo y reducir las ingentes cantidades de dinero exigidas a los ciudadanos, para que así haya un poder público limitado y una mayor libertad de los canarios.

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