Sentarse ante la bandera de Estados Unidos en un desfile no supuso ningún "desprestigio" para nuestro país ante el gigante norteamericano; tampoco incitar a otros países a desertar de Irak. Sin embargo, que una directiva de Google nos mencione junto a China o Irán, sí.
El caso es que el gigante de internet no hizo más que referirse a un hecho, puntual, sí, pero muy significativo. Un juez de lo mercantil de Barcelona solicitó al Ministerio de Industria el bloqueo ¡cautelar! de una serie de sitios web por el imperdonable delito de incitar a un boicot contra los productos catalanes. Al margen de que nos pueda parecer justo o injusto, conveniente o no, parece claro que ni es delictivo ni justifica la suspensión de un derecho –este sí, real– como es la libertad de expresión. Google no dijo que fuera algo generalizado, pero está claro que España pidió el bloqueo de uno de sus servicios, su proveedor gratuito de blogs, en un claro desprecio a las libertades de los ciudadanos.
El asunto es significativo porque aquella decisión judicial fue recibida con un atronador silencio. Nadie protestó, a nadie le pareció mal. Muchos seguramente ni se enteraron, porque los grandes medios no dedicaron ni una línea a la noticia. Los demás, con eso de que eran gentes de derechas y contrarios a la España plural y todas esas zarandajas, pues se callaron porque, quién sabe, posiblemente en el fondo no les pareciera mal.
Es lo que sucede con Willy Toledo. El actor, en una carta en la que demuestra ser un genio de la escena en comparación con su habilidad para la pluma, venía a decir que durante la semana pasada se atacó su libertad de expresión. ¿La razón? Que otros que no son él y no opinan como él hicieron uso de su libertad para criticarlo. Eso era una "caza"; se puso en marcha una "apisonadora"; algo inadmisible, en suma, fruto del contubernio del capital y demás estupideces que suelen soltar estos cuates cuando no tienen nada inteligente que decir, algo que ocurre con bastante frecuencia.
Willy Toledo, como buena parte de la izquierda que dice defender a ultranza la libertad de expresión, en realidad no hacen otra cosa que apoyarse en la ley del embudo. Las más altas garantías deben quedar reservadas para ellos; los demás no merecen ni la hora y si sufren las consecuencias, bueno, algo habrán hecho para merecerlo. Es lo mismo que hace El País atreviéndose a criticar a Google cuando no se dignó en su momento a informar del incidente al que el gigante de internet hizo referencia en el Congreso estadounidense.
A veces tengo la impresión de que muchos de éstos sólo se diferencian de un Chávez o un Castro en que no tienen el poder suficiente para ejercerlo como quisieran. Pero recuerden: es la derecha española la radical, la que no es "uropea", la culpable sempiterna de la crispación que acosa a sus sedes. Incluso, sí, la de Arriola. Cuánto amor por las cadenas. Por ponérnoslas, digo.
Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.
