Pero es en el caso de los medicamentos donde la cuestión adquiere un tono más trágico. La mayoría de consumidores desconoce que existe una prohibición legal para que recibamos información sobre medicinas. En efecto, el apartado 1 del artículo 88 de la directiva europea 2001/83//EC, establece que "los estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos (…) que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa". La medida ha de ser duramente criticada por ser contraria a un derecho elemental, cual es emitir y recibir información libremente. Pero es que además, en este caso se da la agravante de que la motivación principal de esta norma liberticida es de carácter económico, pues los gobiernos saben que si los pacientes estuvieran al día acerca de los nuevos descubrimientos de la industria farmacéutica, exigirían ser tratados con estas nuevas fórmulas, cuyo coste escapa a la capacidad financiera de los sistemas públicos de seguridad social. De esta forma, se nos mantiene en la ignorancia más absoluta acerca de nuevos remedios que podrían aliviar muchas enfermedades, lo que entra prácticamente en el terreno de lo delictivo, sin contar con que esa imposibilidad de publicitar sus productos desincentiva a las empresas farmacéuticas, muchas de las cuales ya han decidido trasladarse a Estados Unidos, lo que dice muy poco de una UE que pretende ser la principal economía mundial en 2010.
Ante la disyuntiva de salvar vidas humanas o proteger el ruinoso sistema público de seguridad social en sus últimos estertores, los políticos eligen lo segundo, poniendo el máximo cuidado en que a los contribuyentes no nos llegue información para poder opinar al respecto. Es un buen motivo para «vociferar», así que le invito a que proteste usted también. ¿O es que va a ceder a un ZP cualquiera la capacidad de decidir sobre su salud?
