El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha atrevido a cuestionar las maneras impecables de Juan Manuel Sánchez Gordillo durante la huelga general de marzo de 2012 sugiriendo que el estadista de Marinaleda podría haber incurrido en falta administrativa durante sus "conversaciones" con los responsables de los establecimientos a los que cursó visita. Al menos, el alto tribunal ha descartado por completo que el diputado comunista cometiera delitos al frente de su grupo de defensa proletaria, puesto que, para el magistrado firmante, queda probado más allá de cualquier duda que Sánchez Gordillo no utilizó "más armas que la palabra".
El magistrado Miguel Pasquau, autor de la pieza que consagra definitivamente los derechos inalienables del piqueterismo sindical, ha estudiado también muy detenidamente el contenido de un video grabado por la Guardia Civil en que el Cicerón de la Bética se dirige al encargado de un Mercadona en estos educados términos:
Te tiramos todo lo que hay ahí, porque tiramos todo al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a la gente.
El juez Pasquau no ve aquí ningún delito, como no lo vería tampoco nadie en su sano juicio. Muy al contrario, lo que demuestra la transcripción del discurso de Sánchez Gordillo es su deseo de colaborar con la empresa, de ahí que sugiriera al holgazán del intendente nuevas técnicas de almacenaje, para un más eficaz servicio al cliente. Más aún: preocupado por las alarmantes cifras de paro de Andalucía, las más vergonzosas del mundo civilizado, Sánchez Gordillo aprovecha la última parte de su arenga ultrapacífica para proponer la creación de nuevos puestos de trabajo durante, al menos, los veinte días necesarios para implantar el nuevo sistema de almacenaje.
Por su incuestionable riqueza jurídica como fuente de derecho, estos dos autos facturados por el TSJA para pública instrucción no deberían pasar al olvido. Antes al contrario: su especial relevancia debería servir a las fuerzas sindicales andaluzas (de izquierdas, por supuesto) para sugerir a la Administración de Justicia cómo juzgar los asuntos que afecten a los trabajadores y a sus representantes. Utilizando "la palabra como única arma" y "la presión ambiental típica de un piquete" –dos herramientas constitucionales perfectamente legítimas, según el magistrado Pasquau–, los sindicatos deberían plantarse desde el lunes en la puerta de la sala de lo social del TSJA durante los juicios laborales para advertir educadamente al juez de turno:
O fallas como es debido o es que te tiramos todo lo que hay ahí, porque te tiramos todos los papeles al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a los funcionarios del juzgado.
Sería una injusticia que los jueces andaluces no disfrutaran como se merecen de esta eclosión de constitucionalismo sindical que nos han aplicado a los demás.
