Nissan es el ejemplo perfecto de una cierta bipolaridad que aqueja a la izquierda española desde hace décadas.
Podemos ha cambiado mucho de programa. En parte es normal, porque todos los partidos lo hacen y con más razón los nuevos, que van ajustando sus promesas a lo que sienten que les pide el electorado. En el caso de la formación morada, además, se percibe una necesidad de moderar (¿ocultar?) algunas de sus promesas más radicales, las propuestas más llamativas con las que irrumpieron en la vida política española allá por 2014, en las elecciones europeas en las que obtuvieron 5 eurodiputados.
Sin embargo, hay un punto en el que se ha mantenido relativamente coherente en estos años: las nacionalizaciones. Ahí Podemos continúa con la tradición de la izquierda clásica. El objetivo es crear un enorme conglomerado público que esté presente en el mayor número de sectores posibles. En condiciones normales, la propuesta podría parecer algo utópica; el camino que recorren los países occidentales desde hace años marcha en la dirección contraria. Pero ahora no son condiciones normales. Esta crisis supone una ventana de oportunidad que quizás no vuelva a presentarse. Y eso lo sabe bien Pablo Iglesias (de hecho, él mismo ha repetido en numerosas ocasiones que sólo en momentos como éste pueden darse las circunstancias que permitan a una formación como la suya tomar el poder y aplicar su programa de máximos).
No es extraño, por lo tanto, que esta semana la crisis del Coronavirus nos haya traído un nuevo invitado al debate público: las nacionalizaciones-expropiaciones. La excusa han sido Alcoa y Nissan. Desde que se conoció la noticia del cierre de las plantas de las dos multinacionales, comenzó el runrún: el más contundente fue Gabriel Rufián, que en Twitter pidió que el Estado se quedase con la planta de la empresa japonesa. Pero no fue el único. Íñigo Errejón realizó una propuesta similar mientras el propio Iglesias aseguraba en el Congreso que las nacionalizaciones son «perfectamente posibles».
Esto último es una obviedad: si el Estado quiere hacerse con el control de una empresa no tiene más que sacar una ley que le permita hacerlo. E incluso si estuviera prohibido por una norma previa, sólo tendría que derogar ésta.
Pero más allá de esto, hay una serie de preguntas muy interesantes al respecto de las nacionalizaciones que pretende Podemos. Como en otros muchos aspectos, la primera tiene que ver con su socio de Gobierno: por ejemplo, este viernes, Reyes Maroto, ministra de Industria, se mostraba contraria a la posibilidad de nacionalizar Nissan y declaraba que «siempre que haya una iniciativa privada, el Gobierno lo que tiene que hacer es acompañar».
Las propuestas
Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal. – Punto 1.6 Programa Podemos para las Elecciones Europeas de 2014
Activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas. (…) En caso de que la situación de los trabajadores y la empresa haga imposible esta transición, el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo y con la perspectiva de que los trabajadores puedan acabar asumiendo la titularidad. Recuperar la participación pública en sectores estratégicos y poner en marcha un plan de recuperación industrial en las zonas que han sido deliberadamente desindustrializadas – Puntos 40 y 41 Programa Podemos para las Elecciones Generales de 2019
Como decíamos, en este punto el programa de Podemos no ha cambiado demasiado desde 2014. Quizás han matizado alguna expresión. Pero en la formación morada no renuncian a desarrollar una estrategia industrial pública, dirigida por el Estado. De hecho, quizás éste sea el punto en el que más se parecen a las formaciones de extrema izquierda clásicas, que durante décadas crecieron y se hicieron fuertes en las grandes industrias propiedad del Estado. También es un apartado en el que puede mirarse en el espejo de sus referentes latinoamericanos (sobre todo los gobiernos que han dominado Venezuela y Argentina en las últimas dos décadas), que han apostado cuando lo han necesitado por las nacionalizaciones y expropiaciones. El propio Pablo Iglesias, en 2012, celebraba desde su programa de televisión la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar YPF a Repsol.
Es cierto que Podemos tendrá algunas restricciones a las que Hugo Chávez no debía hacer frente cuando gritaba aquello de «¡Exprópiese!». La primera, ya apuntada, de sus socios del PSOE. La segunda, probablemente más complicada de superar, la de la UE. Cuidado, esto no quiere decir, ni mucho menos, que desde Bruselas vayan a imponer un veto a esta posibilidad, pero sí que estará vigilante (sobre todo en el proceso y en cómo se ejecute). Todos los países de la UE tienen empresas públicas o empresas privadas con participación estatal. De hecho, España es uno de los países en los que el Estado tiene un menor peso en la propiedad de empresas, tanto si lo medimos por el valor de esas empresas como por el número de empleados en las mismas. Incluso podría tener aliados inesperados: durante las crisis todo vale y el mismo Gobierno francés de Emmanuel Macron que en 2018 planteaba desmantelar, al menos en parte, el enorme aparato complejo industrial público francés (una de las señas de identidad del país y un melón al que es muy complicado meterle mano), ahora pone sobre la mesa la posibilidad de intervenir aquellas empresas más castigadas en los mercados para evitar su cierre.
Eso sí, aquí también el diablo se esconde en los detalles y por aquí llegarán los peros de Bruselas. ¿Qué significa nacionalizar? ¿Quedarse con el control de la compañía? ¿Tomar una participación? ¿Del 100%? ¿Del 20%? ¿Y la gestión: quién se hace cargo de la misma?
Bankia, ejemplo y advertencia
El ejemplo de Bankia, que esta semana esgrimían desde Podemos en defensa de su propuesta, es muy bueno, porque explica muchos de los problemas que rodean a estos procesos.
Para empezar, hay que recordar que el Estado no rescató Bankia, al menos si se entiende «rescate» como debería entenderse: dar dinero a esa empresa para que cubra sus deudas y siga adelante con su negocio sin tocar la propiedad. Lo que hizo el Gobierno fue expropiar la empresa, quitándosela a sus anteriores propietarios (otra cuestión, muy farragosa, es a quién pertenecían las cajas y si aquel modelo tenía algún sentido) que perdieron todos los derechos que hasta entonces tenían. Y lo hizo (expropiar) para evitar que los depositantes y acreedores de la entidad sufrieran las pérdidas por el agujero de la misma.
Para una empresa industrial, como Nissan o Alcoa, la situación es completamente diferente. Aquí, para empezar porque expropiar una planta no implica la posibilidad de continuar con el negocio: como numerosos usuarios en las redes sociales se encargaron de recordarle a Rufián; la tecnología, patentes y marca seguiría en manos de la empresa japonesa. Lo que se quedaría el Estado es un solar, unas instalaciones (aunque incluso aquí habría que ver qué puede retener y qué se lleva la empresa) y unos trabajadores. A partir de ahí, habría que plantearse qué hacer con todo ello: esta semana hemos escuchado de todo, desde los que proponían hacer coches eléctricos (¿de nuevo el Estado español se va a convertir en fabricante de coches?) a los que apostaban por los paneles solares.
Pero, además, Bankia también es un ejemplo de que tras la palabra «nacionalización» se pueden esconder realidades muy distintas. Lo que hizo el Estado en 2012 fue quedarse con BFA (el banco formado por las antiguas cajas) y entregar la gestión de Bankia a un profesional de prestigio, José Ignacio Goirigolzarri, al que se le dio completa independencia para la gestión del mismo. Es más, desde el principio, se planteó la intervención como algo temporal y se puso como objetivo de la dirección el sanear las cuentas y modernizar la entidad para ponerla en el mercado y recuperar el máximo posible de la inversión pública.
Y más o menos hay un cierto consenso en que la dirección ha seguido aquellas directrices y en que los sucesivos gobiernos no han intentado (hasta el momento) interferir en el día a día de la entidad con criterios políticos. Quizás la única polémica se vivió con la posición que tomó la dirección de Bankia sobre las cláusulas suelo: devolver el dinero de forma inmediata sin defender en los tribunales los intereses de la sociedad (algunos de sus competidores insinuaron que la falta de propiedad privada les permitía unas licencias que ellos no tenían).
Pues bien, del mismo modo que Bankia ha mantenido propiedad pública y gestión empresarial, en teoría podría imaginarse un escenario en el que el Estado tiene parte de la propiedad de algunas empresas, pero se mantiene al margen de las decisiones de las mismas (y lo único que hace es recibir los dividendos que le corresponden). El ejemplo que siempre se pone en estos casos es el del Fondo Soberano noruego que administra los ingresos generados por el petróleo a través de inversiones en miles de empresas de todo el mundo de las que se benefician sus propietarios (los noruegos): ¿se imaginan si hubiéramos hecho lo mismo hace 30 años con un fondo para las pensiones? También les digo: me gustaría ver a un Gobierno español con el 2-3-5% de las acciones de una empresa y que no intente meter mano en la misma. O me gustaría ver lo que habría dicho la izquierda de este país si, en vez de gastarlo en cualquier Plan E a mano, hubiéramos invertido 500-1.000 millones del superávit público de los años de vacas gordas en Amazon o Apple.
Porque Bankia es (hasta ahora) un ejemplo y una excepción. En la mayoría de los casos, las nacionalizaciones, incluso parciales y con pequeñas participaciones, terminan convirtiéndose en una tentación irresistible para los gobiernos. Hace unas semanas teníamos un ejemplo perfecto, cuando este mismo Gobierno español entraba como un elefante en una cacharrería en Red Eléctrica (de la que el Estado tiene un 20% de la propiedad a través del SEPI) y forzaba la marcha de Jordi Sevilla
Y de nuevo, el caso de Argentina o Venezuela y la pregunta clave: ¿a quién se parecería más España, a Noruega o a estos países? De hecho, no hay más que ver lo que ha pasado con Bankia y como lo que iba a ser una intervención temporal, destinada a terminar con la salida del Estado del capital en 2016-17, se alarga, con el peligro siempre presente de que un nuevo Gobierno (y Podemos ya lo ha pedido por activa y por pasiva) ignore las recomendaciones y las promesas de anteriores ejecutivos y quiera controlar la entidad para usarla con criterios políticos. Es decir, incluso cuando se hace bien al principio, cualquier cambio de Gobierno eleva el riesgo de que esas buenas prácticas queden en el olvido de un día para otro.
Porque, además, existe otro peligro que sobrevuela todas las nacionalizaciones: el de la posterior privatización. Es decir, cómo poner luego en el mercado esos activos (si se decide hacerlo) con el enorme riesgo de corrupción-amiguismo que rodea estos procesos.
Y eso por no hablar de la posibilidad de que en ese sector público se acumule una creciente cantidad de deuda (derivada de la mala gestión, de inversiones imprudentes, de pérdidas, de contrataciones masivas con carácter clientelar…) en la que el Estado, como propietario, aparece como avalista de la misma.
La izquierda bipolar
Pero el caso de Nissan también es interesante por otra circunstancia: es el ejemplo perfecto de una cierta bipolaridad que aqueja a la izquierda española desde hace décadas.
Atrás quedaron los años en los que esa misma izquierda, sobre todo la más cercana a los comunistas, alentaba las grandes inversiones industriales como solución para todos los males. Cuanto más grande, más contaminante, más industria pesada… mejor. Aquello era un poco como los planes quinquenales soviéticos trasladados a Occidente. Y tenía cierta lógica porque en aquellas industrias era en las que estos partidos encontraban su caladero de votos y sobre las que construían su base electoral. Ahora la moda es lo verde y todo gira en torno a la energía limpia y la lucha contra el cambio climático.
Algo parecido ocurre con su posición ante las multinacionales. En el día a día, la izquierda las ataca de forma constante. Uno escucha a Iglesias, Rufián, Errejón o Garzón y tiene claro su postura: estas mutinacionales son malas para el país, le roban su riqueza y se aprovechan de sus trabajadores (¿la plusvalía marxista?), generan empleo de baja calidad y contaminan, hay que ponerles trabas tanto en sus inversiones como en la legislación laboral…
Y entonces, Alcoa y Nissan dicen que cierran. Cualquiera que les haya escuchado en los últimos años apostaría a que para el Gobierno de PSOE-Podemos ésta es una de las mejores noticias posibles: dos industrias muy contaminantes que echan el candado. Y, además, que representan a dos grandes multinacionales, de esas a las llevan años atacando.
En teoría, es el escenario soñado… pues tampoco. Porque, en teoría, a nuestros políticos no les gustan las multinacionales ni la industria pesada. Pero en la práctica, cada vez que una de estas empresas anuncia un cierre les parece un drama. Lo que no está claro es cómo combinar teoría y práctica.
Porque cuando llegan los lamentos y las protestas también parece como si las decisiones tomadas en los últimos años (desde las primas a las renovables que encarecen la electricidad a los ataques al sector del automóvil vía BOE) no tuvieran nada que ver. O como si lo que se haga en las próximas semanas no fuera a influir en lo que ocurrirá en el futuro: si uno quiere atraer inversiones extranjeras, como dice el Gobierno en los días pares, ¿tiene alguna lógica que, en los días impares, se amenace a esos mismos inversores con expropiarles la propiedad de sus fábricas en el caso de que dentro de unos años decidan cerrarlas porque ya no son rentables? ¿Y encarecer la energía al mismo tiempo que se pretende incrementar el peso del sector industrial en el PIB? Por ahora, los casos más sonados son los de Nissan y Alcoa. Pero todo apunta a que no serán los últimos. La crisis del Coronavirus golpeará al turismo, pero también a la industria española: ¿habremos aprendido alguna de las lecciones de los últimos años?
