Lo importante es la salud de la sociedad y su libertad, no el modo en que se elige a un posible tirano.
“Artículo Uno. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.
Estas 63 palabras han causado polémica y confusión en España. Es el texto del primer artículo de la Constitución Española de 1978, leído, con motivo de su 40 cumpleaños, por boca de la Infanta Leonor.
Lo importante de este acto es el significado político que encierra. Es el primer acto público de quien está llamada a ser la futura jefe del Estado. Y en el mismo lanza varios mensajes que se entrelazan. El primero es el de la continuidad dinástica. Formalmente, pues es Felipe VI quien precede a Leonor y le da paso en el acto, y en el contenido de su lectura, pues da voz al tercer apartado del primer artículo, en el que recuerda que España es una monarquía parlamentaria.
El primer apartado, o más bien su lectura por parte de la Infanta, recuerda cuál es la forma política del Estado, y sus objetivos generales, el primero de los cuales es, por cierto, la libertad. Su escritura supuso poner fin a casi cuatro décadas de régimen dictatorial, e integrar a nuestro país en una forma de gobierno que permitía por un lado integrarse plenamente en el concierto internacional y, por otro, perseguir esos valores esculpidos en el texto. Hoy, ese apartado recuerda que no es necesario romper el país o cambiar sustancialmente el sistema político para lograr esos objetivos en principio ampliamente aceptados.
Y el segundo apartado es clave. Recuerda una idea que se hunde en el pensamiento político español moderno, recogido por la escolástica tardía y plasmado por vez primera hace dos siglos en la Constitución de Cádiz: La fuente del poder político es el pueblo español.
La redacción es muy precisa: la soberanía nacional, es decir, la capacidad política y jurídica de constituir un poder y su forma, reside en el conjunto del pueblo español. Por eso es ilegítima la metonimia de coger el todo por la parte, y constituir a una parte de España en sujeto político de pleno derecho. Del pueblo español emanan los poderes del Estado. Del Estado, a su vez, se desprenden las Comunidades Autónomas y los parlamentos regionales. La existencia de esos parlamentos ha dado la falsa impresión de que son los pueblos de cada región los que hablan a través de ellos y deciden su destino, cuando cada uno, cada parlamento, es un préstamo del conjunto de los españoles.
No hace falta que Leonor se detenga a explicar todos estos mensajes que, por otro lado, no por implícitos son menos obvios.
Por supuesto, no es obligatorio asumirlos como propios. Es más, en España hay un proyecto para subvertir el orden constitucional e imponer un pacto político distinto, del que participa el gobierno de Pedro Sánchez. Digo imponer, y en verdad tuvo mucho de impuesto el régimen actual. Los españoles lo votaron por abrumadora mayoría, pero lo que querían era una democracia, y su forma concreta nos la dieron hecha. Pero el nuevo régimen será impuesto, si tienen éxito, al margen y en contra de los deseos de los españoles.
Desaparecería el pueblo español como sujeto de soberanía; Sánchez no sabe ya cuántas naciones ha logrado contar en este vestigio de la historia de Occidente que todavía se llama España. Decenas; quizás cientos de ellas. Todas, menos una.
Por otro lado, el proyecto implicaría llevarnos de nuevo a un régimen de media España, dueña exclusiva del poder, contra la otra media. Contra una España, además, que se resigna a morir. Emmanuel Macro ha declarado que ve que Europa está volviendo a los años 30, pero yo sólo lo veo en el caso de España. Para este proyecto, el acto público de Leonor es la demostración de que el Rey está dispuesto a ser el primero de los españoles.
Eso por lo que se refiere a la polémica. La confusión es la que atañe a los conceptos de monarquía y república. Son incompatibles como el jamón y el queso. Pueden ir por separado, pero juntas pueden satisfacer al paladar más liberal.
Como explica el profesor Dalmacio Negro, en absoluto se excluyen mutuamente. La idea de que están enfrentadas proviene de que la monarquía absoluta sí era incompatible con una república. Porque, esencialmente, la república es el gobierno de las leyes. Pero eso no implica que la elección democrática de la jefatura del Estado sea el único modo de tener una república. Se decía de Inglaterra, hace siglos, que era una monarquía republicana. Y por no salir de nuestro país, Juan de Mariana se refería a España como república en su obra Del Rey y la Institución Real, escrita para un único lector: el Rey, Felipe III.
Yo he sido partidario de elegir por sufragio al jefe del Estado, pensando en que defendería mejor a la sociedad española de la apropiación del poder y del país por parte de unos políticos autolegitimados. Porque lo importante es eso, la salud de la sociedad y su libertad, no el modo en que se elige a un posible tirano.
